Castillo sin ilusión frente a sus jueces
El equipo de defensa de Pedro Castillo, el presidente peruano de izquierda derrocado y encarcelado en 2021, espera que la ONU acuda en su ayuda antes de que comience su juicio el 4 de marzo
COMENTARIOS RECOGIDOS POR BENITO PEREZ,
Diario suizo, Le Courrier
Martes 25 de febrero de 2025
Pedro Castillo finalmente se enfrentará a sus jueces. Las autoridades peruanas lo anunciaron el 3 de febrero: después de más de ochocientos días de prisión preventiva, el expresidente de izquierda será juzgado el 4 de marzo. Una excitación repentina, tras meses de parálisis, que la defensa de Pedro Castillo interpreta como una señal de nerviosismo por parte del “régimen de Dina Boluarte” ante la idea de ver a la ONU inmiscuirse en el asunto. En cualquier caso, su equipo jurídico, que estuvo en el Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra a mediados de febrero, tiene grandes esperanzas en una rápida posición adoptada por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. Para sopesar una justicia peruana que considera subordinada al poder resultante del “golpe de Estado” parlamentario del 7 de diciembre de 2022.
Recordamos que Pedro Castillo, maestro rural y sindicalista indígena, dio la sorpresa en abril de 2021 al clasificar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ganadas por las regiones pobres y marginadas del altiplano andino. Dos meses después, ganó esta elección ultrapolarizada contra Keiko Fujimori, la hija del ex dictador.
Sin embargo, el político inexperto nunca fue capaz de implementar su programa (social) progresista, que fue bloqueado por un parlamento con mayoría de derecha. Tras un año y medio de batallas institucionales, Pedro Castillo había intentado una jugada de poker, pidiendo públicamente la disolución del Congreso, que inmediatamente respondió con un impeachment por “incapacidad moral”.
Abandonado por la policía y el ejército, Pedro Castillo fue detenido cuando huía hacia la embajada de México, donde su familia pudo encontrar refugio. A pesar de varios meses de protestas populares –duramente reprimidas, que dejaron más de 80 muertos y 1.000 heridos–, el ex sindicalista espera un juicio por “rebelión” que podría acarrearle una condena a 34 años de cárcel. Una acusación «ridícula» para un «juicio puramente político», denuncia su principal abogado, Dr. Wilfredo Robles Rivera, reunido en Ginebra.
¿Cuál es la situación carcelaria de Pedro Castillo?
Wilfredo Robles Rivera: Pedro Castillo lleva ochocientos días detenido sin juicio, por hechos que no constituyen delito. Se le acusa del delito de rebelión, que según la legislación peruana requiere un levantamiento armado. ¡Lo cual, obviamente, no ocurrió! ¡O si ocurrió, fue hecho por quienes arrestaron ilegalmente al presidente!
Pedro Castillo está encerrado en el penal de Barbadillo, que ha albergado a varios expresidentes, pero no tiene derecho al trato preferencial que recibió, por ejemplo, Alberto Fujimori (condenado por delitos de lesa humanidad y liberado en 2023, n.d.r.). No recibe atención médica adecuada y está sometido a acoso regular y amenazas cada vez más frecuentes, lo que interpretamos como medidas de represalia tras nuestra acción con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Pero mantiene una actitud de resistencia ante esta ignominia.
Dice que le sorprendió que el juicio se celebrará tan rápidamente. ¿Porqué?
Wilfredo Robles Rivera: El fiscal siguió pidiendo más tiempo para realizar una investigación que no parecía avanzar. Y de repente el procedimiento se completa en pocas semanas. Creemos que el Gobierno quiere una condena rápida, antes de que los expertos de Naciones Unidas se pronuncien sobre la detención arbitraria que sufrió el presidente Castillo.
¿Qué le hace pensar que este organismo podría fallar pronto a su favor?
Presentamos nuestra queja ante el Grupo de Trabajo de la ONU el 6 de marzo de 2023, pero no obtuvimos respuesta. A principios de 2024, Pedro Castillo escribió al Secretario general de la organización, António Guterres, para expresarle su sorpresa por este silencio. Luego, los expertos se pusieron a trabajar y pudimos presentar nuestros argumentos tres veces. El Grupo también escribió al gobierno de facto peruano. En nuestra opinión, las respuestas dadas por el gobierno tiene pocas posibilidades de convencer a los expertos. Prácticamente, admitió que la detención policial de Pedro Castillo fue ilegal. Hoy en día, el procedimiento se encuentra en su fase final de análisis antes de tomar decisión.
La decisión podría caer antes del 4 de marzo?
Wilfredo Robles Rivera: Sí, por eso vinimos a Ginebra, donde vimos un gran interés en este asunto.
¿Cómo ves las próximas audiencias?
Wilfredo Robles Rivera: Será un juicio político. No tenemos garantía de que Pedro Castillo tenga un juicio justo. Desde el día de su detención, el Estado de derecho se ha quebrantado en el Perú. Ya no hay independencia de poderes. Su condena se decidió el 7 de diciembre de 2022. Nuestra labor de defensa se ve obstaculizada continuamente. Por ejemplo, nos vemos obligados a solicitar y pagar, a veces muy caro, para tener acceso a los documentos del caso. Sobre todo estamos sometidos a una enorme presión psicológica. Sus abogados están sujetos a una intimidación constante, en forma de vigilancia policial, seguimiento y una virulenta campaña mediática.
Apenas había abordado el caso Castillo cuando los periódicos desenterraron documentos policiales que databan de treinta años atrás, bajo la dictadura de Fujimori, acusándome de terrorismo. Como otros, pasé años en prisión sin juicio, sin siquiera una acusación concreta. Cuando cayó el régimen, me exculparon. Luego, durante dos décadas, la prensa se olvidó de mí… hasta que salí en defensa de Pedro Castillo. Los emisarios me trajeron el siguiente mensaje: la única manera de detener esa campaña era que yo renunciara a representar al Presidente.
Mientras no cambie la relación de fuerza política, el control político sobre la justicia se mantendrá y el presidente Castillo seguirá en prisión. Esto es vital para el gobierno de facto, porque le tiene miedo. Durante décadas, la izquierda ha intentado unir al pueblo tras ella, sin lograrlo nunca. Hasta Pedro Castillo. Piensan: si lo logró una vez, lo podrá hacer otra vez.
El próximo año se celebrarán elecciones. ¿Pueden las urnas cambiar esta relación de fuerzas?
Wilfredo Robles Rivera: Soy bastante pesimista. Todo indica que las fuerzas que dominan el parlamento lograrán conservar su poder. Para ello, reformaron la Constitución, permitieron la reelección y crearon una segunda cámara clave, el Senado, para reciclar a sus funcionarios electos más influyentes, mientras los demás podrán volver a sentarse en el Congreso. Tendremos los mismos partidos. [La presidenta de facto] Dina Boluarte simplemente será reemplazada, pero creo que el bloque usurpador y golpista seguirá controlando el Estado. Para la presidencia, las encuestas muestran que su único rival sería Pedro Castillo. Sin embargo, en caso de condena en primera instancia, la Constitución le prohibiría (desde una reforma de 2020, n.d.r.) presentarse como candidato a las elecciones. Todo estaba perfectamente planeado. PRESIDENTA BAJO INVESTIGACIÓN
¿Qué tienen en común Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo? Todos estos presidentes peruanos del siglo XXI han estado en prisión o están cerca de ella. Si el caso de Pedro Castillo, procesado por rebelión, es particular, el dinero parece ser el punto débil de los dirigentes del muy liberal Estado peruano. Y todo indica que Dina Boluarte, la primera mujer en alcanzar la cumbre, no es una excepción a la regla. La ex-vicepresidente de Pedro Castillo, quien lo sucedió constitucionalmente con el apoyo del bloque de derecha, enfrenta de hecho nada menos que ocho procesos judiciales. Esta amante de los objetos bellos fue sorprendida con un Rolex en la mano, haciendo gala de un estatus poco acorde con sus ingresos oficiales. Los investigadores descubrieron luego importantes cuentas bancarias que se cree pertenecen a la ex abogado de izquierda. Además del supuesto enriquecimiento personal, los jueces de instrucción le acusan, sin ningún orden en particular, de haber desmantelado una célula judicial que la amenazaba, de haber facilitado la fuga de un antiguo aliado procesado por corrupción y de haber organizado la financiación ilegal de su antiguo partido.
Más original aún es el caso de la sexagenaria, quien fue procesada por «abandono de su cargo» durante unos diez días, el tiempo que dura una operación de nariz que aparentemente permaneció en secreto. ¿Para encubrir una cirugía estética incapacitante? ¿O, como ella afirma, por una intervención esencial que no le impidió ejercer sus funciones? La respuesta probablemente no determinará la faz del mundo, pero sí la capacidad de Dina Boluarte, cuyo rating alcanza un máximo del 5% de opiniones favorables, para completar su mandato.
