Diversas organizaciones internacionales han alzado su voz para denunciar la Ley de Usurpación en Chile y exigir la absolución de Sara Huincatripay, la primera persona procesada bajo esta normativa en la provincia de Arauco. A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric y al jefe de la CONADI, las organizaciones expresan su «grave preocupación» por esta ley, que consideran «en directa contradicción con las obligaciones internacionales de Chile» en materia de derechos indígenas.
Resumen.cl
Por Nicolás Salazar Maleras
«La Ley de Usurpación, al criminalizar las ocupaciones de tierras, pone en peligro estos derechos, especialmente para los pueblos Mapuche y otras comunidades indígenas que luchan por recuperar tierras ancestrales, arrebatadas a lo largo de siglos de despojo», señala la carta.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Global Justice Ecology Project, Indigenous Environmental Network y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, argumentan que la ley contraviene el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
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«Esta ley no garantiza un proceso de consulta genuino ni asegura la participación activa de las comunidades indígenas en las decisiones que afectan sus tierras», denuncian las organizaciones.
Además de exigir la absolución de Sara Huincatripay, quien fue formalizada por el delito de usurpación mientras realizaba trabajos de preparación de tierra para la siembra en la comunidad Wechun Lleu Lleu, las organizaciones internacionales instan al gobierno chileno a suspender la Ley de Usurpación e iniciar un proceso de diálogo con el pueblo mapuche y otras comunidades indígenas.
«La lucha de los pueblos indígenas por sus tierras no es un asunto de criminalidad, sino de justicia histórica, dignidad y derechos humanos», enfatizan las organizaciones en su carta.
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Esta denuncia internacional se suma a las críticas que ha recibido la Ley de Usurpación en Chile, donde diversos sectores han cuestionado su legitimidad y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas. El caso de Sara Huincatripay se ha convertido en un símbolo de esta controversia y ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional en la Provincia de Arauco.
Durante el gobierno de Boric se han promulgado diversas leyes como la ley de usurpaciones, la ley Nain Retamal y la Ley de Organización Criminal que están siendo utilizadas para reprimir a comunidades mapuche que están exigiendo la restitución de sus tierras ancestrales que fueron usurpadas principalmente por empresas forestales, colonos, latifundistas.
Puedes firmar la carta en el siguiente link, además de leer la misiva completa a continuación:
Carta organizacional de protesta al presidente de Chile Boric exigiendo la suspensión de la Ley de Usurpación que viola el derecho internacional de los Derechos Indígenas
Y para retirar los cargos contra la Mapuche Sara Huincatripay por violar esta ley ilegal
Sara Huincatripay es miembro de la comunidad Mapuche Wechun Lleu. Sara es la primera persona procesada y perseguida bajo la Ley de Usurpación de 2023.
Fecha: 30-01-2025
Presidente Gabriel Boric
Palacio de La Moneda
Santiago, Chile
Estimado Presidente Boric:
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la Ley de Usurpación, aprobada en 2023 por su administración, que está en directa contradicción con las obligaciones internacionales de Chile bajo tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que Chile ratificó en 2007.
También exigimos que los cargos contra Sara Huincatripay, como la primera persona procesada bajo esta ley, sean retirados de inmediato y que ningún otro Mapuche o Pueblo Indígena sea acusado bajo la Ley de Usurpación.
Como usted sabe, el Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que protege los derechos de los pueblos Indígenas, especialmente en lo que respecta a sus derechos sobre la tierra y los recursos. Establece la obligación de los Estados de consultar a los pueblos Indígenas sobre cualquier medida que pueda afectarlos, y de respetar los derechos territoriales de los pueblos que han habitado y utilizado tierras tradicionalmente. La Ley de Usurpación, al criminalizar las ocupaciones de tierras, pone en peligro estos derechos, especialmente para los pueblos Mapuche y otras comunidades Indígenas que luchan por recuperar tierras ancestrales, arrebatadas a lo largo de siglos de despojo.
Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) establece principios fundamentales que Chile se ha comprometido a defender. La DNUDPI reconoce explícitamente el derecho de los pueblos Indígenas a la autodeterminación y a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos como vitales para su supervivencia e identidad cultural (Artículo 26). Además, la Declaración subraya la necesidad de que los pueblos Indígenas otorguen su consentimiento libre, previo e informado (FPIC) antes de que se realicen proyectos que puedan afectar sus territorios (Artículo 32).
Además, ignora los reclamos legítimos de las comunidades Mapuche y de otros pueblos Indígenas, quienes han sido despojados históricamente de sus territorios y ahora buscan recuperar el control sobre sus tierras para asegurar su supervivencia cultural y económica.
La lucha de los pueblos Indígenas por sus tierras no es un asunto de criminalidad, sino de justicia histórica, dignidad y derechos humanos. Los compromisos de Chile con los principios de la UNDRIP y el Convenio 169 de la OIT exigen que su gobierno respete los derechos territoriales de los pueblos Indígenas, promueva un diálogo genuino y reconozca el derecho a la tierra como un derecho fundamental de los pueblos Mapuche y otras comunidades Indígenas.
Chile tiene la responsabilidad, no solo con sus ciudadanos, sino también con la comunidad internacional, de asegurar que sus leyes y políticas se alineen con los compromisos adquiridos en virtud de UNDRIP y el Convenio 169 de la OIT, para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todos.
Debe tomar las medidas necesarias para garantizar que Chile cumpla con sus obligaciones internacionales y respete los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas.
Lista de Firmantes Iniciales
Global Justice Ecology Project – Internacional
Indigenous Environmental Network – Internacional
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – Internacional
Biofuelwatch – Estados Unidos, Reino Unido
Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – África
The Corner House – UK
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) – Chile
*Imagen principal extraída de mapuexpress.org
