Revista Efecto
“COMO SON EMPRESARIOS Y NO POLÍTICOS CREYERON QUE CON UN ACUERDO SIMPLE SE SOLUCIONABA EL PROBLEMA»
Fundación Libera y Ecoceanos han sido apuntadas en los últimos días por informar a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la existencia de presunto trabajo forzoso en Chile. Aunque luego de su exposición el pasado 8 de julio, dicen, solicitaron no incurrir en tarifas arancelarias, para “no afectar el trabajo de las personas”, Washington interpuso un impuesto arancelario al igual que a otras 59 economías mundiales. Las organizaciones aseguran que la información fue entregada a la cancillería y al Ministerio del Trabajo meses atrás. “No quieren asumir la responsabilidad que les corresponde. Esto lo habrían solucionado firmando un acuerdo recíproco con la obligación de un proyecto de ley”.
x Tomás García Álvarez
Un día después de que el presidente José Antonio Kast entrara en La Moneda, Donald Trump anunció la investigación a sesenta países por presuntas prácticas ligadas al trabajo forzado. El proceso contó con dos rondas de audiencias públicas, más de 2.100 comentarios y exposiciones de sus socios comerciales, dentro de los que estuvo Chile. Fue en esas instancias en las que Fundación Libera, liderada por la abogada Carolina Rudnick, junto a Ecocéanos, entregó diversos antecedentes sobre trabajo forzoso en el país, basándose en los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Engaño, aislamiento, amenazas y abusos por vulnerabilidad, son algunos de ellos.
“El Estado tiene conocimiento permanente de lo que ha estado sucediendo, tanto de fuentes internacionales como Naciones Unidas, como también de la sociedad académica y civil. No pueden alegar desconocimiento”, advierte el director de Ecoceano, Juan Carlos Cárdenas, quien formó parte de la acción frente a la USTR.
El país norteamericano finalmente impuso un arancel del 12,5% a diversos sectores productivos chilenos, alertando a gremios y autoridades. Tras conocerse la medida, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, indicó que la intervención de las ONG’s había sido “un error” y que “no se ajusta a los hechos de la declaración”.
Pero Rudnick defiende el actuar de las organizaciones: “Nosotros no solicitamos que se le aplicaran aranceles, fuimos a presentar la información. Pedimos que se reemplazaran los aranceles por la implementación de un plan gradual, que son las siete medidas. Ya han comenzado una campaña mediática de amedrentamiento, de criminalización, pero que no van al fondo del asunto”.
Ese plan consistía en un paquete de siete medidas orientadas a fortalecer la prevención y persecución del trabajo forzoso en Chile. Entre las que figuraban tipificar este delito de manera autónoma; reforzar la legislación laboral en agricultura y acuicultura; prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso; eliminar las restricciones a la libertad sindical y negociación colectiva; fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral; incorporar sistemas de monitoreo y transparencia para capítulos labores de acuerdos comerciales; e incluir a organizaciones especializadas y víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas.
La noche del martes un medio publicó un documento enviado el 14 de abril a Estados Unidos en el que Libera solicita avanzar en cualquier medida necesaria, dentro de las que se incorporarían los aranceles, ¿es así?
CR: Es una manipulación del contenido del informe. Ellos no tienen la traducción formal del documento, la hacen ellos (el medio). Allí se parafrasean los puntos. El párrafo “las acciones que deberían tomarse para abordar estos problemas, incluyendo el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile y/o el nivel y alcance, si corresponde, de restricciones a la importación de productos chilenos” es utilizado también por otras ONG’s en el marco de sus presentaciones. Todas esas frases son parte del temario del USTR. (Conoce el documento completo aquí).
La abogada, quien fue coordinadora ejecutiva de la mesa intersectorial sobre la trata de personas iniciada a fines del primer gobierno de Sebastián Piñera, enfatiza en que existieron las instancias para evitar el arancel que hoy complica al gobierno del presidente Kast.
Según indica Rudnick, el comité consultó al agregado de ProChile, Sebastián Molina, —parte del staff de la embajada chilena— presente en la audiencia pública en julio de este año, sobre las medidas que tomaría el país para abordar el trabajo forzado. “Su respuesta fue: ‘tengo que consultar en Santiago, enviaremos la información en su momento’. Es decir, no estaban preparados para nada’”.
¿Por qué creen que el gobierno sabiendo esta información no actúa a tiempo?
CR: Porque como son empresarios y no políticos pensaron que llegar con un acuerdo simple iba a solucionar el problema.
Además, la abogada, máster en Política Criminal de la London School of Economics and Political Science, agrega que “el documento que tiene Estados unidos ellos lo recibieron en la misma época directo a sus correos” y que “quieren ocuparnos como chivo expiatorio por lo que fue un fracaso de la cancillería”.
El 26 de junio, la Embajada de Chile presentó una declaración conjunta en la que se establece un Plan de Acción 2026 de la Política Nacional para la Eliminación del Trabajo Forzoso, ¿por qué, como organizaciones, se abstuvieron de firmar dicha declaración?
JCC: Desistimos en una comunicación formal señalando que dicha reunión, organizada antes de la visita del canciller a Nueva York y a Washington, era una trampa (sic) para utilizarla mediáticamente en la audición de la USTR, y dar la impresión a las autoridades norteamericanas que había un proceso participativo y diverso con nuestra participación. Lo que firmaron en Santiago no era nada concreto. Ningún compromiso.
EL CORAZÓN DE LA DENUNCIA
En su presentación, Fundación Libera exhibió diversos casos, dentro de los que se encuentra el de 29 trabajadores agrícolas venezolanos y haitianos que fueron víctimas de abusos laborales entre 2016 y 2019, por medio de recortes salariales, jornadas extensas sin remuneración extra, habitaciones insalubres y restricciones para abandonar sus lugares de trabajo, hechos que también fueron constatados por una investigación de Ciper Chile.
Juan Carlos Cárdenas sostiene que la producción de salmón en Chile tiene un “alto costo humano”, reflejado “tanto en mortalidad, como accidentes por precarización”. “Con eso estamos informando a los consumidores que le presten atención cómo se está produciendo el salmón que ellos consumen”, afirma.
¿Eran conscientes del efecto que provocaría si se comprobaban este tipo de prácticas forzosas en Chile?
CR: Si nos preguntas acerca de nuestra convicción con respecto a la motivación moral de Trump, nosotros tenemos muy claro que no hay una preocupación del presidente de Estados Unidos con respecto al trabajo forzado, pero el tema es que esto es una ola mundial. (…) Todas las autoridades han dicho que en Chile no existe el trabajo forzado y eso demuestra, justamente, el problema que enfrenta el país. No quiere ver esto a la cara.
¿Cuál es el paradigma que esperan que se instale en Chile a partir de esta denuncia?
CR: Es que la gente no se imagina las realidades que no vive. Desconoce lo que está pasando (…) En regiones, en los lugares aislados donde la autoridad no llega, lamentablemente hay connivencia entre los empresarios y las autoridades locales. Y nuestro ejemplo lo demuestra a cabalidad (el de 29 personas venezolanas y haitianas). Si tú a eso le sumas que tienes una alta población vulnerable, precarizada, en un país de sueldos bajos y de precios altísimos, (…) sigues generando un sistema donde no tienes contrapesos frente a la diferencia de poder y el más fuerte se aprovecha permanentemente del más débil.
¿Qué les parece a ustedes ser apuntados como responsables de esta tasa arancelaria?
CR: No quieren abordar la responsabilidad en el fracaso contingente de la política porque esto lo habrían solucionado firmando el acuerdo recíproco de tarifa con la obligación de presentar un proyecto de ley. No quieren reconocer que hay trabajo forzado porque eso significaría que nuestras causas avanzarían exponiéndolos a ellos. Hay autoridades o representantes gremiales involucrados en nuestras causas.
Este martes, el Partido Nacional Libertario presentó dos oficios frente al Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Defensa para conocer el origen de los recursos con los que se financiarían ambas organizaciones. Por su parte, el gobierno ya ha anunciado reuniones bilaterales con la USTR para negociar un nuevo acuerdo que les permita destrabar el conflicto arancelario.
