Arturo Murillo, integrante del gabinete del gobierno de facto de Jeanine Áñez, fue arrestado, junto a otras cuatro personas, entre el 21 y el 22 de mayo, en los estados de Florida y Georgia, respectivamente, donde fueron acusados de “cargos relacionados con su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero”, consignó el miércoles el Departamento de Justicia del país norteamericano en un comunicado.
Se le acusa de recibir sobornos de una compañía estadounidense para asegurar un contrato con el Estado boliviano, y posteriormente utilizar el sistema financiero del país norteamericano para lavar ese dinero. De ser hallado culpable, puede ser condenado a una pena de hasta 20 años de prisión, conforme reza la nota.
Para el actual Ejecutivo boliviano, los acusados forman parte de un “clan mafioso”, por lo que pedirá la extradición de Murillo y del exministro de Defensa Luis Fernando López, investigado en el mismo caso.
Murillo y López abandonaron Bolivia el 6 de noviembre de 2020, dos días antes de la asunción de Luis Arce como presidente del país, y terminaron refugiándose en EEUU, donde alegaron ser víctimas de una persecución política.
El Ministerio de Justicia de Bolivia dijo que pedirá a la fiscalía local que investigue todos los nexos de la supuesta trama de corrupción de Murillo y López, hombres fuertes del gobierno de facto de Áñez, quien está bajo arresto desde marzo por otro proceso.
Murillo fue quien anunció la “cacería” de dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo (MAS), amenazado a la delegación argentina que estuvo en Bolivia en noviembre de 2020, exhibió las esposas para detener al expresidente Evo Morales, y afirmó, ante los bloqueos de agosto de los movimientos sociales, que “meter bala sería lo políticamente correcto”.
