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MIGRACIÓN VENEZOLANA: EXCUSA DEL GRUPO DE LIMA PARA PEDIR MÁS “DINERO HUMANITARIO”. Por: Eder Peña

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MIGRACIÓN VENEZOLANA: EXCUSA DEL GRUPO DE LIMA PARA PEDIR MÁS “DINERO HUMANITARIO”

Por: Eder Peña

Feb 2021

Los países que conforman Grupo de Lima han optado por maniobrar en medio de la tormenta que ha significado el derrumbe del “Plan Guaidó” dirigido por Leopoldo López con el que pretendieron derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para ello han hecho giro en su operación de propaganda que estimulaba y visibilizaba como “emergencia humanitaria” a la migración de venezolanos hacia sus países.

La elección, proclamación y juramentación en paz del nuevo Parlamento venezolano puso fin a la supuesta legitimidad del sector político que respaldó internamente al gobierno fake, esto ha sido catalizado por la incertidumbre sobre el grado de apoyo del nuevo gobierno estadounidense a la mencionada aventura que ha causado pérdidas millonarias y desprestigio político a quienes la apoyaron.

Por ello han vuelto a darle relieve al movimiento migratorio de venezolanos hacia sus países con maniobras mediáticas, varios aspectos están inmersos en esa movida que luce destellos propagandísticos.

REBATIÑA, FLUJOS Y CONTRAFLUJOS EN EL GUISO HUMANITARIO
La movilización de ciudadanos venezolanos hacia Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile se ha debido a las “sanciones” y ataques económicos que, desde Estados Unidos y la misma Colombia, se han orquestado contra Venezuela.

Sectores de la población nacional migraron a esos países a los cuales entregaron jugosos fondos para “asistencia humanitaria”. La mayoría de los migrantes no percibieron la ayuda porque los fondos fueron dilapidados por operadores políticos. Uno de los casos más conocidos es el del partido Voluntad Popular en el marco del llamado “Cucutazo”.

La pandemia complicó las condiciones en las que se encontraban los venezolanos en los países de acogida; particularmente en Colombia, Perú y Ecuador se desató una ola xenofóbica, que se sumó al cierre de los comercios y el confinamiento para dejar sin empleo a venezolanos sobrevivientes del día a día, de la informalidad con la que sus gobiernos neoliberales apuntalan índices macroeconómicos.

Tal situación de desprotección social, precariedad y desesperación llevó a miles de venezolanos a regresar, un número importante por vías inseguras o “trochas”. Eduardo Stein, representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los “refugiados venezolanos” (y propulsor de la doctrina R2P), incubó el relato de que los que retornaban habrían encontrado peores condiciones que las que dejaron, ocultando que ante una enfermedad de riesgo considerable como la covid-19 la salud gratuita era el primer atractivo para los “connacionales”.

En medio de una movilización menos publicitada que la anterior, este flujo de venezolanos no contó con la atención humanitaria tan discurseada por Iván Duque, Jair Bolsonaro y las agencias multilaterales. Los gobiernos vecinos, que fallaron en el intento de prevenir los contagios masivos de covid-19, enviaron contingentes de personas contagiadas al territorio venezolano, lo que puso en peligro el esquema de lucha contra la pandemia diseñado desde Venezuela.

Con el plan Vuelta a la Patria se creó un puente aéreo mediante el cual se trasladaron hasta 77 mil venezolanos desde 24 países, de los cuales un 95% estaban en situación vulnerable en los países del Grupo de Lima.

Las agencias internacionales como ACNUR y la OIM han llevado a 5,4 millones la supuesta cifra de migrantes que han salido de Venezuela. Para la atención de ese volumen habían estimado en mayo de 2020 que obtendrían 2 mil 790 millones de dólares en donaciones internacionales. También estimaron alcanzar los 6,5 millones de migrantes para 2020.

La “diáspora” venezolana tiene un significado tan similar a una caja chica para Iván Duque que, a comienzos de enero, el presidente colombiano pidió ayuda a la comunidad internacional para la adquisición de vacunas contra el covid-19 para atender a la población que no ha regularizado ni legalizado su estatus en ese país; de lo contrario no les vacunaría.

Solo en septiembre de 2020 el gobierno de Estados Unidos informó que aportaría a Colombia 348 millones de dólares, lo que completaría mil 200 millones de dólares solo para ese país. A esta fecha no hay un solo ciudadano vacunado en territorio colombiano mientras sobrepasan los 2 millones de contagios y las 50 mil muertes por covid-19.

El pasado diciembre, la OIM lanzó un plan regional de mil 440 millones de dólares más “para responder a las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades que las acogen en 17 países de América Latina y el Caribe”.

REINICIO DEL JUEGO: REPRESIÓN Y RELATO DEL COLAPSO
Mientras entes como la Unión Europea y países como República Dominicana, Alemania, entre otros, no logran disimular su desconexión con el “gobierno fake”, los países del Grupo de Lima reorientaron sus acciones para darle relieve al relato de la “emergencia humanitaria”, exacerbando medidas fronterizas que posicionen el tema ante la opinión pública y la persistente solicitud de fondos a la comunidad internacional.

En los últimos meses, con el nuevo comienzo de año, la relajación de algunas medidas de bioseguridad y la apertura económica, muchos ciudadanos han regresado a los países de donde huyeron por el cierre económico y la desatención. Han vuelto a salir de Venezuela debido a que las medidas coercitivas se mantienen y, con ellas, las dificultades económicas.

A este respecto Stein ha declarado:

“Estamos ahora ante cerca de 500 a 700 personas diarias. De manera que el flujo se ha incrementado, pero no alcanzamos a distinguir en este momento cuáles son personas que están retornando por segunda vez a los países de acogida, dejando por segunda vez su territorio y cuáles son migraciones nuevas. Lo que sí podemos determinar es que la mayoría de estas personas se están arriesgando a cruzar por vías irregulares, poniéndose en manos de traficantes, lo que incrementa los riesgos de la travesía”.

En los días recientes, algunos de los países del Grupo de Lima han realizado maniobras llamativas:

Colombia. Entre el 26 y 27 de enero pasado se presenciaron detonaciones y canoas volteadas por parte de la Armada colombiana en el Río Arauca, suroccidente de Venezuela, para evitar el paso de migrantes venezolanos hacia Colombia. Por su parte, la Policía Nacional de Colombia y Migración cerraban el terminal de pasajeros de Arauca ante la llegada masiva de venezolanos que intentaban salir hacia el interior de Colombia y otros países. Periodistas de la zona reportaron “colapso” en la frontera.

Ecuador y Perú. Con el objetivo de disuadir a los migrantes venezolanos indocumentados, a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla en la frontera entre Perú y Ecuador, se desplegaron más de 54 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, unidades blindadas y patrulleras, así como más de mil 200 soldados en el puente internacional La Paz-Matapalo, todo ello en coordinación con el gobierno ecuatoriano. El pasado 26 de enero un grupo en el que había niños resultó impedido de pasar al país andino luego de que parte del contingente efectuara una serie de detonaciones para impedirles el paso. Luego de poco menos de 500 deportaciones, retiraron el operativo a los cuatro días.

Chile. La prensa chilena reseña el oportunismo de muchos proveedores de servicios turísticos que promueven la migración ilegal ofreciendo un traslado que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú y, finalmente, Bolivia, para que el viajero ingrese a Chile por su cuenta. El Ministerio del Interior de ese país reportó que en 2020 hubo 13 mil 656 ingresos clandestinos por sus fronteras y, bajo esa premisa, el presidente chileno Sebastián Piñera firmó un decreto el 12 de enero pasado en el que permite que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las fuerzas de orden y seguridad en el control de la migración ilegal por los 32 pasos ilegales en la frontera con Bolivia y más de 18 en la frontera con Perú.

¿REPOSICIONANDO EL TEMA VENEZUELA PARA ACELERAR DESEMBOLSOS?
El hallazgo de 33 cadáveres provenientes de una embarcación que se dirigía a Trinidad y Tobago sirvió como banderín de partida para reanudar el relato de la “emergencia humanitaria” en Venezuela por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, nombró como su comisionado “para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos” al ex alcalde antichavista David Smolansky.

Por otra parte, las autoridades peruanas, en voz de su ministra de Defensa, Nuria Esparch, afirman que el despliegue militar se decidió “por motivos sanitarios” y añadió que las fronteras permanecerán cerradas “hasta que sea necesario”, aludiendo que hasta el 30% de los migrantes han dado positivo por SARS CoV-2 en las pruebas rápidas.

El exabrupto llega a tales extremos que Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI, una organización que ha criminalizado a Venezuela bajo la mampara de los derechos humanos), resaltó que el uso de personal militar para labores de control migratorio supone “un grave riesgo para los derechos humanos” de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función.

Hasta que la administración Biden no tome posición respecto al uso que se le dará al tema migratorio venezolano, sus organizaciones y políticos becados pendularán entre la “emergencia humanitaria” y “la amenaza de la migración venezolana”. Con ambas narrativas se adquirirían fondos para el usual despilfarro y conspiración injerencista.

El medio ruso Sputnik ha resaltado mediante un reportaje el cambio discursivo de países como Perú, donde su clase política dirigente y medios de comunicación daban la bienvenida a los migrantes venezolanos que huían del “comunismo” y de “la dictadura de Maduro” mientras su expresidente Kuczynski, antes de ser agobiado por los escándalos de corrupción, ofrecía “los sueldos de ley”.

Poco tiempo después los venezolanos ya denunciaban malos tratos, explotación laboral, discriminación y xenofobia por parte de algunos peruanos.

Tanta complacencia en aquel entonces se hizo con el apoyo y despliegue de la prensa cartelizada a fin de desprestigiar al Gobierno venezolano y crear mayor presión para su derrocamiento por vía interna o de intervención militar.

Además, en el marco del capitalismo del desastre, muchas ONG y actores políticos comenzaron a lucrarse con el tema migratorio y el flujo de fondos humanitarios. Realidad y propaganda comenzaron a causar incomodidad entre los ciudadanos de los países receptores a quienes todo les es negado.

En octubre de 2019, la ONG Oxfam reveló, en un informe titulado “Sí, pero no aquí”, cómo medios y redes sociales han manipulado hasta criminalizar la migración venezolana. Siete de cada diez personas en esos países consideraban que por la inmigración los salarios y las condiciones laborales iban de mal en peor, pasando por alto la situación en la que se encontraba el ámbito laboral en Perú, Ecuador y Colombia antes de que la migración venezolana se desatara, y sin tomar en cuenta la contribución económica que suelen dar los migrantes.

En sociedades moldeadas por el individualismo bajo la imposición neoliberal se vive de esperar un efecto derrame o goteo que nunca llega. Con flexibilización laboral, sin garantía de educación, salud ni servicios públicos, las injusticias llegaron al límite para la población trabajadora y, a finales de 2019, se desataron protestas en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile.

Mientras reprimían a sangre y fuego a las poblaciones por un lado, por el otro varios gobiernos del Grupo de Lima multiplicaron las denuncias sobre una supuesta infiltración de venezolanos para desviar la atención, en algunos casos se señaló al presidente Nicolás Maduro como responsable.

Migración Colombia llegó a expulsar más de 100 venezolanos, que no podrán volver a su territorio por 10 años, acusados de querer “infiltrar” las protestas antineoliberales de finales de 2019 (Foto: emisorasunidas.com)
En vez de culpar de la precariedad social a las élites financieras apropiadas de los medios de producción, algunos sectores sociales desarrollaron una especie de antivenezolanismo con harapos de la Guerra Fría.

Hoy en día el Grupo de Lima genera una campaña coordinada de criminalización de la migración venezolana, los viajeros están siendo utilizados para crear una nueva narrativa de “emergencia humanitaria” que acelere el desembolso de fondos por parte de donantes internacionales.

¿REFUGIADOS?
No son nada originales estos métodos: ya en Europa, Asia y África se utilizan para los fines aquí descritos y para presionar a gobiernos bajo la narrativa de que son “Estados fallidos”. La participación de las agencias internacionales es siempre objeto de sospecha debido a la manipulación de cifras, en particular con el estatus de “refugiado”.

ACNUR señaló que la mayoría de los migrantes venezolanos calificarían como refugiados basándose en los criterios más amplios contemplados en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que se aplica en América Latina.

Sigue vivo el objetivo de forzar la información sesgada y la cartelización de la infamia para ablandar a la opinión pública y justificar agresiones. Ello es clave para solicitar fondos que aceiten la maquinaria propagandística de una agenda geopolítica que apenas está en fase de reacomodo en la región.

Fuente: Misión Verdad.

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