por Saúl Escobar Toledo, México
Los programas sociales que lleva a cabo el gobierno actual, podría pensarse, están
destinados a aliviar la pobreza extrema y a los sectores de la población de menores ingresos.
Bueno, no exactamente, según un documento preparado por la Secretaría de Hacienda
(disponible en: www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx).
En el informe que entregó esta dependencia, hace unos meses, a la Cámara de Diputados
acerca de la “distribución del pago de impuestos y recepción del gasto púbico por deciles
de hogares y personas, resultados para el año 2020”, se afirma que: “Al analizar el cambio…
de las transferencias (gubernamentales) entre 2018 y 2020, se aprecia una reducción en la
incidencia en el ingreso total para los primeros deciles en 2020”. Y reitera: “La variación del
ingreso después de las transferencias en 2020 respecto a 2018 tuvo un menor impacto en
los deciles más pobres”.
Quizás valga la pena recordar que, para estudiar la distribución del ingreso, se divide a la
población en diez partes o deciles de acuerdo con los ingresos que recibe por su trabajo,
rentas de inmuebles o bancarias, y transferencias del gobierno (y otras ayudas como las
remesas que viene del extranjero). Bajo esta clasificación, el más pobre es el I y el más rico
el X.
El informe de Hacienda no duda en señalar que el gasto del gobierno en desarrollo social
en 2020, comparado con el de 2018, tuvo un cambio de orientación que dio como resultado
que los sectores más beneficiados fueran aquellos que están ubicados en los deciles del V
al VIII, y en menor medida los más pobres ubicados en los deciles del I al III.
Eso no quiere decir que haya empeorado la distribución del ingreso pues, por ejemplo, estos
tres deciles mejoraron levemente su participación en el ingreso nacional, pasaron del 20.8
al 23.5 por ciento. Pero indica que el gasto gubernamental de esta administración tuvo
como efecto que el aumento de los ingresos, mediante las transferencias que reciben por
parte del gobierno, beneficiara mayormente a los sectores que se ubican por encima del 50
por ciento de la población.
Hay que subrayar que cuando se habla de ingresos que reciben las familias, Hacienda
contempla las transferencias del gobierno que se clasifican como monetarias, es decir las
que reciben los hogares en efectivo, y por otro lado las transferencias no monetarias o en
especie que son aquellas que perciben los hogares en rubros como alimentación, uso del
transporte público, servicios de conservación para la vivienda, medicamentos y bienes para
el cuidado de la salud, y material y equipo educativo.
Hacienda justifica este resultado debido al “nuevo enfoque de política social” que dio lugar
a nuevos programas sociales basado en la universalidad y no programas focalizados.
Sin embargo, el propio estudio señala que, en realidad, lo que sucedió fue que aumentaron
notablemente las transferencias monetarias, pero al mismo tiempo se redujeron las
transferencias no monetarias. Así, por ejemplo, rubros del presupuesto como educación,
cultura, vivienda y protección ambiental disminuyeron proporcionalmente con relación al
gasto total.
Esta reducción no socorrió principalmente a los más pobres:
“La distribución de las transferencias no monetarias en 2018 estaba dirigida, en mayor
proporción, a los primeros deciles; en contraste, con el nuevo enfoque de política social, se
observa que las transferencias no monetarias en los tres órdenes de gobierno cambian
considerablemente su distribución en 2020, favoreciendo, en términos generales, a los
deciles V, VI, VII y VIII”.
De esta manera, se produjo un desequilibrio. Al aumentar la importancia de las
transferencias monetarias y disminuir las no monetarias, el impacto en la sociedad fue
disparejo, beneficiando a los sectores ubicado en los deciles superiores, con excepción del
X.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los programas que transfieren dinero en
efectivo directamente a los hogares tampoco son iguales: el más destacado y que concentra
la mayor cantidad de recursos es el de adultos mayores. Otros, como Becas de Educación
Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad, recibieron una menor porción del presupuesto a pesar de que favorecen a
los más pobres.
Sin embargo, Hacienda afirma que el programa universal para adultos mayores tiene mucho
mayor incidencia en la población urbana que en la rural; ha favorecido más a los hombres
que a las mujeres; y a los hogares de mayores ingresos.
De esta manera, según Hacienda, las transferencias monetarias también favorecieron
“particularmente” a los deciles V, VI y VII en comparación con 2018.
Se produjeron por lo tanto dos desequilibrios: el primero, al aumentar las transferencias
monetarias y disminuir las no monetarias; y el segundo, al destinar mucho mayores recursos
al programa para adultos mayores y en menor medida a los otros programas, pagados en
efectivo, que llegan a los hogares cada determinado tiempo.
Estos dos desequilibrios explicarían la mejoría relativa de los deciles situados por encima
de la mitad de la población.
Corregir estos desequilibrios requiere, fundamentalmente, abandonar la estrategia de
sostener un presupuesto austero (o “franciscano”) y, por medio de una reforma fiscal,
aumentar los recursos para el desarrollo social, particularmente aquellos que requieren las
familias en especie y en rubros como alimentación, educación, vivienda y transporte.
En el documento que comentamos, se afirma que los impuestos, especialmente el Impuesto
sobre la renta (ISR) es “progresivo” pues paga más el que recibe más ingresos. Sin embargo,
un análisis más detallado mostraría que se puede mejorar mucho esa progresividad si
tomamos en cuenta no sólo al decil superior sino al 1% más rico, el cual acapara una porción
desproporcionada del ingreso nacional.
No se trata entonces de echar marcha atrás en el carácter universal de algunos programas
o de reducir su monto, como en el caso de los adultos mayores, sino de mejorar el conjunto
de la política social.
Hay que recordar que el estudio de Hacienda analiza sólo el año 2020. Ahora, en 2022, nos
encontramos en una nueva situación, en la que la inflación está afectando a la población
más pobre debido a que el aumento de precios ha sido más elevado en el caso de los
alimentos. Por ello, mantener la misma estrategia en el caso del gasto social no parece una
buena idea.
Por otro lado, contener la inflación mediante los subsidios a la gasolina y el diésel también
tiene efectos regresivos. El estudio de Hacienda reconoce que: “el gasto en estos
combustibles está altamente concentrado en los hogares con mayores ingresos”. Y subraya
que menos del 25.0% del gasto se realiza por el 50.0% de la población de menores ingresos,
mientras que el 44.5% del gasto en estos bienes es ejercido por el 20.0% de las personas
más acomodadas.
Sin embargo, recientemente, el titular de la secretaría declaró que la gasolina barata ha
ayudado a atenuar la inflación debido a sus efectos en el transporte de personas y
mercancías y en los costos de producción de las empresas (por su consumo de electricidad
y gas). Según el funcionario, la inflación sería dos puntos mayor sin estos subsidios.
El problema es que esta medida no ha tenido efectos muy notables en el caso de los
alimentos. De acuerdo con las últimas cifras, la inflación en estos rubros ha sido
notablemente mayor que el promedio general (8.16% en julio). Además, el alza en las tasas
de interés afectará el ritmo de la actividad económica y al empleo. Encarecerá, a diferencia
de lo que afirman sus defensores, el costo de algunos productos, especialmente, aquellos
cuya demanda no disminuye tan aceleradamente (bienes básicos) o que dependen de la
oferta externa de insumos (como los fertilizantes).
En estas condiciones, se antoja una nueva política de impuestos y de gasto público. La
“autocrítica” de Hacienda no es suficiente ni es del todo correcta.
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