Saúl Escobar Toledo
Se acerca el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, previsto para el 1º de septiembre. Entre los asuntos pendientes, vale la pena destacar aquellos que tienen que ver con las cuestiones que afectan a los trabajadores. La más importante es la enmienda que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo ya que, según algunos medios, es la que más expectativa ha generado en los últimos meses y que, seguramente, será un asunto muy polémico. Aunque ya fue aprobada en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, no parece haber consenso entre los distintos grupos parlamentarios; hay que tomar en cuenta que se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Se pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios.
Como era de esperarse, el sector empresarial ha rechazado la propuesta aduciendo, entre otras cosas, que se han acumulado otras “cargas”, como los aumentos al salario mínimo; la reforma de 2020 para la democratización de los sindicatos y la contratación colectiva legítima; la regulación de la subcontratación; el incremento de los días de vacaciones; y la subida de las cuotas patronales al fondo de pensiones. Sin embargo, también será interesante observar la posición de los partidos políticos, sobre todo porque los tiempos se ha adelantado y en
unos cuantos días tendremos a la vista los candidatos a la presidencia de la república por parte del bloque oficialista y del opositor.
En favor de la reforma, hay que recordar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en los países desarrollados, pero también en otros similares al nuestro, como Chile y Brasil. En el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado” es decir, los obreros, la situación es peor que en el sector servicios (alrededor de 20 por ciento mayor).
Por ello, el debate debería centrarse en este sector, el “secundario” es decir la industria manufacturera, la minería, la construcción, la agroindustria, y la energética (petróleo y electricidad). En estas ramas, algunos contratos colectivos ya cuentan con la semana de cuarenta horas; sin embargo, la mayoría no contempla esta prestación. En realidad, las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras y fincar empresas industriales que
forman parte de la cadena de valor de los grandes consorcios mundiales. Tales son los casos de la industria automotriz; la electrónica; y otras técnicamente más complejas como la aeroespacial.
De esta manera, y sobre todo ahora que tanto se anuncia el efecto del “nearshoring”, es decir el cambio de la localización de esas cadenas de valor, desde China y otras regiones de Asia a otros países como México, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. Podría provocar que esas plantas industriales no descansaran principalmente en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: es decir en mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores.
Ayudaría a que México pudiera transitar de esquema maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos, y repercutiría positivamente en el conjunto del aparato económico.
Algunos legisladores han señalado que el recorte de la jornada requeriría ciertas medidas y un plazo de varios años, como ha sucedido en otros países en los que recientemente se aprobó, por ejemplo, en Chile con cierta flexibilidad en el reparto de las horas, y Colombia que lo hará entre 2023 y 2026. Habrá que revisar esas experiencias, pero urge que el asunto pase al pleno y se propicie su aprobación lo más pronto posible.
La reducción de la jornada no es el único punto pendiente en la agenda laboral. También tendrá que discutirse la nueva tabla de enfermedades de trabajo que tiene varias décadas de atraso; y otras reformas a la ley relacionadas con la violencia y el acoso por razones de género; y la igualdad entre hombres y mujeres
en materia de salarios. Asuntos que parecen estar más avanzados en el Congreso. Hay que anotar, además, un tema de gran importancia que incluye no sólo la legislación laboral: el “sistema de cuidados”, sobre todo para abrir mayores oportunidades para las mujeres al acceso a una ocupación remunerada y elevar la calidad de vida las familias trabajadoras.
Aun así, faltan otras cuestiones: la regulación de los trabajadores que laboran en las plataformas digitales; el seguro de desempleo; y la revisión del sistema privado de pensiones ( y la reforma aprobada en 2021). El primer asunto es especialmente urgente debido a la completa desprotección que sufren, pues al no estar reconocidos como empleados de una empresa (trabajo subordinado) no tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Los otros asuntos, más complejos, podrían requerir un estudio más detenido mediante
la formación de grupos de trabajo ad hoc formados por especialistas y representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, que pudieran entregar sus resultados en un plazo perentorio. El seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México) es una medida que ya han adoptado varios países de América Latina desde hace más de una década.
En el caso de las pensiones, a pesar de la última reforma, hay serias dudas acerca de su viabilidad financiera y presupuestal, y de sus resultados en el largo plazo (cuando venza el periodo de transición de ocho años).
Como puede verse, la agenda laboral es muy abultada. Y es que refleja una ominosa realidad: durante más de cuarenta años, los ordenamientos jurídicos en materia laboral no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto) de 2012. Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. Por estos últimos términos debemos entender la simulación y engaño que representaron la existencia legal de sindicatos y contratos colectivos de trabajo desconocidos por los trabajadores, lo que permitió su absoluta indefensión frente al patrón y la ausencia de una capacidad de negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.
Los tiempos han cambiado en México y el mundo, como lo atestigua la posición de Canadá y Estados Unidos, plasmadas en el T-MEC que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En estos países (y otros que sería muy extenso enumerar específicamente), se observa también un renovado activismo sindical.
Detener y revertir los abusos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos no será resultado únicamente de los cambios legales, pero sin duda pueden ayudar a cambiar esa situación. En los próximos meses, los partidos políticos y sus legisladores, y luego los candidatos, tendrán que asumir posiciones ante la agenda laboral. Habrá que observarlos con cuidado, pues su voluntad reformista o conservadora se verá en buena medida cuando aborden (o no) los temas laborales. El avance de esta agenda propiciaría el progreso del país y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La protesta obrera puede parecer, todavía, poco visible en México. Sin embargo, ya hemos presenciado algunas manifestaciones y conquistas de un sindicalismo más independiente y combativo. Muchos trabajadores, quizás millones, esperan respuestas ante las condiciones tan opresivas que aún padecen. Y votan…
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