EL DESCONCIERTO
Por Katiuska Rojas
Un ejemplo que da cuenta de la perspectiva patriarcal del sistema de salud chileno son las campañas de prevención del VIH/SIDA, y en particular de los métodos profilácticos. Éstas comúnmente apuntan al uso del condón de pene, que está pensado y fabricado para ser usado solo por los hombres en el acto sexual, quedando muchas veces a su decisión exclusiva utilizarlo o no.
Este domingo casi dos millones de mujeres hicimos historia en la marcha conmemorativa del #8M. Niñas, jóvenes y adultas colmamos las calles para recordarle a toda la ciudadanía que aún quedan muchas tareas pendientes en materia de derechos. Una de ellas es garantizar el acceso y cobertura a una seguridad sanitaria con enfoque de género, consigna levantada principalmente por profesionales de la salud, como matronas, médicas, enfermeras y técnicas.
Esta demanda apunta a incluir las necesidades y realidades de las mujeres en el sistema de salud público y privado, impulsando la educación sexual en todas las edades y culturas, acciones de diagnóstico y prevención con foco territorial y políticas que promuevan el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de todas y todes.
Un ejemplo que da cuenta de la perspectiva patriarcal del sistema de salud chileno son las campañas de prevención del VIH/SIDA, y en particular de los métodos profilácticos. Éstas comúnmente apuntan al uso del condón de pene, que está pensado y fabricado para ser usado solo por los hombres en el acto sexual, quedando muchas veces a su decisión exclusiva utilizarlo o no.
Lo que no consideran es que desde 1992 existe el preservativo femenino, elemento sanitario de profilaxis que funciona como método anticonceptivo y como mecanismo de prevención de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, los centros de salud están abastecidos mayoritariamente de condones masculinos, lo que perjudica la autonomía sexual de las personas con vagina que tengan relaciones penetrativas, ya que dependen de la voluntad del hombre para colocarse el condón. Así también, ni en farmacias ni en los centros de salud existen las barreras de látex, que permiten la protección en el sexo entre mujeres.
Esta problemática no se resuelve solo diversificando la oferta de métodos de prevención, sino que se requiere hacer un cambio cultural profundo. Necesitamos más matronas y matrones desplegados en los colegios, impartiendo educación sexual desde la etapa preescolar, entregando dispositivos anticonceptivos o de barrera y promoviendo el derecho a vivir una sexualidad plena e informada.
Por otro lado, urge avanzar en la cobertura de los cánceres cérvico uterino y de mama en todas sus etapas y poner fin a la actual discriminación por edad o estado de avance de la enfermedad. En la actualidad el PAP se realiza solo cada tres años y considera un rango de 25 a 59 años de edad, dejando fuera a las adolescentes y a las adultas mayores. Igualmente, las mamografías preventivas están garantizadas solo para las pacientes que pertenezcan a un grupo etario específico de 50 a 74 años. Además, si la usuaria está en una edad avanzada, no tiene cubierta la quimioterapia y solo puede acceder a tratamientos para el alivio del dolor.
Por lo tanto, prevenir y detectar oportunamente estos cánceres femeninos es una tarea primordial para disminuir las tasas de mortalidad a causa de estas enfermedades. En este sentido, es fundamental fortalecer el programa de isoinmunización para combatir el virus del papiloma humano (VPH), garantizar el acceso universal al examen de tamizaje para la detección a tiempo y asegurar la vacuna VPH para las adolescentes.
Actualmente existe un cambio epidemiológico y envejecimiento progresivo de la población, por lo que también se requiere un reforzamiento en la política del cuidado de la mujer adulta mayor y redirigir las consejerías, con el fin de potenciar una vida sexual sana y envejecimiento activo.
Una de las mayores deudas del país con las mujeres está relacionada con sus derechos reproductivos y no reproductivos. Para empezar a responder se deben fijar prioridades, como garantizar la entrega de anticonceptivos de calidad e incorporar en la atención una actitud respetuosa frente a la decisión de ser o no madre y cuántos hijos tener.
Además, el Estado debe ser garante de los cuidados maternos, ayudando a erradicar la violencia gineco-obstétrica, fortaleciendo las políticas públicas que garanticen la disminución de las tasas de cesáreas, promoviendo el uso de terapias no farmacológicas, brindando infraestructura adecuada para un manejo respetuoso del trabajo de parto y levantando iniciativas para apoyar a las madres en la crianza cuando éstas deciden trabajar, estudiar o liderar espacios de representación en distintas organizaciones.
Asimismo, todas las instituciones de salud pública y privada deben permitir acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales (prestación consagrada por la Ley), y brindar información certera y oportuna a las usuarias.
Todas estas acciones podrían contribuir a la mejora de la salud de millones de mujeres. Para lograrlo se necesita voluntad política y articulación de todos los actores del área. El movimiento feminista ha demostrado tener la fuerza necesaria para presionar cambios profundos, y nuestras autoridades tienen que estar a la altura.
Katiuska Rojas
Presidenta metropolitana Colegio de Matronas y Matrones de Chile.
