La Tercera
En Chile, son muchas las comunas que denuncian contaminación de sus suelos, otras de aguas, de polución en el aire y también por convivir con depósitos de basura. Sin embargo, hay lugares donde sus habitantes enfrentan todos estos problemas a la vez. Estos son definidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como “zonas de sacrificio”, pues están expuestos a un duro impacto de las actividades productivas durante décadas.
Es el caso de Tiltil, comuna situada al norte de la Región Metropolitana, la que mañana cumplirá una semana de protestas tras la aprobación de la construcción de un centro para residuos industriales tóxicos. Ahí también hay plantas de tratamiento de agua, desechos mineros y otro relleno sanitario.
El último reporte del INDH identificó 102 lugares donde hay denuncias de contaminación. Algunos de los casos más dramáticos se presentan en Tocopilla, Ventanas, Huasco y Coronel, pues la concentración de contaminantes afecta la salud de las personas.
Los análisis hablan de una “vulneración de los derechos humanos” a sus habitantes los que, en general, son de menores ingresos y viven en comunas sin planificación urbana. Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo de Desarrollo Urbano y académico de la U. Católica, afirma que estos casos llevan a “ver la necesidad de contar con un ordenamiento territorial integral, lo que se podría hacer a través de una ley”. Con esta normativa se podrían establecer adecuadas compensaciones para las comunas. Precisamente, la empresa Ciclos que operará en Tiltil presentó un plan de mitigaciones: la entrega de recursos ($ 53 millones) anuales para financiar iniciativas de las comunidades. Además de una futura generación de empleo. El director del Instituto de Derechos Humanos, Branislav Marelic, dice que se requiere una mayor atención ante estas situaciones: “Ponderar los efectos en la salud y aplicar medidas para reducir las emisiones”.
El vertedero y la planta que complican a Alto Hospicio
A 600 metros de poblaciones de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, se ubica el vertedero El Boro, el que recibe la mayor cantidad de residuos de esa zona. Los vecinos plantean que hay vectores como ratones, malos olores y molestias por el permanente paso de las cargas de desechos en sus calles.Yerko Balbontín, dirigente de los vecinos opositores a El Boro, explica que cada mes se toman la entrada para protestar porque no se ha cerrado. “Es indigno que tengamos nuestras casas al lado de un vertedero. ¿Cómo se construyeron viviendas al lado de un basural?”, señala. El seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Patricio Villablanca, manifiesta que se trata del único recinto de este tipo en la región, por lo que “con el tiempo se volvió complejo cerrarlo porque no hay alternativas. Pero hoy la situación ha cambiado”. Sostiene que hay dos proyectos para la construcción de un relleno sanitario, pero que aún están en etapa de estudio, sin fecha concreta para entrar a operar. Los vecinos del mismo lugar perciben otra fuerte molestia: el hedor proveniente de una planta de tratamiento de aguas, la que está en fase de cierre progresivo.
Coronel: termoeléctricas en la mira
“Coronel no se podía convertir en la batería energética de Chile a costa de la salud de sus habitantes”, dice el alcalde de la comuna, Boris Chamorro. Hace dos semanas, la postura del municipio y la comunidad provocó la detención de la segunda fase de la que sería la quinta planta termoeléctrica en la zona: la Central Santa María II. Este hecho reafirmó la confianza de la comunidad de seguir enfrentando la contaminación. Según el edil de la zona, “las enfermedades respiratorias, el aumento de cáncer y los problemas con el agua potable” son solo algunos de los problemas que han tenido que enfrentar. Pero precisa que “la demanda medioambiental de Coronel se desarrolla desde el año 90, cuando se empiezan a instalar aquí todas las pesqueras que salieron de Talcahuano”. El próximo martes serán formalizados por el Ministerio Público tres ejecutivos de la central termoeléctrica Bocamina II -otra de las industrias criticadas por los vecinos- por su presunta responsabilidad en las descargas tóxicas que provocaron la muerte a especies marinas en la zona en 2012.
Demanda por daño ambiental en Quintero
La bahía de Quintero, en la Región de Valparaíso, está rodeada por una decena de industrias, entre ellas una termoeléctrica, una refinería de cobre y una cementera. Según las organizaciones locales, estas firmas generan un fuerte impacto en el medioambiente local. Plantean que se han producido derrames de petróleo y emanaciones de gases tóxicos que han afectado a las escuelas. Alegan, además, que la concentración de diversos químicos ha afectado los recursos marinos. El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, dice que pidió al Ministerio de Medio Ambiente que una universidad realice un estudio para determinar qué fuentes producen las altas concentraciones tóxicas. En paralelo, los pescadores artesanales junto a otras organizaciones presentaron una demanda por daño ambiental contra las firmas ante el Tribunal Ambiental, la que está en tramitación. El gobierno presentó este año el plan de descontaminación para Concón-Puchuncaví y Quintero. Incluye la obligación de que las fuentes reduzcan sus emisiones, un programa de compensaciones, y se exigirá que las empresas confinen sus residuos.
Huasco: entre el carbón y el tren del hierro
Veinticinco años de oposición a la instalación de termoeléctricas en el puerto de Huasco, en Atacama, llevan agrupaciones vecinales y ambientales. También reclaman contra el “tren del hierro”, de la firma CAP, que deja kilos de este químico en la vía entre Vallenar y la costa, polución respirable que afecta la salud de las personas. Soledad Fuentealba, dirigenta de la Brigada S.O.S. Huasco, sostiene que las emisiones de material particulado llevan a que “tengamos la más alta tasa de cáncer a vejiga de la región y la fuente, evidentemente, es la contaminación”. La comuna fue declarada como zona latente de material particulado grueso, pues supera la norma permitida. El seremi de Medio Ambiente de Atacama, César Araya, admite el impacto que puede tener el uso de material carbonífero en las faenas de las eléctricas. Por ello, se aprobó un plan de descontaminación que ordena la rebaja de las emisiones a las firmas (en un plazo de cuatro años). El programa aún está en revisión en la Contraloría. La autoridad pidió la eliminación del uso de petcoke en las empresas, lo que aún está pendiente. También se exigirá que los vagones del ferrocarril sean tapados para que no se disperse polución sobre los pueblos.
Fuente: La Tercera
