4 de septiembre de 2024: Campaña por los Derechos de los Jóvenes, Nigeria.
Manifiesto internacional de la Youth Rights Campaign (YRC).
- La economía se hunde y crece la indignación.
- El Gobierno toma medidas para intimidar y castigar a la oposición.
- Retirar los cargos de “traición” y terrorismo» contra los organizadores de las protestas.
- Defender el derecho a protestar y liberar a los cientos de detenidos por participar en las protestas.
- Luchar para defender a los nigerianos del colapso económico y social.
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Es necesaria una acción urgente para apoyar a quienes desafían las desastrosas políticas del gobierno nigeriano, defienden los derechos democráticos y exigen cambios para evitar la catástrofe a la que se enfrenta el país.
El gobierno está presentando graves cargos, entre ellos «traición» y «terrorismo», contra los organizadores y activistas de las protestas #EndBadGovernance que tuvieron lugar a principios de agosto en distintas ciudades importantes. Al mismo tiempo, el presidente del Congreso Laboral de Nigeria, la mayor federación sindical del país, tras enfrentarse a un interrogatorio policial por «conspiración criminal, financiación del terrorismo, delito de traición, subversión y ciberdelincuencia», ha sido llamado de nuevo para enfrentarse ahora a una investigación por «intimidación criminal, daños malintencionados a la propiedad», etc.
El 2 de septiembre, después de que los acusados de #EndBadGovernance comparecieran ante el tribunal, Amnistía Internacional resumió el proceso como «otra ronda de los implacables esfuerzos del gobierno por castigar a los manifestantes y demonizar las protestas».
«Algunos de los cargos que se presentarán contra los manifestantes, que van desde traición, castigada con la pena de muerte, hasta acusaciones de «plan para desestabilizar Nigeria», muestran hasta dónde pueden llegar las autoridades nigerianas en la manipulación del sistema de justicia penal para silenciar las voces críticas. Son cargos descaradamente inventados que deben retirarse de inmediato».
Estos intentos del gobierno del presidente Bola Tinubu de acusar de traición a quienes protestaron contra la pobreza generalizada y la corrupción rampante son absurdos e infundados.
«Condenamos estos juicios farsa incluso antes de que comiencen y pedimos que se ponga fin a estos interminables y extraños intentos de privar a la gente del derecho a protestar pacíficamente. Lo que les va a ocurrir a estos manifestantes, que salieron a la calle el mes pasado en busca de un buen gobierno, es un ejercicio encubierto cuyo único objetivo es castigar a los disidentes».
El hecho es que Nigeria está sumida en una profunda crisis económica, social y política, y su gobierno está decidido a reprimir la oposición y las protestas.
Nigeria, que ya sufría un estancamiento del nivel de vida, insurgencias en distintas partes del país y una corrupción muy arraigada, se sumió en una crisis aún mayor cuando, el año pasado, el nuevo presidente Tinubu puso en marcha un programa neoliberal sin precedentes que ha socavado tanto el nivel de vida como la economía en su conjunto.
El valor del naira, la moneda nigeriana, se ha desplomado, pasando de 460 naira por dólar estadounidense cuando Tinubu tomó posesión a finales de mayo del año pasado a más de 1600 naira por dólar en la actualidad.
Uno de los resultados es que el precio de los alimentos ha subido un 39.5 % en el último año, lo que ha provocado que 31.8 millones de nigerianos sufran inseguridad alimentaria aguda. El Banco Central acaba de informar que para la mayoría de los nigerianos poder comprar alimentos es su principal prioridad, muy por encima de pagar el transporte y la educación de sus hijos.
La situación ha empeorado mucho con la repentina retirada el año pasado del «subsidio al combustible» —una medida que permitía que el transporte, la cocina y el funcionamiento de los generadores eléctricos en el trabajo y el hogar fueran, hasta cierto punto, asequibles—. Esta supresión, unida a la devaluación, ha provocado un aumento del precio del combustible del 460 % en solo 15 meses desde que Tinubu asumió el poder.
Hay desempleo y trabajo precario en masa. La economía está estancada. Millones de personas sobreviven día a día. Las cifras del gobierno no lo muestran, ya que la definición oficial de desempleo se cambió recientemente para excluir a cualquiera que haya trabajado una hora remunerada en los siete días anteriores. Una hora de trabajo en siete días no es empleo.
Junto con la caída del nivel de vida, un número significativo de empresas extranjeras están poniendo fin a la producción en Nigeria debido a los elevados costes de los insumos, la extrema fragilidad de las infraestructuras y la descomposición social. Actualmente, los reembolsos de la deuda externa del país han aumentado casi un 54 % con respecto al año pasado.
En agosto, la región africana de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África) resumió la situación actual: «Nigeria, convertida en la capital de la pobreza mundial, supera a India y se encuentra en una encrucijada crítica. Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (NBS) del país muestran que 133 millones de personas viven en la pobreza multidimensional. La crisis de la inflación de los alimentos y los combustibles (un 34.19 %, el nivel más alto en 28 años) y el desempleo galopante han empujado a millones de personas a la extrema pobreza y la miseria».
Frente a esta situación, las protestas han ido creciendo a medida que aumentaba la indignación. A principios de agosto se produjeron las primeras protestas #EndBadGovernance, organizadas por un amplio frente formado por diferentes fuerzas que se oponen a las políticas neoliberales del gobierno y a la corrupción, que se extiende por la mayoría de los niveles de gobierno y de partes del Estado.
La posibilidad de una protesta masiva aterrorizó al Gobierno, que lanzó una campaña contra el inicio de #EndBadGovernance y, cuando comenzaron sus actividades, recurrió a la represión mediante el uso cada vez mayor de medidas autoritarias.
La CSI-África explicó que, cuando ha habido signos de oposición, el gobierno ha respondido con «mano dura» ante las reuniones y protestas legítimas y pacíficas. Por su parte, el Congreso Sindical Británico ha asegurado que el Gobierno nigeriano intenta «aplastar las protestas».
La razón es que el régimen se siente débil y teme las protestas.
El año pasado, el presidente Tinubu fue elegido con solo 8.8 millones de votos, menos del 10 % de los 93.5 millones de votantes registrados en Nigeria. En un país cuya población supera ya los 230 millones de habitantes, este es un mandato débil.
Tinubu no sólo se enfrenta a la ira por los resultados de sus políticas, sino también a la corrupción de la que es tristemente célebre la élite gobernante. En total, son miles de millones de dólares procedentes de los ingresos del petróleo y el gas los que han desaparecido en las últimas décadas.
Incluso hay secretismo sobre lo que cobran realmente los miembros de la Asamblea Nacional. Recientemente, un senador declaró a la BBC que recibía 21,000,000 de nairas (más de 13,000 dólares) al mes en concepto de salario y gastos. En mayo del año pasado, antes de la reciente devaluación, esto habría equivalido a más de 45,000 dólares al mes, más del triple del salario mensual actual de 14,500 dólares de un senador estadounidense. En comparación, el salario mínimo nigeriano acaba de aumentar a 70,000 nairas, 43 dólares, al mes.
En este contexto, el régimen está arremetiendo contra la oposición, tratando de intimidarla y lanzando acusaciones descabelladas como justificación de medidas represivas, como el allanamiento de Labour House, la Secretaría del Nigeria Labour Congress. Por su parte, el PRO de la policía nigeriana habla del descubrimiento de planes para «movilizar al público para asaltar violentamente las instalaciones policiales y los cuarteles militares, anticipando un baño de sangre que instigará la condena internacional del gobierno nigeriano».
El TUC británico ha señalado con razón que las acciones policiales contra el NLC son una «intimidación a los sindicatos». La razón es que, temeroso de la fuerza potencial de los sindicatos, el gobierno de Tinubu está desesperado por acumular presión para tratar de evitar que se repita la revuelta nacional de 2012, que incluyó una huelga general y que obligó al gobierno de entonces a dar marcha atrás en el fin del «subsidio al combustible».
La represión se extiende por Nigeria. Los periodistas son agredidos y, en ocasiones, detenidos durante breves periodos en un claro intento de influir en lo que informan. Pero lo más significativo ha sido la brutal represión generalizada de las protestas #EndBadGovernance, que se cobraron más de 30 vidas y llevaron a más de mil manifestantes a ser detenidos, especialmente en el norte, junto con la incautación de organizadores de protestas en muchas partes del país.
El caso de Adaramoye Michael (Lenin), coordinador nacional de la Campaña por los Derechos de los Jóvenes (YRC), miembro del Movimiento Socialista Democrático (DSM) y uno de los principales organizadores de las protestas #EndBadGovernance en Abuja, la capital federal, muestra cómo funciona este régimen. Fue detenido a las 2 de la madrugada del 5 de agosto en su domicilio y recluido en régimen de incomunicación en un lugar secreto, sin visitas legales ni familiares. Diecisiete días después, el 22 de agosto, junto con otras 123 personas, permaneció detenido otros 60 días en una vista secreta en la que no estuvieron presentes ni los acusados ni los abogados defensores. No es de extrañar que el tribunal hiciera lo que le pedía el gobierno, sin indagar aparentemente en el bienestar de los detenidos. La noticia de esta decisión judicial secreta no se hizo pública hasta el 24 de agosto, cuando la agencia de noticias estatal NAN informó de ella. En ese informe también se revelaron los cargos por los que Michael y sus coacusados estaban siendo investigados: «conspiración criminal, financiación del terrorismo, delito de traición, ciberextorsión y ciberacoso». Hasta el 29 de agosto, más de tres semanas después de su detención, Michael no pudo ver a un abogado y el fin de semana siguiente se le comunicó que comparecería ante el tribunal el 2 de septiembre.
Ya se han producido protestas internacionales. Tras la incursión de los servicios de seguridad en la sede del NLC y la citación de la policía para interrogar al presidente del NLC, la Confederación Internacional de Sindicatos ha protestado y su secretario general ha declarado lo siguiente: «La situación en Nigeria es muy preocupante. Estos últimos acontecimientos se producen tras un fuerte aumento de la intimidación y la represión de los sindicatos».
«Esto incluye el acoso a activistas, la violación de los derechos de negociación colectiva y la represión violenta de protestas pacíficas. Vemos la contravención sistemática de los convenios de la OIT por parte del Gobierno nigeriano, en particular los relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación».
Muchos nigerianos han condenado las detenciones de manifestantes de #EndBadGovernance y de otras personas atrapadas en redadas policiales. Ya a mediados de agosto, Amnistía Internacional calificó el procesamiento de 441 personas en Kano de «juicio injusto basado en cargos falsos» y exigió la «liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer su derecho de reunión pacífica».
El hecho de que el Estado parezca, al menos por ahora, haberse limitado a interrogar a Joe Ajaero puede estar relacionado con la amenaza del NLC de convocar una huelga general si era detenido. Es evidente que el Estado espera poder intimidar a los dirigentes del NLC para que no tomen medidas serias contra la represión y la crisis social que asola Nigeria, cuando en realidad es urgente una movilización en defensa de los derechos democráticos y a favor de medidas urgentes para mejorar el nivel de vida de la población.
Hay que intensificar las protestas. Hay que apoyar a quienes luchan por defender el nivel de vida y los derechos democráticos y contra una élite masivamente corrupta para abrir el camino a una nueva sociedad.
Debe exigirse de inmediato la retirada de los graves (aunque ridículos) cargos judiciales contra los activistas de la protesta #EndBadGovernance y la liberación inmediata de los detenidos por organizar o participar en protestas contra el colapso económico.
Al mismo tiempo, es necesario apoyar a quienes luchan por cambiar Nigeria. No se trata de una injerencia extranjera en los asuntos nigerianos, sino de dar apoyo a la población nigeriana que lucha por una vida mejor. El movimiento obrero y los socialistas no tienen que disculparse por ello.
4 de septiembre de 2024.
