por Franco Machiavelo
Las llamadas “reformas laborales” impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric han sido celebradas en los medios como avances históricos para la clase trabajadora. Sin embargo, bajo un análisis más riguroso y desde una perspectiva crítica de la estructura de poder capitalista, queda al desnudo su carácter profundamente ilusorio, domesticado y funcional al empresariado.
No se trata de verdaderas transformaciones en las relaciones de producción, ni de una ruptura con el modelo neoliberal instaurado desde la dictadura, sino de ajustes cosméticos cuyo objetivo principal ha sido estabilizar el descontento social, canalizar la energía de las demandas obreras hacia el laberinto institucional, y mantener intacto el orden dominante. Es decir, se disfrazan concesiones mínimas —como la reducción horaria parcial o el reconocimiento simbólico de ciertos derechos— mientras se mantiene el control del capital sobre los ritmos, tiempos y condiciones del trabajo.
Estas reformas son, en el fondo, una maniobra de desactivación. Se promueven como “progresistas” pero no tocan la estructura del poder empresarial. La flexibilidad laboral se sigue profundizando, disfrazada de “conciliación vida-trabajo”, mientras el derecho efectivo a huelga, la negociación colectiva real y la sindicalización autónoma continúan debilitadas por trabas legales y amedrentamientos patronales. Se regula el síntoma, pero no se cuestiona el sistema de explotación.
Además, el discurso gubernamental se apoya en una retórica inclusiva y dialogante, que presenta la armonía entre trabajadores y empresarios como un objetivo común. Esta lógica oculta deliberadamente la contradicción irreconciliable entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes se enriquecen apropiándosela. En vez de empoderar al pueblo trabajador para disputar el excedente social, estas reformas buscan “modernizar” la explotación.
Lo más grave es que todo esto ocurre bajo un gobierno que prometió romper con el continuismo neoliberal y representar a los sectores populares. La realidad es otra: la política laboral del actual gobierno ha servido para reafirmar la hegemonía del empresariado, contener la protesta social y mantener la tasa de ganancia a costa de la precariedad y la sobreexplotación de millones.
En vez de fortalecer la organización obrera, se pacta con los dueños del país. En vez de desprivatizar el trabajo, se legisla para asegurar la gobernabilidad del capital. En vez de empujar transformaciones estructurales, se administra el mismo modelo con una estética progresista.
El resultado: un pueblo trabajador frustrado, engañado, precarizado y más controlado que antes. Estas reformas no son un avance, sino una trampa. No son conquistas, sino concesiones cuidadosamente calculadas para que nada cambie en lo fundamental. Y en este teatro de reformas sin transformación, quien más gana es, una vez más, el gran empresario.
