Le Monde Diplomatique, Edición chilena
Luis Mesina
La corrupción no es un fenómeno de estos tiempos; lo que pertenece propiamente a nuestra época es la impunidad.
Este flagelo acompaña a la humanidad desde que se configuraron las primeras formas de organización social y política, coincidiendo con el nacimiento del Estado. Por lo tanto, no es un mal moderno, sino una sombra tan antigua como las instituciones mismas.
Desde tiempos remotos, las distintas sociedades se dotaron de mecanismos para impedir que la avaricia terminara por corroer los cimientos que sostenían su orden comunitario. Surgieron así normas y leyes destinadas a castigar las prácticas deshonestas. El Código de Hammurabi, uno de los más antiguos, dictado aproximadamente en el año 1754 a.C. en Mesopotamia, es un claro ejemplo de este esfuerzo histórico a través de la conocida ley del talión: «ojo por ojo, diente por diente». En ese marco, la justicia debía ser proporcional al daño causado, aunque las penas variaban según la posición en una sociedad rígidamente jerarquizada. Como es de suponer, los castigos más severos recaían siempre sobre los eslabones más bajos de la pirámide: los esclavos.
El objetivo declarado y no declarado de las leyes ha sido siempre el mismo: proteger los bienes públicos y privados, salvaguardar la familia, regular el comercio y garantizar la propiedad. Con el transcurrir de la historia, los sistemas se fueron perfeccionando para asegurar que quienes quebrantaran la “paz social” sufrieran sanciones ejemplares, evitando la propagación de conductas reñidas con el bien común. Dar señales claras a la ciudadanía era crucial; las normas buscaban mantener el principio de coercitividad para desincentivar el delito. Se trataba de un mecanismo inhibitorio frente a los actos espurios. La redacción de los códigos civiles y penales no hizo más que regular los comportamientos dentro de un territorio, delimitando los deberes y derechos entre los habitantes y el Estado, intentando blindar a la sociedad de su propia degradación.
Sin embargo, en los tiempos actuales comenzamos a normalizar una práctica aún más nociva para la convivencia social. Ya no se trata solo de la corrupción, sino de la impunidad absoluta. Chile ha sido testigo en los últimos años de una seguidilla de escándalos que vinculan actos de profunda corrupción con integrantes de casi todas las instituciones de la República. El fenómeno atraviesa los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo; salpica a las Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, incluso a instituciones religiosas, hasta organizaciones del deporte y la cultura.
¿Cuál es el verdadero problema? ¿La corrupción? Por supuesto. Pero, lo verdaderamente grave es la impunidad.
El denominado «Caso Audios», donde el abogado Luis Hermosilla develó una impresionante red de tráfico de influencias que involucraba a fiscales y magistrados, es la prueba fehaciente de que la descomposición moral en nuestro país ha alcanzado niveles críticos. El rol de Andrés Chadwick, mencionado en las indagatorias, constituye uno de los pasajes más complejos de nuestra historia reciente. Resulta alarmante que un exministro del Interior, quien asumió como Vicepresidente Subrogante en más de una ocasión, sea vinculado a operaciones para debilitar, desde adentro, a las mismas instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley: el Poder Judicial y el Ministerio Público.
A esto se suman los últimos procederes de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), dos organismos llamados a aplicar la ley con la máxima rigurosidad. Ambas entidades han generado debate al mostrarse llanas a cerrar caminos severos en el proceso que se sigue contra el exfiscal regional Manuel Guerra, imputado por cohecho y violación de secreto tras revelarse sus vínculos con otros actores del caso. De concretarse beneficios procesales injustificados, la impunidad se consagraría como un hito político de extrema gravedad.
Consolidar un escenario así enviaría una señal desastrosa a la sociedad chilena: que es posible vulnerar la función pública sin sufrir consecuencias legales. Semejante mensaje validaría un modelo sustentado en principios erosionados, un ecosistema marcado por la descomposición de la confianza pública.
Es de esperar que este caso, que aún mantiene largas hebras por investigar para descubrir el alcance real de estas redes, no termine cortándose por los hilos del poder. El proceso debe seguir su curso, hacia esa justicia efectiva que tanta falta le hace a nuestro país.
¿De qué depende? De que estemos alertas y empoderados. Depende de que la mayoría de los chilenos y chilenas estemos dispuestos a actuar para evitar que se consolide en nuestro país la miseria moral.
3 de agosto de 2026
