Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacude a Sudáfrica. La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de numerosos actores sociales.
Busi Sibeko *
Nueva Sociedad, agosto 2021
Traducción de Carlos Díaz Rocca
Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacudió a Sudáfrica. Como consecuencia de ellas, han muerto hasta ahora más de 200 personas y han sido detenidas casi 2.600. Es posible que el detonante haya sido la detención de Zuma, pero no es la única causa y tampoco es lo que realmente preocupa a la población.
La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de los desposeídos, de instigadores con motivaciones políticas o de oportunistas. La crisis debe evaluarse en el contexto de este despojo y de la desigualdad que prevalecen ignorando clases y divisiones étnicas y de género, y que han creado un profundo desequilibrio de poder. Estos factores –agravados por el desempleo y la pobreza– impiden que la democracia se desarrolle plenamente en Sudáfrica, e incluso amenazan con desestabilizarla.
Después de casi tres décadas de democracia, Sudáfrica se enfrenta a varias crisis. El modelo sudafricano de sociedad no funciona para la mayoría de la población. En cuanto a la distribución del ingreso, el país tiene un coeficiente de Gini de 0,7, lo que lo convierte en uno de los países con mayor desigualdad. La distribución de la riqueza es aún más desequilibrada y tiene un índice de Gini de 0,95. Se estima que la mitad de la riqueza total está en manos del porcentaje más rico de la población; el 10% más rico posee por lo menos entre 90% y 95% por ciento de la riqueza.
Como consecuencia de la falta de cambios estructurales, la situación económica de Sudáfrica era precaria aun antes de la pandemia. La tasa de desempleo se mantuvo siempre alta; en el cuarto trimestre de 2019 fue de 29,1%. La pobreza está muy extendida. En 2015, 30,4 millones de personas, 55,5% de la población, vivían por debajo del umbral oficial de pobreza. En los hogares manejados por mujeres, la proporción era significativamente mayor que en las familias con un hombre como jefe de hogar. Una cuarta parte de la población, 13,8 millones de personas, vivían en la pobreza extrema y no podía permitirse alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales básicas.
La curva de crecimiento de Sudáfrica ha sido descendente durante más de diez años. Entre 2011 y 2018, el crecimiento económico promedió apenas 1,7%. En 2019, el país entró en recesión por tercera vez desde 1994. Varios factores fueron responsables de esto, incluida la recesión mundial posterior a la crisis financiera mundial, la caída de los precios de las materias primas, la desindustrialización, la captura del Estado (léase: la corrupción sistémica), los recortes presupuestarios, una política macroeconómica restrictiva y la caída de la inversión como resultado del estancamiento económico y el poco confiable suministro eléctrico.
Cada vez más personas encuentran en el Estado un instrumento para el enriquecimiento propio despiadado. Las instituciones estatales son saqueadas y vaciadas. Esta realidad es el caldo de cultivo de la aguda crisis de gobernabilidad en Sudáfrica. La combinación de crisis económicas y políticas está provocando que la confianza en el orden constitucional disminuya cada vez más.
Cuando comenzó la crisis provocada por el coronavirus, Sudáfrica ya estaba en recesión. En abril de 2020, el presidente Cyril Ramaphosa anunció un paquete de rescate concebido para ayudar a trabajadores, empresas y hogares durante la pandemia. El paquete, dotado de fondos superiores a los 30.000 millones de dólares, fue una luz de esperanza para el país, pero esta se apagó rápidamente. Hubo una serie de problemas con la puesta en práctica del programa y para julio de 2021 solo se había ejecutado 41% de las partidas. Es que el presupuesto anual no contemplaba esas erogaciones. El presupuesto complementario de 2020 solo cubrió una parte. La mayoría del paquete de rescate se financió con recursos existentes o fondos extrapresupuestarios. No obstante, el hecho de que se hiciera creer a la ciudadanía que se inyectarían en la economía los 30.000 millones de dólares como dinero en efectivo avivó las violentas protestas. El público tuvo la impresión de que el «estímulo» fue en gran parte saqueado.
En la actualidad, Sudáfrica vive la tercera ola de la pandemia. La mayor parte de las medidas de ayuda ya se han implementado. Mientras el gobierno está apenas comenzando su programa de vacunación, la cantidad de personas infectadas con coronavirus va en aumento. La tercera ola y los confinamientos asociados a esta afectaron a Sudáfrica en un momento en que los sectores más frágiles de la población han sufrido pérdida de ingresos y están sometidos a un enorme agotamiento. En enero de 2021, según una encuesta reciente, 39% de los hogares se quedó sin dinero para comprar alimentos y 17% sufrió hambre con el paso de las semanas. El programa de ayuda pandémica Alivio Social del Sufrimiento (Social Relief of Distress, SRD), una asignación de dinero en efectivo introducida como parte del primer paquete de alivio para adultos desempleados que no reciben ningún otro beneficio social, ha finalizado. Los precios de los alimentos muestran una creciente inflación. Se han interrumpido los programas de alimentación escolar de los que dependen muchos niños y niñas. Debido a los disturbios, los alimentos escasean en algunas zonas.
Se cree que la tercera ola, reforzada por las protestas, provocará una merma de la actividad económica. Después de que el PIB se redujera 7% en 2020, la economía continúa recortando empleos. La tasa de desempleo alcanzó un nivel récord de 32,6%. Es un círculo vicioso: los disturbios generan más crisis, y las crisis, más disturbios.
Para peor, el Ministerio de Finanzas de Sudáfrica insiste en su política de austeridad, defendida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran parte de la prensa empresarial. La sociedad civil critica las duras medidas de austeridad a las que el gobierno sudafricano recurre desde hace varios años para intentar reducir la deuda externa y calmar a las agencias calificadoras de riesgo. Esto se hace fundamentalmente a expensas de los beneficios sociales esenciales y la implementación de los derechos económicos y sociales.
Es probable que el gobierno de Sudáfrica insista en sus planes de consolidación y –como se anunció en febrero de 2021– reduzca el gasto no requerido para el servicio de la deuda en un promedio de 5,2% en términos reales cada año. Los recortes presupuestarios tienen como resultado un menor gasto per cápita y recortes reales en servicios públicos, tales como la atención médica, la educación y la cultura. El presidente declaró hace poco que cualquier nueva medida de emergencia se incluiría dentro del presupuesto existente. En vista de la apremiante necesidad social, que se ve enormemente agravada por la pandemia y ahora también por las violentas protestas, esto es de una enorme irresponsabilidad.
El gobierno sudafricano está pasando de una crisis a otra, pero no está yendo al fondo de las causas políticas y económicas que subyacen a estas crisis. Las disputas internas del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, son una pesada carga para el país y deben resolverse con determinación. En este contexto, también es necesario un compromiso renovado con la Carta de la Libertad de 1955 y la Constitución de Sudáfrica, que consideran un orden económico más justo como un factor decisivo en la liberación política.
En el corto plazo, el gobierno de Sudáfrica debe garantizar los medios de subsistencia y apoyar la economía. Las medidas de ayuda a empresas, empleados y particulares que han llegado a su fin deben ser renovadas y reajustarse para que estén a la altura de la pandemia y la crisis actual en el país.
Tales medidas no son posibles con la actual política de austeridad. Las políticas de austeridad deben terminar y se deben priorizar los derechos sociales y económicos. Esto debe estar vinculado a una transformación económica efectiva que beneficie a la mayoría de la población. El statu quo de Sudáfrica no puede ser tomado, ni remotamente, como una forma de liberación política.
* Busi Sibeko, es economista en el Instituto para la Justicia Económica (IEJ) en Johannesburgo y realiza investigaciones macroeconómicas.
