Felipe Portales
Uno de los mitos más notables y persistentes acerca de nuestra historia es que la Constitución de 1925 tuvo un
origen y un contenido impecablemente democráticos. Nada más lejano de la realidad. Es cierto que ella fue
fruto de un genuino movimiento de una clase media emergente y de algunos sectores oligárquicos por ampliar
los estrechos marcos de una república parlamentarista exclusivamente oligárquica que se había impuesto
–como fruto de la victoria en la guerra civil de 1891- al régimen virtualmente monárquico existente en el siglo
XIX. En definitiva, la Constitución de 1925 coronó una lucha de una clase media arribista que unida a los
sectores más lúcidos de la oligarquía comprendieron que la mantención del régimen oligárquico no sólo era
muy injusto socialmente y retardatario económicamente, sino que además constituía un grave peligro para la
mantención del orden social que se vislumbraba crecientemente amenazado por un proletariado también
emergente y contestatario. Más aún cuando en el mundo en general se cernía la amenazante sombra de la
Revolución Bolchevique que postulaba su extensión mundial.
De allí que incluso en el pensamiento de los políticos e intelectuales de clase media más críticos de los
privilegios de la oligarquía y de las extremas desigualdades sociales constatamos también un gran temor al
proletariado y un fuerte afán de neutralizarlo social y políticamente. Así por ejemplo, el fundador de la
corriente más de izquierda del Partido Radical, Valentín Letelier, expresaba ¡en 1896! que “ya es tiempo de
reaccionar contra esta política egoísta (de liberalismo clásico) que obliga a los pobres a organizarse en las filas
hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede
explicar (…) que (…) se estén renovando las luchas de clases, fatales para el funcionamiento regular de la
verdadera democracia”; y que “por su posición media entre las clases más egoístas y las más desvalidas, a mi
juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la
sociedad europea. Proveer a las necesidades de los desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar
con el socialismo revolucionario, es hacer política científicamente conservadora” (Sergio Grez.- La “Cuestión
Social” en Chile. Ideas y Debates Precursores (1804-1902); Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos,
Santiago, 1995; pp. 434-5).
Y el también político e intelectual radical “de izquierda” (que fue diputado, senador, ministro, director de la
SOFOFA y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María), Armando
Quezada, planteaba en 1908 que “ha despertado en los obreros chilenos la conciencia de clase y el espíritu de
cuerpo; se han asociado, han cambiado ideas y anhelos, se han creído víctimas de una explotación injusta; y ya
no son escasos, en los centros más poblados, los cerebros exaltados y seducidos por los engañosos sueños
socialistas” (La Cuestión Social en Chile; Universidad de Chile, 1908; pp. 19-20). Y con una visión muy negativa
–e incluso racista- de las clases populares, agregaba: “La gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación
muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas: (…) instintos sanguinarios
(que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconciencia del valor de la vida
humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (Ibid.; p. 25). Y todo esto dicho justo después de la ocurrencia de
las grandes masacres obreras de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907)…
Por otro lado, varios acerbos críticos de clase media de la oligarquía, mostraban también un profundo temor
de los sectores populares, e incluso postulaban restringir el derecho a voto de los más incultos (léase,
pobres…) o el sufragio censitario. Así, el profesor Alejandro Venegas (“Dr. Julio Valdés Cange”) planteaba en
1910, como solución para evitar el cohecho, “privar de derechos electorales a todo aquel que no compruebe
tener por lo menos los conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, como al que haya sido
condenado tres veces o más por ebrio y a todo aquel que no compruebe que gana honradamente su
subsistencia” (Sinceridad. Chile íntimo en 1910; CESOC, Santiago, 1998; p. 272). Es decir, ¡haber privado de la
calidad de ciudadano a gran parte de los sectores populares de la época! Y todavía más, Venegas postulaba
como ideal el sufragio censitario: “Ahora bien, si se considera más democrático el sufragio universal, hágase
extensivo este derecho a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres; pero establézcase el valor
proporcional de cada voto, esto es, si la opinión de un analfabeto vale 1, que la de un artesano que ha hecho
los cursos completos de una escuela primaria elemental valga por 3, que la de un industrial (trabajador) que ha
recibido su título en un establecimiento de enseñanza especial se cuente por 5, que la del bachiller en
humanidades se estime por 8, que la de un farmacéutico, dentista o arquitecto, valga por 10, que la de un
médico, un abogado, un ingeniero o un profesor de estado pese por 15, que la de un profesor universitario
equivalga a 20, que la de un diputado o senador influya por 30, y así de seguida” (Ibid.; pp. 272-3).
Por otro lado, el intelectual crítico, Tancredo Pinochet Le Brun, planteaba en 1917 que “la democracia no
aspira al reparto igualitario de la riqueza en la sociedad. Aspira a poner a cada hombre en igualdad de
condiciones para que libre su batalla por la vida” (Oligarquía y democracia; Casa editora Tancredo Pinochet,
Santiago, 1917; p. 140); que “la democracia no es una cuestión de caridad, de sentimentalismo; tiene sus
fundamentos en el propio egoísmo individual” (p. 142); “que hay más democracia en la legislación británica
que ha restringido el voto al círculo de las personas adineradas y cultas, que en la legislación chilena que se lo
concede a todo el que sabe garabatear su firma” (p. 154); y que “a primera vista podría parecer que un
demócrata no debería, sin ir contra los propios principios de la democracia, pedir la restricción de la libertad
electoral. Pero la verdad es que esta restricción hay que pedirla en defensa del mismo pueblo y pedir, al mismo
tiempo, la educación primaria obligatoria, para que la libertad electoral de que disfrutamos sea una realidad
enaltecedora y no una pantomima indecorosa y embrutecedora. Debemos pues restringir el derecho a voto,
dejándoselo sólo a los ciudadanos conscientes que tiene el país” (p. 155).
Y el profesor Carlos Fernández Peña (en su prólogo al mencionado libro de Pinochet) señalaba: “Estamos en
absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio.
El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su
raíz la generación del Poder Electoral. Sin pretender llegar a exigir como requisito, como en la ley filipina, ocho
años de estudios primarios y cuatro de secundarios, debería exigirse, a lo menos, los dos primeros ciclos
primarios o preparatorios y el servicio militar para tener derecho a esto. En segundo lugar, además de los
conocimientos, deberíamos adoptar, como en la ley italiana, la adquisición de cierto capital, industria
o cultivo de la tierra, que son fuente de patriotismo y de independencia moral, tanto y muchas veces más que
los simples conocimientos. Es indudable que la eugénica (sic) y la higiene del sufragio son los solos factores
capaces de generar y de hacer funcionar un buen Gobierno, es decir, una organización democrática” (Ibid.; pp.
XII-XIII).
Increíblemente, estas propuestas de intelectuales de clase media críticos de la oligarquía buscaban echar abajo
¡una conquista electoral de 1874 de los sectores populares!: la extensión –vía ley interpretativa de la
Constitución- del derecho a voto a todos los varones que supiesen leer y escribir, terminando con el sufragio
censitario establecido por la Constitución de 1833. Independiente de que en su momento ello no tuviese
significación práctica -dada la manipulación total de los resultados electorales por parte de la Presidencia de la
República- ello representaba un inmenso avance, en la medida que se “sanearan” las elecciones de aquella
intervención presidencial, como siguió sucediendo hasta 1891; y del cohecho y el “acarreo” de los inquilinos de
las haciendas, como sucedió a partir de esa fecha hasta 1958.
Notablemente, la abierta promoción del sufragio censitario, o de la lisa y llana restricción del derecho a voto ya
reseñada, iba a coincidir con las propuestas de “El Mercurio” respecto de las disposiciones electorales a ser
estipuladas en la Constitución de 1925: “Los constituyentes del 33 estuvieron, con su admirable sentido
práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de las teorías
igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas
saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor,
porque carecen de dignidad y de verdadero interés en la cosa pública, tengan los mismos derechos electorales
que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El
repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a
elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros
males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se
abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen el país a individuos que fueran
a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las
industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet, pero no al soviet dirigido
por intelectuales, sino a otro de simples agitadores, sin Dios ni ley. ¿Quiere decir lo anterior que es necesario
aceptar el cohecho? De ninguna manera. Es ese un vicio político vergonzoso, deprimente, y que obliga a los
partidos a llevar al Congreso, no a sus mejores hombres, sino a los que tienen dinero para afrontar las luchas
electorales. Es muy difícil quitar a la gente lo que ya se le ha dado, porque ésta considera semejante cosa un
despojo. Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que
vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por
tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la
República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el
voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importante, el que contribuye a la riqueza pública,
pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familia numerosas que dan también al país la
riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…)
Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la
restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos, no queda otro arbitrio que el del voto plural,
cuyas ventajas hemos insinuado. Ha dado en otros países resultados espléndidos y sería de esperar que
también los diera en Chile” (“El Mercurio”; 8-6-1925).
