¡QUÉ VERGÜENZA!
LA CLASE POLÍTICA Y EL GOBIERNO CÓMPLICES DE UN ROBO A DIESTRA Y SINIESTRA
por Franco Machiavelo
En medio de una profunda crisis económica y social, donde los sectores populares luchan por sobrevivir, las compañías eléctricas han desatado una ofensiva criminal: el alza descontrolada de las cuentas de la luz. Pero no se trata de un simple ajuste tarifario. Es un traspaso brutal, descarado, de los costos de su propia incompetencia, sus negocios fallidos, su desidia y sus fraudes… ¡al pueblo!
Esta maniobra es el reflejo claro de cómo opera el capitalismo más impune: privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Las eléctricas —auténticos monopolios blindados por décadas de leyes a su medida— cometieron errores, incumplieron contratos, fueron incapaces de anticipar crisis energéticas, y ahora exigen que sea la clase trabajadora quien pague la cuenta.
Todo esto ocurre con la venia del Estado. La institucionalidad no solo permite esta estafa, sino que la respalda legalmente. No hay fiscalización real. No hay control popular. No hay sanciones. Solo hay sumisión al poder económico. El gobierno administra esta infamia con lenguaje técnico, con comisiones de expertos, con burocracia anestesiante. Pero en esencia, actúa como gerente de los intereses corporativos.
Y la mal llamada «izquierda» —esa izquierda domesticada, neoliberal, reformista, postmoderna— guarda un silencio criminal. No alza la voz. No denuncia. No convoca a las masas. Su horizonte político está limitado a pactos electorales, cuotas de poder, mesas de negociación. Están más preocupados de los próximos ministerios que del saqueo cotidiano que sufre el pueblo. Han olvidado —o traicionado— que su deber es estar con los oprimidos, no con los gerentes.
Lo que estamos presenciando es una forma de violencia estructural, una colonización económica legitimada por la política. Una vez más, se confirma que el Estado no es neutral, que no está por encima de las clases sociales: es un aparato que reproduce las relaciones de poder existentes, y hoy esas relaciones están dominadas por conglomerados empresariales que se alimentan del sudor de millones.
Este no es un simple abuso: es parte del diseño. Es un modelo construido para que unos pocos acumulen riqueza y el resto sobreviva entre la deuda, el miedo y la desesperanza. No habrá solución real desde dentro del sistema. No bastan reformas tibias ni comisiones que «analicen» el problema. Lo que se requiere es una transformación radical: control democrático de los servicios básicos, energía pública al servicio del pueblo, y una ruptura total con el modelo neoliberal que convirtió derechos en mercancías.
El silencio cómplice de la clase política, la arrogancia de las empresas, y la pasividad institucional no pueden seguir siendo la norma. Es hora de llamar las cosas por su nombre: esto es un robo legalizado, un saqueo institucional, y una muestra más de que el capitalismo es incompatible con una vida digna para las mayorías.
