Ha habido huelgas casi cada día; es el caso de muchas escuelas y hospitales a nivel local que protestan contra los recortes y la falta de personal. También los universitarios están preparando movilizaciones por la falta de presupuesto de las universidades y el día 25 comenzó una huelga indefinida de camioneros. Para el 10 de octubre los sindicatos CFDT y Force Ouvrière (FO) convocan huelga en los servicios públicos. Todo esto demuestra que existe el potencial real de organizar a los trabajadores y la juventud en un gran movimiento para echar a Macron.
Mélenchon al frente de la oposición a Macron
Jean-Luc Mélenchon, al frente de Francia Insumisa, es el único representante político que levanta la voz contra la política de Macron, tanto en el parlamento como en la calle. Con siete millones de votos (casi el 20%) en las presidenciales del pasado mes de abril, y 17 parlamentarios se ha convertido en la mayor oposición a Macron. Una encuesta reciente mostraba que el 39% de la población creía que no existía oposición a Macron, frente al 32% que pensaba que sí existía y que era Francia Insumisa, el 14% decía que el Frente Nacional, el 9% la derecha y el 3% el Partido Socialista.
Además de apoyar todas las convocatorias sindicales, el 23 de septiembre Francia Insumisa convocó, junto a los sindicatos, una manifestación en París contra la reforma laboral que reunió a 150.000 personas. En su discurso, Mélenchon afirmó que: “Estamos ante un pulso. Y la batalla no ha hecho más que comenzar”, amenazando “con reunir a un millón de personas en las próximas semanas para seguir demostrando el rechazo a la reforma laboral”. Frente al mensaje de Macron de que “la democracia no es la calle”, Mélenchon le contestó en la propia manifestación: “Fue la calle la que acabó con un rey, con los nazis, fue la calle la que protegió la república, fue la calle la que conquistó los derechos laborales y es la calle, siempre, la que lleva las aspiraciones del pueblo francés” (El País, 24/9/17).
La victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales (con la mayor abstención en segunda vuelta desde 1969) fue recibida con júbilo por los capitalistas europeos; al fin y al cabo, era el candidato creado por los grandes bancos y empresarios europeos. Parecía que el “emperador” Macron, como le calificaron algunos medios de comunicación, tenía el camino allanado para aplicar la política de contrarreformas y austeridad salvaje que exige el capitalismo francés y europeo.
Sin embargo, han pasado cinco meses y su tasa de aprobación ha caído hasta el 35%, un reflejo de su escasa base social. Si triunfó no fue porque representara la “nueva política” libre de corrupción, o porque su programa contara con el apoyo mayoritario de la sociedad. Macron se aprovechó del rechazo histórico a los partidos tradicionales, el Partido Socialista de Hollande y Los Republicanos de Sarkozy —responsables de los ataques a las condiciones de vida y laborales desde hace dos décadas—, y de la movilización del voto de un sector de la población para evitar la victoria del ultraderechista Frente Nacional.
Ataque sin precedentes contra los derechos de los trabajadores
Desde el minuto uno de su presidencia, Macron ha dejado claro que quiere aplicar rápidamente toda una serie de contrarreformas que atacan a los trabajadores, a los jóvenes, a los pensionistas y a los inmigrantes, al mismo tiempo que favorece el enriquecimiento de los empresarios y fortalece el aparato represivo y militar del Estado francés.
La primera medida económica ha sido esta nueva reforma laboral, que endurece aún más la aprobada por el PSF de Hollande, y que provocó una verdadera rebelión social en 2016. Se trata del ataque más importante a los derechos laborales y sindicales desde los años treinta. Elimina en la práctica la negociación colectiva, introduciendo los “acuerdos entre trabajadores y empresa”. Esto significa que los salarios y las condiciones de trabajo dejarán de estar determinados y respaldados por los acuerdos colectivos entre sindicatos y patronal, se podrán negociar en cada empresa y podrán empeorar las condiciones de los convenios estatales (ampliar la jornada laboral, bajar los salarios…). Reduce de manera drástica los derechos sindicales, fusionando los distintos órganos de representación de los trabajadores en los centros de trabajo y en cada sector industrial. También facilita el despido por causas económicas y reduce sustancialmente la indemnización de los trabajadores cuando el despido es improcedente. Prolonga la jornada laboral, permitiendo jornadas de 46 horas semanales o más, y facilita el trabajo temporal y a tiempo parcial.
Pero es sólo la punta del iceberg. El gobierno ha anunciado una serie de medidas que de aplicarse significaría el final del estado del bienestar en Francia: eliminar la contribución de los empresarios para el seguro de desempleo y que éste sea costeado por toda la población a través de un impuesto; endurecer las condiciones para poder cobrar el subsidio de desempleo, y que los parados estén obligados a aceptar cualquier empleo por muy precario que sea o por muy alejado que esté de su lugar de residencia; la reforma del sistema de pensiones el año próximo siguiendo el modelo británico, donde todos tienen una misma pensión mínima y quien pueda tendrá que complementarla mediante la contratación de un seguro privado de pensiones. En sanidad ya se han anunciado las primeras privatizaciones.
La dureza de las medidas aprobadas y anunciadas por Macron y el gobierno de Édouard Philippe demuestra que el objetivo de los capitalistas franceses es destruir todos los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora francesa durante el siglo XX.
No basta con la agitación desde el parlamento o con huelgas limitadas. Es necesaria la lucha unificada de todos los trabajadores. Los dirigentes sindicales y la Francia Insumisa de Mélechon tienen que coordinar los diferentes conflictos que se extienden por todo el país y convocar una huelga general, como primer paso para impulsar una rebelión de masas capaz de derrotar a Macron.
