Saúl Escobar Toledo, México
Las diferencias regionales en México representan uno de los problemas más complejos y lacerantes de nuestra realidad. Estas se acrecentaron durante los años del neoliberalismo ya que la industria manufacturera de exportación se concentró en algunos estados del país, principalmente en la franja que corre de Querétaro y Guanajuato hacia la frontera con Estados Unidos. En cambio, el sur – sureste se mantuvo ajeno a este proceso de industrialización.
Los años de la sustitución de importaciones (1945-1970) que propiciaron un tipo de industrialización distinta, fundamentalmente para el mercado interno, ya habían consolidado algunos núcleos industriales como Monterrey. Sin embargo, con la globalización de fines del siglo XX, algunas entidades lograron beneficiarse; otras tuvieron que cambiar su vocación productiva, como la Ciudad de México; y algunas más se
quedaron sumidas en el atraso económico.
La pandemia y nuevos fenómenos como la inversión pública en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el corredor industrial transístmico y el Tren Maya, por un lado, y el llamado “nearshoring”, es decir la relocalización mundial de empresas e inversiones, por el otro, podrían estar cambiando esas tendencias. De acuerdo con el informe de INEGI, publicado en junio, con cifras de febrero de este año, a tasa anual y con series desestacionalizadas, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas.
Ahora bien, si observamos las cifras en un plazo más largo, comparando los niveles previos a la pandemia con los de 2023, observamos que BCS todavía está muy por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria; en cambio, Chiapas y Tabasco han crecido rápidamente lo mismo que Oaxaca (aunque un poco menos) . Por su parte, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Nayarit a pesar del rápido crecimiento del último año, apenas están llegando a los niveles prepandémicos. Llama la atención la situación de Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa y, señaladamente, Tamaulipas, ya que no se han recuperado del trauma sanitario a pesar de haber sido parte del proceso de industrialización en las décadas
pasadas. También es notable el caso de Campeche pues no se “contagió” del crecimiento de sus vecinos.
Otros estados golpeados por la pandemia y todavía muy postrados son Colima, Michoacán y Veracruz. Por otro lado, además de los estados sureños mencionados, se observa un crecimiento, entre 2018 y 2022, en Baja California, Hidalgo, Nuevo León y Yucatán; y , en menor medida, Sonora, Jalisco, Chihuahua, y Guanajuato.
Otras entidades como San Luís Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, parece que van en vías de recuperación, aunque muestran un nivel de actividad todavía por debajo de los años 2018-2019.
¿Qué podemos señalar con base en estos datos?
Por un lado, que el impacto de las obras de infraestructura del gobierno está dando por resultado un rápido crecimiento industrial en tres estados del sur, quedando fuera, notablemente, Veracruz. Por otro, que las entidades más desarrolladas en las últimas décadas y sede de una mayor industrialización han tenido resultados dispares: mientras algunas entidades como Aguascalientes, Coahuila y, sobre todo, Tamaulipas no han se han recuperado, otras, como Baja California, Nuevo León, Sonora, y Chihuahua , han concentrado, quizás, los beneficios del “nearshoring” y es aquí donde se está concentrado la inversión extranjera.
Tomando en cuenta entonces, únicamente, el crecimiento industrial, y sin discutir por el momento los costos sociales y medioambientales, dos regiones están despuntando: la del sur, conformada por tres estados: Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y las del corredor fronterizo con Estados Unidos, con la excepción de Tamaulipas.
Sin embargo, esta bonanza aún no se refleja en los índices de pobreza laboral: las entidades con mayor porcentaje de personas pobres por los bajos ingresos que recibieron por su trabajo, en el primer trimestre de 2023, fueron: Chiapas (67.2%) , Guerrero (59.8%) y Oaxaca (57.2%) , mientras que Tabasco permanece en un nivel intermedio, cercano al 40%. Los estados norteños tienen una pobreza laboral mucho menor: en números redondos, Baja California (18%) , Nuevo León (22%) , Sonora (30%) y Chihuahua (28%) las cuales se sitúan por debajo del promedio nacional ( 37.7%). Además, en Chiapas, la pobreza laboral aumentó casi 2 puntos porcentuales en el último año en tanto que nivel nacional ésta disminuyó 1.1%.
De la misma manera, la informalidad laboral en los tres estados sureños que crecieron significativamente en los últimos dos o tres años, sigue siendo muy alta: Chiapas (74%); Oaxaca (80%) y Tabasco (62.1%), mientras que en las entidades fronterizas es sensiblemente menor: BC ( 37.8%) Nuevo León (36.7%) Sonora (41,7%) y Chihuahua (34.1%).
Todo ello muestra que la inversión pública ha generado crecimiento, pero aún es un fenómeno incipiente que no ha logrado modificar sensiblemente la pobreza y la informalidad laboral. Se trata de un proceso que apenas empieza y que no necesariamente está provocando un bienestar generalizado, quizás sólo “islas” de prosperidad dentro de una región históricamente rezagada, con la posible excepción de Tabasco, estado en el cual la pobreza laboral disminuyó en -0.4% en el último trimestre.
En el otro extremo del país, en la región fronteriza norteña, la pobreza laboral, ( entre el IV-2022 y el I-2023), aumentó en Chihuahua en más de 4 puntos porcentuales y en Sonora 1.9%; aunque en BC se redujo en 1.6%, y en NL 0.1%. También en esta región se pude detectar un crecimiento desigual que no va acompañado necesariamente de un bienestar generalizado. Hay que agregar, no obstante, que Tabasco y Baja California destacan debido que el impacto de la pandemia se pudo superar pronto, y entre 2019 y 2021 el primero creció en casi 12% y el segundo en más del 4%.
La brecha regional probablemente se esté cerrando si nos atenemos al crecimiento industrial y al del producto total: por ejemplo, la distancia, medida por el producto a precios constantes, entre Baja California y Tabasco, se redujo en dos años, de 1.28 a 1.19 es decir, en 7%; y, si tomamos el producto de los tres estados sureños y los cuatro fronterizos, la distancia se acortó en 6%.
Estos números, sin embargo, no reflejan las condiciones sociales vigentes y los riesgos que provocan las nuevas inversiones. De ahí la necesidad de fortalecer la inversión pública en infraestructura productiva y, destacadamente, en bienestar social (educación salud, cuidados, protección del medio ambiente, ordenamiento urbano) tanto en el sur como en el norte y desde luego en otras regiones del país, particularmente los casos, hasta ahora, fallidos como Veracruz, Tamaulipas y Campeche; y las regiones que todavía no ven una mejoría, particularmente Colima, Guerrero y Michoacán; Tlaxcala y Puebla; y Durango y Zacatecas.
Frenar la inversión pública no sólo agravaría las brechas regionales. Llevaría al país a un fracaso monumental, dejando inconclusos proyectos que apenas comienzan; sometería a la población a la inercia del crecimiento depredador (sobre todo de las grandes multinacionales exportadoras); y convertiría el nuevo empuje de las inversiones privadas, foráneas y nacionales, en un auge desordenado y excluyente, como ya se vio en las décadas pasadas. Se han abierto nuevas opciones de desarrollo. Para que éstas den como resultado una prosperidad compartida, se requiere una conducción responsable del Estado con la participación de la población afectada por las obras en curso y las que se
decidan en el futuro.
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