Radio Universidada de Chile
Columna del Director Patricio López P.
Las isapres, condenadas por cometer una persistente ilegalidad, que fue apropiarse indebidamente por l vía de cobros de una cifra millonaria que afecta a miles de ciudadanos cotizantes, osan ahora con total carencia de pudor hacer una declaración agresiva, victimizándose y acusando a las instituciones de la República de “ideológicas” por hacer cumplir la ley y procurar que el dinero vuelva al bolsillo de los usuarios, desde donde nunca debió salir.
Pedir que el Estado se haga cargo de montos que con probabilidad fueron a aumentar el patrimonio de los propietarios de las isapres y no a la atención en salud de los cotizantes es, además de impropio, un nuevo capítulo de la larga historia de pretender privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, práctica que tiene lamentables capítulos en la historia de Chile. Durante casi una década, sucesivos fallos de la Corte Suprema vinieron señalando que la práctica de cobro era ilegal, sin embargo, las isapres siguieron incurriendo en ella hasta que la Justicia decidió agrupar todos los casos y dictar una sentencia general. Pero estas instituciones, en vez de ruborizarse o guardar silencio, han llevado durante meses una estrategia político-comunicacional de asedio al Gobierno para que les resuelva el problema.
Es cierto que el Estado no puede abandonar a los usuarios, pero no deja de resultar asombroso que solo ahora sean importantes y no antes, cuando se acumulaban ganancias (incluso ilegalmente) millonarias. Pero no cualquier tipo de usuario: recordemos la frase del ex gerente general de la Asociación de Isapres, Rafael Cavieres, en abril de 2019, según la cual “no puede, el sistema Isapre, darse el lujo de recibir gente enferma”.
Técnicamente, el servicio provisto por las aseguradoras privadas ha sido caro e insuficiente. Durante años, cuando convino, la exigencia era que el Estado no se metiera en un negocio privado y multimillonario. Pero ahora, recién ahora, cuando hay que pagar lo mal habido, se quiere transformar éste en un problema público. El asunto ha sido enfrentado por los poderes Judicial y Ejecutivo con especial consideración hacia estas empresas: a diferencia de las personas de a pie, con quienes el sistema es inflexible en el cumplimiento de los plazos para pagar deudas, en este caso se han buscado fórmulas de gradualidad y se ha ampliado el plazo. Pero ahora se devela en su desparpajo la pretensión de las isapres: no quieren más tiempo para pagar, quieren simplemente que el dinero salga del erario público, es decir, de todos nosotros.
Si para algo sirviera este insólito episodio, que sea para subrayar que el sistema de salud siempre ha sido un problema público, un derecho humano universal que le corresponde a los Estados cautelar. Pero cuando se ha querido innovar para que efectivamente haya esta mirada en el sistema chileno se ha estigmatizado bajo el argumento de que sería ideológica y sesgada, como si la privatización de un derecho y su mero traspaso al mercado no lo fuera.
