Verónica Figueroa Huencho
RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE. Domingo 2 de agosto 2020
Al racismo no se le debe ceder ningún espacio. Es nuestro deber denunciar, informar, educar, reflexionar, pero sobre todo actuar. Actuar desde nuestros entornos, desde nuestras realidades, desde nuestras precariedades y privilegios.
Duele el racismo. Avergüenza. Los hechos ocurridos este fin de semana en Curacautín, pero también en Ercilla, Victoria y Traiguén pueden constituir para muchas y muchos hechos aislados. Sin embargo, tienen raíces profundas en nuestra historia, pero también en nuestro presente y futuro. Hoy se expresan en los gritos de ¡El que no salta es mapuche!, en el accionar de la fuerza pública, en las declaraciones que se permiten altas autoridades políticas, en las demandas que no han sido atendidas a 90 días de la huelga de hambre que mantienen 27 presos mapuche, entre ellos la autoridad ancestral del pueblo mapuche Celestino Córdova. Tal como ha señalado la defensa, la petición del machi no es cambiar el resultado del juicio por el que ha sido condenado a 18 años de cárcel, sino que pueda cumplir al menos 6 meses de esta pena en su rewe, no como una concesión sino como una aplicación del artículo 10º del Convenio 169 de la OIT y como parte de lo establecido en la Constitución Política, artículo 19, inciso 7, letra d). El machi debe cumplir un rol en su territorio. Estamos hablando, por lo tanto, de avanzar hacia una interculturalidad que ni significa privilegios, sino ejercicio efectivo de derechos.
El Estado-nación es responsable de esta situación, de esta asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, a la que se ha invisivilizado utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder, hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación, las representaciones culturales. Desde esa perspectiva, han sido más de 200 años en los que el racismo ha tenido espacios de maduración, aún cuando no fuera explícito. La ridiculización de nuestros apellidos, la subalternización de nuestros rasgos, los prejuicios respecto de nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra existencia, han sido expresiones cotidianas de ese racismo.
Sin embargo, desde mediados de los años noventa, los pueblos indígenas hemos emergido con fuerza como actores políticos, consientes de nuestros derechos y de las limitaciones que nos ha impuesto el Estado para vivir en plenitud nuestra existencia. Pero la institucionalidad no ha respondido con la misma velocidad. No tenemos en Chile una Constitución que defina un Estado plurinacional que reconozca nuestra preexistencia, no existe reconocimiento constitucional, no contamos con instancias de representación política ni con espacios específicos de formulación de políticas públicas indígenas. Tampoco se han adecuado las normas jurídicas ni se ha avanzado en el reconocimiento de derechos colectivos. El Estado de Chile ha ratificado la la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero han resultado en actos simbólicos.
Las declaraciones emitidas por el ministro Víctor Pérez en la Araucanía, respecto de la existencia de grupos terroristas, armados y violentistas, expresan un ideario que ya ha sido expresado por otras autoridades en anteriores gobiernos, sin importar su color político. A esto se suma la respuesta institucional y la libertad que sienten algunos grupos de expresar frases de odio que hemos visto este fin de semana. Estas posturas no han hecho más que aumentar la desconfianza, y revive hechos recientes donde la incomprensión y el racismo han cobrado vidas mapuche: Camilo Catrillanca, Alejandro Treuquil, Edmundo Alex Lemun, Matías Catrileo Quezada, Macarena Valdés, entre tantas y tantos otros.
No podemos tolerar estas situaciones. Al racismo no se le debe ceder ningún espacio. Es nuestro deber denunciar, informar, educar, reflexionar, pero sobre todo actuar. Actuar desde nuestros entornos, desde nuestras realidades, desde nuestras precariedades y privilegios. Es nuestro deber exigir a las autoridades que hagan efectivo el cumplimiento de los Pactos y Convenios que ha ratificado, y que actúe con celeridad y altura de miras en avanzar hacia soluciones concretas. Queremos una sociedad intercultural, plural, equitativa.
La ignorancia alimenta el racismo. Debemos detenerla HOY.
La autora es académica del Instituto de Asuntos Públicos y senadora, ambos de la Universidad de Chile.
