Hurtos en Venezuela

Mg. José A. Amesty Rivera

Las sanciones, petroleras y financieras, el bloqueo económico de fondos y activos, las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, por parte de EEUU, por lo menos, a partir del año 2014, rayan en la vergüenza, la incredulidad y en la ignominia.

Los fondos del Banco Central de Venezuela, en manos del Tesoro estadounidense, los depósitos en bancos europeos, y el oro venezolano en las arcas del Banco de Inglaterra, son recursos a los que Venezuela no ha podido acceder, ni siquiera en momentos críticos como la pandemia de Covid-19, cuando la mínima sensibilidad humana debería haber motivado su liberación.

Repasemos las llamadas «órdenes ejecutivas»:

1. El 18 de diciembre de 2014, siendo presidente Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley 113-278, denominada Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela, Acto 2014. Esta Ley se convierte en el marco legal para que el presidente de Estados Unidos, pueda imponer sanciones dirigidas a las personas responsables por violaciones de derechos humanos contra los protestantes antigubernamentales.
2. Dentro de esta ley, la primera sanción fue, en marzo 8 de 2015, la Orden Ejecutiva 13692, que se fundó en la situación de Venezuela. Esta situación erosionaba, supuestamente, la garantía de los derechos humanos en el país, a través de acciones como las persecuciones políticas a los oponentes del gobierno, la falta de garantías para la libertad de prensa, el uso de la violencia, las violaciones a los derechos humanos y la detención arbitraria de opositores, las cuales constituían una, aparente, amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. La orden bloquea la propiedad, la transferencia o los pagos a las propiedades, la posesión o el control de bienes e, inclusive, las donaciones que puedan recibir, y prohíbe la entrada a Estados Unidos a los miembros del gobierno en cuestión, salvo autorización de la Secretaría de Estado norteamericana.
3. La segunda Orden Ejecutiva 13808 de 24 de marzo de 2017, generada en razón al establecimiento de una Asamblea Constitucional, considerada ilegítima, prohíbe las transacciones de personas o de empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, la compra de bonos y el pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente al Gobierno de Venezuela.
4. Un año después, se expide la tercera Orden Ejecutiva 13827 de marzo 19 de 2018, que reacciona ante la creación de la moneda digital por el Gobierno de Venezuela, y la califica como un intento del Gobierno venezolano de evadir las sanciones anteriormente impuestas. Por esta razón, prohíbe la provisión, las transacciones y el financiamiento con esta moneda digital por parte de personas estadounidenses o que se encuentren en Estados Unidos.
5. La quinta Orden Ejecutiva, número 13850 de noviembre 1 de 2018, llega medio año después y, por medio de ella, se bloquean las transacciones relacionadas con propiedades en Estados Unidos y que operen en el sector oro de la economía venezolana. También bloquea aquellas transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, con proyectos o con programas gestionados por el Gobierno venezolano.
6. Menos de tres meses después, entra en vigor la sexta Orden Ejecutiva 13857 de enero 25 de 2019, que aclara que para las órdenes anteriormente dictadas se entenderá por Gobierno de Venezuela, al Estado de Venezuela y cualquier subdivisión política, agencia, Banco Central de Venezuela y PDVSA y cualquier persona que haga parte o que esté controlada directa o indirectamente por el régimen de Maduro.
7. La Orden Ejecutiva 13884, tiene fecha de agosto 5 de 2019, y ordena el bloqueo de todas las propiedades e intereses del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos o que entren a futuro en Estados Unidos y prohíbe cualquier tipo de transacción con estos. http://www.scielo.org.co/sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela: consecuencias regionales.

En el marco de estas, y otras, «órdenes ejecutivas imperiales», se han dado los dos robos más groseros y vulgares a Venezuela, por parte de EEUU e Inglaterra, a saber: la refinería Citgo, y las reservas de oro de Venezuela, que son dos ejemplos reveladores de la intervención extranjera y el despojo por parte de EEUU e Inglaterra hacia Venezuela. Elliott Abrams, Oposición en riesgo por Citgo, Leopoldo Puchi.  

Veamos una breve historia y pasos del ramplón robo de CITGO a Venezuela:

CITGO, es la abreviatura de «Cities Service To Gasoline Company», reflejando su enfoque en la comercialización de gasolina. En 1983, CITGO es adquirida por Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Esta adquisición permitió a Venezuela acceder al mercado estadounidense de manera directa. CITGO opera refinerías y terminales en Luisiana, Texas e Illinois y tiene una extensa red de estaciones de servicio en todo el país. Su estimado valor en el mercado es, más o menos, entre 35 y 40 mil millones de dólares.

A principios de los años 90, Citgo extendió su red de refinación al comprar la refinería Savannah, en Georgia (sureste), y el 50% de la refinería Lyondell, con sede en Houston, Texas (sur), entre otras adquisiciones. Para ese entonces se refinaban hasta 1,25 millones de barriles diarios de petróleo.

La empresa atravesó una serie de vicisitudes a principios de los 2000. El expresidente Hugo Chávez (1999-2013) anunció en 2010 la venta de Citgo, debido a las pérdidas que acarreaba desde 2006. Sin embargo, se vendieron algunas refinerías, oleoductos y estaciones de servicio, pero la firma siguió en manos venezolanas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, el Gobierno de Nicolás Maduro afrontó una crisis económica que también impactó en la empresa.

En 2018, el juez Leonard Stark falló a favor de la empresa canadiense Crystallex, que había demandado a Venezuela por haberle revocado derechos de explotación minera en territorio venezolano. La sentencia autorizaba la venta de acciones de Citgo para pagar la deuda con la canadiense.

El momento más crítico llegaría en 2019, cuando el exdiputado opositor, Juan Guaidó, asumió la gestión de Citgo y otros activos en el exterior. Ese mismo año, el Gobierno de Maduro intentó recuperar el control de la compañía y llevó el caso a la Corte de Delaware, pero la justicia estadounidense respaldó a Guaidó.

Citgo se dedica a refinar, comercializar y transportar combustibles y productos industriales a base de petróleo. https://latamnews.lat/20221013/que-es-citgo-la-petrolera-venezolana-que-se-robo-eeuu-1131492709.html.

El robo oficial del complejo de refinerías, con sede en Illinois y Texas, es otro capítulo del proyecto de Guaidó y de Estados Unidos para llevar la «libertad» y la «democracia» a Venezuela. Tanto las administraciones demócratas como las republicanas, siguen robando activos venezolanos en el exterior: Comenzó en 2015, con el decreto presidencial de Obama, que declaró a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos»; continuó bajo Trump como crimen organizado, y ahora Biden sigue el mismo camino. El robo de CITGO, se produjo pocos días después de que el hombre de Washington en Venezuela, Juan Guaidó, aterrizara en Miami, después de que su propio partido lo descartara como candidato presidencial para las elecciones de 2024.

La CITGO Petroleum Corporation, valorada en 8.000 millones de dólares, con beneficios anuales de 1.000 millones de dólares, antes de que la administración Trump se la regalara al impostor Guaidó en 2019, ha sido objeto de deseo de al menos 11 corporaciones multinacionales, entre ellas el fabricante de armas estadounidense Northrop Grumman, la petrolera estadounidense ConocoPhillips y la minera de oro canadiense Crystallex, desde años antes de que comenzara la última intentona golpista contra Venezuela.

Estas corporaciones, cuyos activos o filiales venezolanas habían sido nacionalizados durante la época en que Hugo Chávez era presidente, están tratando de obtener «reparaciones» multimillonarias del Estado venezolano, a través de demandas en tribunales de todo Estados Unidos, Canadá y Europa, haciendo caso omiso de la soberanía de los Estados independientes, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas. Como el gobierno venezolano se niega a ser extorsionado por estos ladrones transnacionales, han recurrido a medios ilegales bajo los auspicios del gobierno estadounidense.

El gobierno de Venezuela denunció la expropiación ilegal de su activo estatal, calificando de «malandros» al gobierno estadounidense y a la oposición golpista. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la ilegalidad de la medida en una rueda de prensa: «No queda nada en el planeta que no hayan violado con esa licencia (la Licencia General 42 de la OFAC)». Añadió que el gobierno venezolano «no reconocerá ningún tipo de acuerdo de pago, con ningún acreedor que no sea negociado y acordado por el Estado venezolano».

«No reconocemos ninguna ley que no sea competencia de la República de Venezuela y, por lo tanto, seguiremos actuando correctamente por el país», dijo.

La delegación venezolana en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (centrados en la mejora de la gobernanza y la lucha contra la corrupción) también alzó su voz para condenar las sanciones unilaterales y el robo de CITGO. https://www.elviejotopo.com/topoexpress/el-gobierno-de-eeuu-roba-a-venezuela-las-refinerias-de-citgo/. 

Veamos ahora los movimientos y una breve historia del oro robado a Venezuela:

1. Todo empezó en 2018, cuando el Banco de Inglaterra se negó por primera vez a liberar el oro de Venezuela, 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra, depositado puntualmente en Reino Unido.
2. ¿Por qué se da esta acción bandolera?, la institución financiera se amparó en las dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue reelecto ese año, durante el lapso de renovación de los poderes del Estado tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
3. De allí, a principios de 2019, basado en la autoproclamación de Juan Guaidó, como «presidente» de Venezuela, el Banco de Inglaterra consiguió la justificación necesaria para seguir congelando el oro venezolano. En ese momento se plegó a la narrativa imperial y asumió el discurso del llamado «vacío absoluto de poder» supuestamente dejado por Maduro.
4. Lo que vino después fue esperado, el gobierno del Reino Unido, reconoció formalmente a Juan Guaidó, lo que desencadenó una prolongada y extenuante batalla legal sobre quién tenía derecho a decidir sobre el oro venezolano. El proceso legal se centró en el reconocimiento declarado de Guaidó, por parte del Reino Unido, que le permitía tranzar activos estatales venezolanos a su «gobierno», transferencia que nunca ocurrió. Esta espiral leguleya lo que hizo fue prolongar la permanencia del oro en las arcas del banco inglés.
5. Luego de pasar por varias apelaciones del gobierno venezolano, para que se libere el oro venezolano, rechazadas todas, el Tribunal de Apelación de Londres, ordenó que una corte comercial, decida qué sucede ahora con el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, dado que el opositor Guaidó, ya no es reconocido en el Reino Unido como presidente encargado de Venezuela. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-robo-retencion-oro-banco-ingles-20220803-0038.html. https://misionverdad.com/venezuela/revelan-pruebas-sobre-como-fue-secuestrado-el-oro-venezolano.
6. Finalmente, en este contexto, Elliott Abrams, político y diplomático estadounidense, quien trabajó para los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush; Abrams, fue, además, condenado por el escándalo Irán–Contra mientras servía a Reagan, pero fue indultado por George W. Bush; recientemente ha publicado un artículo instando a la Casa Blanca a retrasar la subasta de Citgo. Abrams publicó su artículo en el portal del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en el que sostiene que efectuar la subasta de Citgo, en este mes de julio, podría ser perjudicial para la oposición venezolana y beneficiar políticamente a Nicolás Maduro. Abrams no se preocupa por el despojo, sino que se inquieta porque esta medida impopular tendría repercusiones negativas entre el electorado, ya que perjudicaría gravemente al país.

La subasta, que es considerada «extraordinaria y rara», está programada para el 15 de             julio 2024, justo antes de las elecciones del 28 de julio. En vista de esta coincidencia, Elliott Abrams sugiere que la Casa Blanca, retrase la audiencia unas semanas, con el fin de evitar posibles repercusiones electorales desfavorables para los sectores de oposición que controlan Citgo.

Abrams señala que la administración Biden, tiene la capacidad de retrasar esta subasta. Una   simple carta del Secretario de Estado, instando a un breve aplazamiento, podría ser suficiente para evitar que esta subasta ponga en evidencia a la oposición en pleno proceso electoral. Elliott Abrams: oposición en riesgo por Citgo, Leopoldo Puchi.