Santiago, sábado 11 de septiembre de 2021
Estimada Coordinadora
Manuela Royo
Estimado Coordinador
Roberto Celedón
Comisión de Derechos Humanos Convención Constitucional
Les saludamos y nos dirigimos a ustedes con el mayor de los respetos, pues hemos dedicado
nuestras vidas a la construcción de una democracia plena y respetuosa de la dignidad humana.
Hoy ustedes se encuentran trabajando duramente para que la constitución nos permita avanzar
en ese sentido. Es por esto que no podemos guardar silencio frente a los intentos por tergiversar
la realidad que han desplegado para defender el secreto de 50 años impuesto al Informe de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I).
Afirmamos que jamás fuimos consultados y menos aún suscribimos documento alguno pidiendo
tal secreto. Vemos con toda claridad que las defensas al secreto responden al menos a tres
formas muy concretas en que se da esa tergiversación.
- La primera es cuando se afirma que fuimos a declarar sabiendo que existiría un secreto de
50 años sobre nuestros testimonios. Eso jamás ocurrió, puede revisarse la historia de la ley e
incluso el mismo informe Valech I, donde se sugiere mantener en reserva y no en secreto los
testimonios. La diferencia entre reserva y secreto, si bien sutil, es irreductible y cuando se trata de
hacer pasar una por otra no podemos sino suponer mala fe. - La segunda es cuando se afirma que el secreto busca proteger a las víctimas, cuando en
realidad ocurre todo lo contrario. Es más, el agravio de muchas víctimas frente al secreto es tal,
que llevamos décadas luchando de todas las formas posibles por su levantamiento. Ahora bien, al
contrario de quienes defienden el secreto, no pretendemos hablar por todo el universo de
víctimas, pero como Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, somos la orgánica
que agrupa a la mayor cantidad de víctimas, y nuestra trayectoria de lucha es de décadas. Nuestra
legitimidad para hablar por los luchadores sociales que sobrevivimos a la dictadura es,
incuestionable. - Una tercera forma en que se tergiversa lo ocurrido es cuando se dice que siempre hemos
sido libres para, individualmente, buscar justicia. Esto, que es teóricamente efectivo, debe ser
contrastado con la realidad: la posibilidad de que el poder judicial acceda a nuestros testimonios
es resultado de una larga lucha, y además, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo estatal para
desarrollar los larguísimos procesos judiciales.
Esto último es esencial, puesto que el secreto Valech representa una paradoja infausta por parte
de Chile, en la medida en que el propio Estado que declara su disposición a reconocer la verdad,
luego la esconde y con ese acto obstaculiza su propia obligación de investigar y sancionar algunos
de los crímenes más horrendos de la historia humana. El caso de la base de datos que sigue bajo
secreto es probablemente el mejor ejemplo de esta situación. Esta es una herramienta que cruza
toda la información con que se cuenta en torno a violaciones masivas a los derechos humanos en
lo relativo a prisión política y tortura por parte del Estado de Chile en dictadura, y sería sin duda
una herramienta fundamental para acelerar los procesos de justicia y así impedir la impunidad
biológica. Pero siguen las maniobras de ocultamiento y negación.
Esto nos lleva al último punto que queremos destacar. Para que pueda existir una democracia sana
y plena, la impunidad es un flagelo que debe ser erradicado. No solamente porque la justicia es un
pilar fundamental de la justicia transicional, cuya relación con la reparación integral y las garantías
de no repetición es absoluta. Sino que también porque la impunidad a las violaciones a los
derechos humanos envía una señal de amenaza constante a quienes se movilizan para transformar
la realidad, y que lamentablemente se ha hecho efectiva una vez más luego del 18 de octubre del
2019.
Como país llevamos prácticamente 50 años con nuestra comunidad nacional dividida y herida.
Tenemos la oportunidad de comenzar a reparar en serio, pero eso requiere tomar también en
serio lo que significa asumir plenamente los principios de la justicia, la verdad, la memoria, la
reparación y las garantías de no repetición.
Estamos absolutamente convencidos que ese camino no se puede transitar sin levantar el secreto
sobre nuestros testimonios impuesto en la Ley 19.992. Es la hora de la Verdad, la Justicia y la
Reparación Integral.
Remite: Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares
Distribución adicional: Casilla de ingreso de documentos Convención Constitucional
