Y también a Claudio Orrego cuando, siendo Ministro de Bienes Nacionales (gobierno de Ricardo Lagos), tuvo una oscura actuación en el caso Clarín, trabajando de manera subrepticia contra la libertad de prensa y de opinión. La “Decisión Nº 43” confirma lo dicho.
Arturo Alejandro Muñoz
Durante años el establishment respiró tranquilo porque había sido capaz de asesinar a casi todos los medios escritos que no estaban bajo su absoluto control. Análisis, Apsi, Hoy, La Época, Fortín Mapocho, Cauce, Página Abierta, Los Tiempos, Siete más Siete, Diario Siete, Plan B, Rocinante, son algunos de los diarios y revistas que el duopolio binominal aniquiló por medio de la negación del avisaje estatal o, lisa y llanamente, mediante la persecución laboral y política desatada contra quienes dirigían y trabajaban en esos medios.
Pero, resurgió desde las cenizas el caso ‘Clarín’ cual crónica de un renacimiento anunciado. A partir de ese momento, los socios de la dictadura perfecta (Alianza y Concertación) pusieron en marcha una maquinaria aceitada expresamente para degollar cualquier intento por restablecer la libertad de información y de expresión, aun si ello significara desmentir cínicamente el verbo principal del duopolio, convertido en mito, ese que dice: » Chile, paraíso latinoamericano de la libre empresa».
Hasta el mismo día martes 11 de septiembre de 1973, ‘Clarín’ era el diario de mayor venta en Chile. Ni siquiera requería avisaje estatal, empresarial o comercial para mantenerse al tope de la circulación nacional con su tirada de doscientos mil ejemplares diarios, número que se duplicaba los domingo. Su eslogan «Firme junto al pueblo» constituyó un sello durante toda su existencia, y fue copiado después por el semanario ‘The Clinic», que trató de imitar al popular periódico, tal cual lo intentó fracasadamente ‘La Cuarta’, diario de farándula y crónica roja del grupo duopólico COPESA-La Tercera, perteneciente al empresario pinochetista Álvaro Saieh y su grupo CORPBANCA.
SAINTE MARIE, ‘VOLPONE’
‘Clarín’ fue fundado en el año 1954 por Darío Sainte Marie, cuyo seudónimo periodístico era ‘Volpone’, quien usó la ingeniosa frase «Cavernarios, el pensamiento no se multa ni se encarcela«. Boliviano de nacimiento (Santa Cruz de la Sierra) y chileno por adopción, Sainte Marie levantó un verdadero imperio con el diario popular, que era temido, amado, envidiado y odiado por la clase política, pero esperado con ansias por sus lectores cada madrugada.
El periodismo como herramienta de poder lo capturó. Fue director de Zig Zag y en Estados Unidos ejerció como editor de Associated Press. Allí su círculo se amplió. Conoció a presidentes, dictadores y políticos de toda América Latina. De la mano de Carlos Ibáñez del Campo desembarcó nuevamente en el periodismo al ser nombrado director de La Nación. Diariamente se reunía con el presidente Ibáñez y luego hacía punzantes titulares que muy pronto lo harían famoso.
En 1954, siendo director de La Nación, Sainte Marie convenció a Ibáñez de crear un diario de la tarde al que llamaron Clarín. Fue un gran fracaso. Volpone finalmente logró que Ibáñez le vendiera Clarín en unos pocos pesos. Lo transformaron en matutino y en la campaña presidencial del ’58, Ibáñez decide apoyar a Allende en contra de Alessandri y puso a La Nación, y en especial a Clarín, al servicio de Allende. Cuando asumió Alessandri, sacaron a patadas a la gente de Clarín del edificio de La Nación. Se refugiaron en un departamento que tenía uno de los directores de Clarín, Román Alegría Rodríguez. En calle Lira estaba la imprenta Horizonte, del Partido Comunista, y ahí se imprimía el diario.
Fue entonces que Volpone, llevó a su máxima expresión la capacidad de hacer portadas irónicas, hilarantes y tan destructivas para sus enemigos como favorables para sus amigos. Con el tiempo, ‘Clarín’ se transformó en su más poderosa arma de influencia.
En la campaña presidencial de 1970, Sainte Marie decidió jugar sus cartas a favor de dos candidatos: Radomiro Tomic (PDC) y Salvador Allende (PS), con quien mantenía una larga y a veces conflictiva amistad.
VÍCTOR PEY LLEGA AL RESCATE DE ‘CLARÍN’
Sin embargo, el año 1972 Sainte Marie enfrentó dificultades económicas serias al mismo momento que su relación con el Presidente Allende experimentaba ciertos quiebres. Volpone recurre entonces a otro de sus amigos, Víctor Pey Casado, ingeniero español que había llegado a Chile a bordo del ‘Winnipeg’ en 1939, luego de la guerra civil ibérica. Pey, un republicano que defendió la ciudad de Barcelona contra los ataques de las tropas fascistas de Franco, era también amigo de Allende y de otro español, Joan Garcés -abogado y cientista político de fuste- que asesoraba al Presidente socialista. Sainte Marie le pide a Pey que compre el diario.
Víctor Pey pagó un millón doscientos mil dólares (US$1.200.000) y adquirió el total accionario del ‘Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.’, al cual pertenecía ‘Clarín’…ello ocurrió en el mes de septiembre de 1972. Sainte Marie viajó a Europa a objeto de someterse a tratamientos médicos ya que su salud se encontraba seriamente deteriorada, y Víctor Pey asumió las riendas del diario popular, donde mantuvo al equipo periodístico -así como a la línea editorial- y al director, Alberto ‘Gato’ Gamboa, quizá el mejor editor y titulador periodístico que haya existido en la prensa chilena.
Sainte Marie, en marzo de 1972 se fue a España y pidió a Pey formalizar en Madrid el asunto de la venta. Obviamente, Pey no deseaba regresar a España mientras estuviese Franco en el poder. Acordaron entonces reunirse en Estoril (Portugal), donde finalmente se firmó el contrato de venta. Pocos meses más tarde, en septiembre de 1972, volvieron a reunirse, esta vez en Suiza. El vendedor (Sainte Marie) entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco. El comprador (Víctor Pey) pagó un millón doscientos mil dólares. Con ese dinero, Sainte Marie compró tres o más departamentos en el edificio Colón, en esa época uno de los más elegantes y caros de Madrid.
Consciente de que administrar una empresa como ‘Clarín’ no sería tarea fácil en el futuro, Pey pactó – casi al finalizar el año 1972- la venta de una parte de las acciones a tres amigos: Emilio González (DC), Jorge Venegas (PS) y Ramón Carrasco, abogado del diario. Pero el mencionado pacto sólo indicaba que tanto el precio como la forma de pago se convendrían una vez que se estabilizara la economía chilena (que en ese momento atravesaba por una crisis severa). Sin embargo, llegó el golpe de estado y jamás hubo pago ni traspaso efectivo alguno de acciones.
El martes 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas golpistas irrumpieron violentamente en las instalaciones de ‘Clarín’, destrozaron todo lo que se les cruzó en el camino y se robaron la nueva rotativa GOSS, cuyo destino hasta ahora sigue siendo un misterio. Además, la vieja rotativa en uso pasó a manos del Instituto Geográfico Militar. El local del diario fue utilizado por los golpistas como un centro de detención y tortura llamado ‘La Firma’, que estuvo a cargo de Carabineros y sus organismos SICAR, DICOMCAR y Dirección de Inteligencia.
Ese mismo trágico día, 11 de septiembre, en La Moneda junto a Allende se encontraba Joan Garcés, mientras Víctor Pey se quedó en la residencia presidencial de Tomás Moro. El Presidente le solicitó a Garcés que se retirara del palacio de gobierno para que «contara al mundo lo que había sucedido en Chile». Pey se asiló en la embajada de Venezuela, pues las fuerzas golpistas habían dado orden de ‘eliminarlo en el acto no bien se le encuentre’.
LA MAFIA MILITAR GOLPISTA
De inmediato, la dictadura chilena puso en movimiento los mecanismos jurídicos a objeto de apoderarse legalmente del diario, aprovechando que manejaba a su antojo a un medroso y servil Poder Judicial.
Los militares allanaron la ex oficina de Víctor Pey, dinamitaron la caja fuerte y extrajeron los documentos firmados en Estoril. Allí estaban las acciones de ‘Clarín’ y el contrato de venta firmado en Portugal. El subsecretario del interior, coronel Enrique Montero, junto con el Contralor General de la República, Lorenzo de la Maza, tuvieron que reconocer ante la prensa lo que era indesmentible: «de los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey Casado todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos (…) resulta que fue este quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín , efectuando los pagos correspondientes».
Entonces, en un acto desesperado, la Junta Militar decidió confiscar todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, a través del decreto 580, mediante el cual expresamente se liberaba de ‘toda confiscación’ a Emilio González y Jorge Venegas, los ‘supuestos’ socios de Pey que, en rigor y jurídicamente, nunca pagaron a aquel lo acordado pero, que, extrañamente, contaban con el respeto de los tiranos.
El año 1975 falleció el dictador español Francisco Franco Bahamonde y los antiguos republicanos, como Víctor Pey y Joan Garcés, pudieron por fin regresar a su patria sin el temor de ser detenidos apenas pusiesen pie en tierra española. En Madrid, ambos amigos del fallecido mandatario chileno, formaron la Fundación Presidente Allende, a la que Víctor Pey traspasó legalmente el 90% de sus derechos accionarios de la empresa ‘Clarín’.
Al retornar la democracia el año 1990, Pey solicitó al gobierno de Patricio Aylwin la devolución y reparación de los bienes incautados ilegalmente por el Estado de Chile. El gobierno de Aylwin guardó silencio y no respondió al requerimiento. Lo mismo hicieron posteriormente los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos Escobar. Entonces, Pey recurrió a la instancia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El día 20 de abril de 1998 el CIADI aceptó tramitar lo solicitado.
LA NUEVA MAFFIA «DEMOCRÁTICA»
El gobierno chileno, casi como reacción mecánica, solicitó al CIADI que se declarara incompetente en ese caso. Su tesis era que de acuerdo a la legislación vigente en Chile, todo ciudadano chileno estaba inhabilitado para litigar contra el Estado en una instancia reservada para arbitrajes internacionales.
Pero Joan Garcés negó en el proceso en el CIADI que Víctor Pey fuese ciudadano chileno, ya que la Junta Militar le había prohibido ingresar al país retirándole el pasaporte, con lo cual el Estado de Chile desconocía oficialmente los beneficios del Convenio de Doble Nacionalidad entre España y Chile, vigente desde 1958. Además, en el año 1996 Víctor Pey había renunciado a la nacionalidad chilena, lo que fue comunicado por España a Chile, cuyo gobierno (Frei Ruiz-Tagle) lo inscribió de inmediato como ‘extranjero’.
Pese a ello, el año 1995 Pey ofreció al gobierno de Frei Ruiz-Tagle un acuerdo amistoso: que el Estado lo indemnizara por los bienes confiscados, y con ese dinero volver a editar Clarín. No obtuvo ninguna respuesta.
Tres años después (1998), el gobierno chileno, muy contrariado por el fracaso de sus intentos judiciales para destruir completamente la posible reedición del diario popular, inició los trámites para pagar indemnización a los ‘supuestos’ co-propietarios del diario Clarín: Emilio González, Jorge Venegas y Ramón Carrasco, aquellos dudosos amigos de Pey que nunca pagaron el dinero pactado. Es en este punto donde entra en escena el abogado Enrique Testa, contratado por el Comité de Inversiones extranjeras (dependiente del Ministerio de Economía) para realizar un estudio externo del caso Clarín.
Testa había sido el primer interventor de un Banco en el gobierno de la Unidad Popular (Banco Israelita), y lo primero que hizo fue ofrecer comprarles los inexistentes derechos accionarios a González, Venegas y Carrasco a través de una recién formada sociedad anónima -ASINSA- cuyo capital era de tan sólo cien mil pesos ($100.000), la que logró adquirir los derechos hereditarios y gananciales de los parientes de la viuda de Emilio González que, supuestamente, habría sido socio de ‘Clarín’. La S.A. ASINSA pagó por esos derechos dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), pese a que su capital declarado era solamente de $100.000.
En esa Sociedad Anónima participaban Isidoro Gorodischer Rappaport (yerno del abogado Enrique Testa y ex concejal PPD por la comuna de Las Condes), y Ronald Youlton Vassen. Gorodischer había presidido el año 1999-2000 el ‘Comité Judío de apoyo a la candidatura presidencial de Ricardo Lagos’, lo cual quedó registrado en una serie de nueve cartas enviadas al director del diario ‘El Mercurio’, publicadas por ese matutino entre el 24 de diciembre de 1999 y el 11 de enero del 2000. Ese mismo ‘Comité’ se entreveróen una dura polémica con judíos derechistas, como el rabino Ángel Kreiman Brill y su secretario John del Tránsito Campos Benavides, personaje cercano a la UDI y a Colonia Dignidad, el que además -según publicó el diario ‘La Firme’ el 07 de enero de 2003-, fue también pareja o amante del rabino Kreiman Bill y habrían terminado su relación sentimental debido a un oscuro episodio que llegó incluso a Tribunales.
Aprovechando el apoyo oficial a su tentativa, ASINSA presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales una solicitud por quinientos millones de pesos ($500.000.000) en calidad de indemnización para los afectados por la confiscación de Clarín. De inmediato, el Colegio de Abogados sancionó al señor Enrique Testa por el uso indebido de información privilegiada que habría utilizado para obtener la indemnización. Pero el Ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego, decidió -en abril del 2000- acoger la solicitud de ASINSA fijando la indemnización en seis mil trescientos millones de pesos ($6.300.000.000, equivalentes a diez millones de dólares). A fines de julio, el entonces Contralor, Arturo Aylwin, tomó razón de los decretos y ordenó pagar.
Rápidamente, en la ciudad de Washington, el gobierno chileno informó al CIADI que ya había decretado el pago de una indemnización a los supuestos dueños del diario Clarín. Sin embargo, esa leguleyada falsa fue detenida por Víctor Pey, quien solicitó a la Contraloría General de la República congelar el proceso porque al respecto del caso Clarín había dos juicios pendientes y en curso, uno en Chile y otro en el exterior. La Contraloría no tuvo otra salida que darle la razón a Pey.
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Ante el CIADI, la Fundación Presidente Allende solicitó que el Estado de Chile cancelara una indemnización cercana a los quinientos millones de dólares por la confiscación ilegal del diario Clarín.
Para la Derecha criolla el mayor prejuicio es que Pey y sus ‘socios’ pueden haber actuado como testaferros del Presidente Allende, y como a este nunca le encontraron más bienes que su casa en Santiago y su casa en Algarrobo, los dirigentes de la UDI y RN infieren que los fondos le fueron regalados al fallecido mandatario por algún ‘amigo’ del mundo socialita, como Fidel Castro, por ejemplo. Y además, para la prensa de derecha está en juego la posibilidad de tener que enfrentar una seria competencia, amén de la apertura de un interesante canal ideológico antineoliberalque preocupa en demasía al empresariado.
En tanto, en la Concertación campea el desconcierto y la desesperación, ya que reeditar Clarín significaría aceptar que se perfore un hoyo en la pared del establishment, a través del cual la ciudadanía podrá enterarse de la verdad que se esconde tras un sinnúmero de eventos, situaciones, acuerdos y negociados, privilegiándose una nueva y sólida corriente izquierdista que obligaría al gobierno de la Concertación a revisar su agenda y su programa, con lo que el bloque oficialista debería tender -necesariamente- a alejarse de los mandatos provenientes de Casa Piedra y, además, dar término a la sociedad de hecho que ha establecido con la Derecha y con los vástagos del pinochetismo desde el año 1988 a la fecha. O en caso contrario, reconocer la Concertación (y en especial el Partido Socialista) que sí forma parte de un duopolio binominal favorable a los intereses transnacionales, y que el conglomerado gobernante decide mantenerse en esa especie de dictadura perfecta que tanto y tan bien ha servido a los capitales foráneos y a los consorcios criollos asociados a los mandantes extranjeros.
En el mes de mayo del año 2008, el CIADI falló a favor de la Fundación Presidente Allende y de Víctor Pey. Se ordenó al Estado de Chile proceder a cancelar una indemnización de diez millones de dólares (US$10.000.000), más costas e intereses.
El gobierno de Michelle Bachelet, contrariado y temeroso, decidió apelar, a la espera de poder contar con un fallo final que exima al Estado chileno de obligarse a pagar a Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende una indemnización que, en rigor, permita la reedición del diario ‘Clarín’ en manos, precisamente, de ex asesores y amigos fieles del Presidente socialista, figura emblemática de la izquierda chilena y latinoamericana que, sin embargo, parece ser hoy un ‘detenido-desparecido’ en los pasillos y oficinas de tiendas como el PRSD, el PPD y el mismo Partido Socialista.
Esto último resulta difícil de desmentir, pues ya en el año 2000 el gobierno concertacionista -a través de su ministro de Bienes Nacionales (Claudio Orrego)- estuvo dispuesto a indemnizar a los supuestos co- propietarios de ‘Clarín’ con una cifra idéntica a la que ha determinado hoy el CIADI.
A este respecto, en lo que se refiere a la participación del señor Claudio Orrego en el bullado caso que convoca a este documento, el periodista Paul Walder escribe en el actual elclarin.cl:
<<El candidato democracristiano de la lista Unidad Constituyente a la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, tiene una larga historia en diversos cargos políticos durante los gobiernos de la Concertación. En el gobierno de Ricardo Lagos fue ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales y posteriormente en 2014 asumió como Intendente de la Región Metropolitana con Michelle Bachelet.
<<Es durante el gobierno de Lagos cuando Orrego cumplió un rol fundamental en una estrategia levantada por aquel gobierno para frenar el juicio del ciudadano español Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende (FPA) contra el Estado chileno en el tribunal internacional del CIADI por la restitución de los bienes del diario Clarín, confiscado desde el 11 de septiembre de 1973. La operación en la que participó Orrego no tuvo otra finalidad que impedir que Víctor Pey, dueño del tabloide, lo volviera a sacar a circulación.
<<El 28 de abril de 2000, el entonces Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por el demócrata cristiano Claudio Orrego, emitió la Decisión Nº 43 en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación del Clarín. Según el gobierno, esas personas eran Darío Sainte-Marie, Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas.
<<La operación había comenzado un tiempo atrás. La recordada Patricia Verdugo escribió en la desaparecida revista Rocinante que en 1998 el Comité de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el “caso Clarín”. En 1999 se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (ASINSA) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen.
<<Cinco días después de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad ASINSA compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la Sucesión de Emilio González González en un millón 600 mil pesos. “¿Qué tenían los herederos de González, muerto en 1991, que ameritara esta compra?” se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no había ningún documento que lo relacionaba con Clarín.
<<Pero había, claro está, una trampa. La que se abrió cuando el Ministerio de Bienes declaró luego al fallecido González como uno de los propietarios del diario Clarín. De este modo, sólo en esta operación, ASINSA invirtió 1,6 millones y obtendría una ganancia de mil 260 millones de pesos de la época>>>.
Como es posible observar en el caso Clarín, los gobiernos del mentado duopolio h an tratado de evitar a cualquier precio y costo que un medio informativo independiente, de izquierda en serio, con espíritu latinoamericanista, y en manos de dos leales amigos del fallecido presidente Salvador Allende, agite las aún calmas aguas neoliberales que tan beneficiosas han sido para los intereses particulares de los dirigentes de esos dos conglomerados político-empresariales.
