Mike Ludwig
A l’encontre, 3-10-2020
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
El presidente Trump y sus aliados ya están trabajando para poner en dudas la imparcialidad y la integridad de la elección. La votación anticipada, que ya ha comenzado en algunos estados, muestra que el presidente va detrás del candidato demócrata Joe Biden en las encuestas. En todo el país, y especialmente en los estados «campos de batalla» (battleground states) [1], el Partido Republicano viene intentando restringir el acceso al voto, mientras los agentes políticos aprovechan algunas irregularidades debidas a la preparación precipitada del voto por correspondencia, con el telón de fondo de la pandemia, para reforzar las falsas afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral generalizado.
Trump se ha negado sistemáticamente a comprometerse a una transferencia ordenada del poder si pierde contra Biden. El fin de semana pasado (el 26-09), Trump dijo que las elecciones están «obviamente» organizadas contra él, una estrategia para poner en duda preventivamente los posibles resultados desfavorables de las elecciones, que sus expertos presentan como un sabotaje electoral. Durante el primer debate presidencial del martes 29 -y después de que Biden dijera que aceptaría los resultados de la elección, gane quien gane- Trump dijo, sin presentar ninguna prueba, que los votos por correo son un «fraude» y una «vergüenza», a lo que Biden contestó diciendo que el propio Trump vota por correspondencia.
«Estamos viendo en directo a un presidente sabotear una elección», dijo Susan Stokes, politóloga de la Universidad de Chicago, en un reciente seminario web sobre manipulación electoral.
Las batallas legales entre el Partido Republicano (GOP, Grand Old Party) y los defensores del derecho de voto sobre las modalidades de escrutinio en el voto por correspondencia, están en aumento en los tribunales estadounidenses. Esos procedimientos jurídicos retrasan los esfuerzos por ampliar la participación en tiempos de pandemia.
Por ahora, han sido presentadas al menos 262 demandas sobre procedimientos electorales supuestamente irregulares en todo el país, según el Blog de Derecho Electoral editado por Richard L. Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California y autor de «Election Meltdown: Dirty Tricks, Distrust and the Threat to American Democracy» (Yale University Press, marzo de 2020). Por su parte, tanto Trump como algunos republicanos han expresado su convicción de que una participación elevada de votantes merma sus posibilidades de ser reelecto.
El Washington Post analizó 90 demandas judiciales relacionadas con la votación a nivel federal. El examen determinó que los jueces consideraron, en su inmensa mayoría, improcedentes las acusaciones de los republicanos de amenaza de fraude en las elecciones. En realidad, los jueces adoptaron el punto de vista de los defensores del derecho de voto y de los expertos que sostienen que el fraude es ínfimo y que el sistema electoral funciona bien, aunque puede ser mejorado. En varios casos, la ampliación del acceso al voto por correspondencia y al voto anticipado, que pedían los defensores del derecho de voto, han sido avalados por los jueces federales. En otros, las decisiones fueron compartidas [2] y quedan aún varias decenas de casos pendientes.
Un conjunto cada vez más amplio de pruebas demuestra que Trump y sus aliados, comprometidos en una amplia estrategia electoral antidemocrática, están buscando por todos los medios reducir la participación de los votantes. El martes 29 de septiembre, una encuesta del canal de televisión británico Channel 4 reveló que en 2016 la campaña de Trump utilizó una enorme cantidad de datos personales recogidos en línea para identificar a millones de votantes negros, a los que se les envió luego una serie de publicidades para convencerlos de no ir a votar. La campaña de Trump se dirigía particularmente a los votantes negros en varios estados. La encuesta de Canal 4 se centró en los votantes negros de Milwaukee, en Wisconsin, donde la participación de los votantes en los barrios de mayoría negra disminuyó de manera considerable en 2016. Después de la elección, las empresas de encuestas estimaron que la baja participación de los votantes en los bastiones tradicionalmente demócratas de los principales estados clave fue una de las razones de la derrota de Hillary Clinton, aunque también es cierto que la campaña de Clinton no entusiasmaba a los votantes a acudir a las urnas.
Richard L. Hasen y otros expertos dicen que es probable que en las próximas elecciones haya algunos problemas o irregularidades. Los electores van a enviar por correo un número sin precedentes de votos y los funcionarios electorales pueden llegar a cerrar los colegios electorales debido a la escasez de personal y a la preocupación generada por el Covid-19.
En el Congreso, los republicanos se niegan a otorgar fondos extraordinarios para las elecciones, mientras los legisladores debaten sobre las ayudas ante la crisis de COVID-19 y los administradores de las elecciones locales buscan la manera de cubrir el costo de una elección que tendrá lugar en el marco de una pandemia sin precedentes.
Los responsables políticos de derecha y la propia administración de Trump ya están esgrimiendo irregularidades aisladas durante la votación anticipada, buscan de manera desproporcionada el mínimo problema para justificar las acusaciones de fraude agitadas por Trump.
«Cuanto más sabotajes haya en las elecciones, más oportunidades tendrán de lanzar acusaciones de fraude electoral, aprovechando la incompetencia burocrática y la confusión», dijo Richard L. Hasen en un correo electrónico enviado a Truthout.
Un artículo reciente de Richard L. Hasen en Los Angeles Times informó sobre un incidente en el condado de Luzerne, Pennsylvania, donde un funcionario electoral fue despedido por un error en el manejo de nueve sobres de votación. Algo inhabitual: el Departamento de Justicia respondió con un comunicado de prensa que planteó serias preocupaciones éticas. El comunicado de prensa fue anulado posteriormente. En él se anunciaba una investigación sobre el incidente y se afirmaba que las papeletas rechazadas contenían votos a favor de Trump. La desinformación se extendió rápidamente a través de los medios de comunicación de derecha y Trump sugirió públicamente que el incidente era una prueba más de un complot contra su reelección. Sin embargo, los funcionarios electorales locales aclararon más tarde que había habido un error en el manejo de las papeletas electorales y que no había pruebas de actividades delictivas o fraudulentas.
«No hay duda de que algunos administradores electorales pueden cometer errores, como sucedió en el condado de Luzerne», escribe Richard L. Hasen. «En cualquier proceso electoral existen puntos débiles. Y serán más numerosos de lo que fueron en 2016 porque el Congreso no votó los fondos suficientes para hacer frente al aumento de los costos del escrutinio debidos tanto a la necesidad de más personal como al costo de expedición del voto por correspondencia, cuya cantidad aumenta por la pandemia».
Richard L. Hasen señala que los administradores electorales deben ser transparentes en cuanto a los errores inevitables aunque, por cierto, aislados y que los medios de comunicación deben ser prudentes al informar sobre fraude electoral. Las normas de la votación por correo varían de un estado a otro y los medios de comunicación deben dejar claro que los errores e irregularidades no son lo mismo que el fraude, que éste último es poco frecuente y que requiere un esfuerzo deliberado para influir en los resultados de las elecciones. En todo el país, los funcionarios electorales y los defensores del derecho de voto temen que la ansiedad infundada sobre el fraude, provocada por Trump y sus aliados, pueda dar lugar a la intimidación de los votantes que van a las urnas. La semana pasada, los funcionarios electorales de Fairfax, en Virginia, confirmaron que una manifestación de partidarios de Trump intimidó a los votantes al bloquear el acceso a un colegio electoral abierto para la votación anticipada.
Trump dejó claro que no aceptaría su derrota y los defensores de la ley, cualesquiera que sean sus orígenes políticos, se preparan para lo peor. Una coalición de 50 personas con experiencia en la ley electoral, el derecho al voto, la seguridad informática, los medios de comunicación y la salud pública formaron el Grupo Nacional de Trabajo sobre la Crisis Electoral (National Task Force on Election Crises) [3] para proponer respuestas políticas a un posible fiasco electoral. Una red de votantes y de activistas, «Protect the Results», se comprometió a organizar manifestaciones callejeras en el caso de que Trump se negara a aceptar los resultados de las elecciones. «Protect the Results» ya cuenta con el apoyo de 100 organizaciones de defensa de los derechos, tanto de izquierda como de derecha.
«Donald Trump tuiteó que no aceptará los resultados de las elecciones si pierde, poniendo en duda el proceso electoral con el objetivo de suprimir las votaciones», dijo Christina Harvey, directora ejecutiva de «Stand Up America», una asociación que forma parte de la coalición Protect the Vote, en declaraciones recientes. «Trump representa una amenaza existencial para nuestra democracia».
-Mike Ludwig es periodista en Truthout. En 2014 y en 2017, Project Censored (https://www.projectcensored.org/) presentó los reportajes de Mike Ludwig en la lista anual de los 25 reportajes independientes más interesantes, pero ignorados por los grandes órganos de prensa.. Artículo publicado en Truthout, 30-9-2020: https://truthout.org/articles/trump-and-allies-are-already-sabotaging-the-election-experts-say/
Notas Redacción A l’encontre
[1] Estados clave o en disputa, «battleground state» o «swing states en inglés. En los Estados Unidos, la influencia de esos estados puede ser determinante para el resultado final de una elección presidencial.
[2] Decisiones compartidas (split decisions): en caso de desacuerdo, la Corte suprema publica en general el punto de vista de la mayoría y el de la minoría.
[3] «El Grupo Nacional de Trabajo sobre la Crisis Electoral es una asociación multipartidaria de más de 50 expertos dedicados a garantizar unas elecciones generales libres y justas en 2020 y que recomienda respuestas para una serie de posibles crisis electorales. El único resultado electoral que defiende este grupo es que el mismo sea libre y justo.»