Barry Sheppard
A l’encontre, 24-7-2020
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
Mientras que agentes federales anónimos continúan su campaña de ataques violentos e ilegales contra los manifestantes de Black Lives Matter (BLM) en Portland, Oregón, provocando una reacción cada vez más firme, el presidente Trump declaró que enviará más agentes federales a otras ciudades para sembrar el caos.
Tras la caída en las encuestas, debido en parte a su completo fracaso en lo referente al coronavirus, Trump busca desviar la atención de este incumplimiento y reforzar su estatura como autócrata fuerte capaz de aplastar el levantamiento de BLM soltando matones sin uniforme contra manifestantes que son en su mayoría pacíficos.
Trump habla de diferentes ciudades del país como si estuvieran fuera de control debido a la ola de protestas que estalló después del asesinato de George Floyd a manos de la policía el 25 de mayo de 2020. Afirma que los manifestantes no son manifestantes, sino «anarquistas que odian a América».
«Voy a hacer algo, puedo asegurárselos», dijo Trump a los periodistas. «Porque no vamos a dejar que Nueva York y Chicago y Detroit y Baltimore y todas esas, y Oakland es un desastre. No vamos a dejar que eso suceda en nuestro país. Todas (esas ciudades) están dirigidas por los demócratas liberales».
Continuó diciendo: «De hecho, todas están dirigidas por demócratas muy liberales. Todas están gobernadas, en realidad, por la izquierda radical».
En Portland, varias escenas de agentes golpeando a los manifestantes con porras fueron grabadas, otras en las que se los ve disparando grandes cantidades de granadas de gas lacrimógeno así como otro tipo de proyectiles menos peligrosos.
Un manifestante, que sostenía un megáfono para transmitir un discurso, fue alcanzado en la cabeza por uno de esos proyectiles. Tuvo fractura de cráneo, y debió ser operado.
Un veterano de la Marina vino a las manifestaciones alarmado por lo que esos agentes federales estaban haciendo. Se puso la camiseta y la boina de la marina para identificarse como un militar retirado, pensando que de esta manera los agentes no lo atacarían. Quería dialogar con ellos, pero recibió una avalancha de golpes y spray lacrimógeno. Le fracturaron una mano.
Otros agentes, en furgonetas sin identificación, detenían a la gente en la calle; las personas detenidas no sabían si estaban siendo secuestradas por bandas de derecha, que a menudo se disfrazan para ese tipo de operaciones. Recordemos que en Portland han actuado grupos racistas como los «Proud Boys». En 2017, poco después de que Trump asumiera el cargo, un partidario de la «Alt-Right» trató de matar a dos adolescentes negros en el transporte público, pero fue detenido por unos ciudadanos blancos. Entonces, el supremacista blanco atacó con su cuchillo a quienes había evitado que matara a los dos jóvenes negros, matando a dos personas.
Los manifestantes detenidos por los agentes sin uniforme fueron llevados a un tribunal federal, interrogados y liberados después de unas horas sin explicaciones ni cargos contra ellos. Era sólo para aterrorizarlos e intimidarlos.
Antes de la llegada de los federales a Portland, las protestas se habían calmado en gran medida, como también en otras ciudades. Desde entonces, han recobrado fuerza. El fin de semana pasado, un grupo de madres de manifestantes formaron lo que se llama desde entonces un «Muro de las Madres» (Wall of Moms) para proteger a los jóvenes y adolescentes de los matones uniformados.
Una de las «Mamás» entrevistadas declaró: «Sus procedimientos son aterradores», en referencia a los agentes federales. «Quiero decir que nosotros, como partidarios de la democracia, debemos hacerles frente. Tengo 60 años. Probablemente no debería estar aquí, en medio del público (por el virus). Pero esto va mucho más allá de lo aceptable».
Los representantes demócratas, desde el gobernador de Oregón hasta el alcalde de Portland, exigen en vano el retiro y revocación de los agentes federales. Pero recordemos que el movimiento protestaba contra esos mismos funcionarios y contra la policía antes de que llegaran los agentes federales.
Lilith Sinclair, una organizadora afro-indígena, habló el 21 de julio en el sitio de TV online de Democracy Now. Unos fragmentos de su discurso, ligeramente modificados:
«Es difícil concebir la dimensión profunda de lo que hemos protagonizado en las calles de Portland. Este movimiento comenzó con una madre soltera negra que salió a la calle llamando a ocupar el palacio de justicia federal para exigir un cambio. Luego, este movimiento se convirtió en un expresión de miles de personas que logró unir aquí a muchos de nuestros ciudadanos».
«Hemos visto una escalada represiva continua contra nuestros manifestantes. Pero lo que es importante entender es que nos hemos estado enfrentando a una brutalidad policial grave por parte de nuestras fuerzas policiales locales durante años».
«Lo que vivimos comenzó con ‘nuestras’ fuerzas policiales locales que utilizaron no sólo tácticas de intimidación, sino también la brutalidad contra nuestros manifestantes. Tenemos oficiales que usan granadas de flash bang repetidamente». (Esas granadas aturden y desorientan a la gente, con un fuerte ruido y un destello de luz enceguecedor. Son responsables de manos y dedos amputados, de ataques cardíacos y de algunas muertes).
«También han utilizado gas CS (o-clorobenzilideno malononitrilo, que provoca irritación, ceguera temporaria, lagrimeo) y otras municiones – gas lacrimógeno, balas de gas pimienta y similares. Se trata de una acción a largo plazo con una fuerza policial militarizada. La intervención de los agentes federales la ha intensificado».
«Estamos asistiendo a desapariciones. Estos vehículos sin identificación que vemos en las calles están llenos de hombres uniformados, sin placas, sin documentos de identidad. Incluso se niegan a responder a la pregunta: ‘¿Es usted o no es un agente de las fuerzas del orden?’. Y la población de Portland no está sólo preocupada por su seguridad, sino que piensa que nuestra lucha es justificada».
«Y esto está sucediendo durante una pandemia sanitaria mundial con una voluntad oficial de terminar con el confinamiento no sólo por parte de los republicanos sino también de los demócratas. En Oregón, la reapertura tuvo lugar, la gente puede constatar ahora, semanas después, el aumento de los casos de contagio; y están siendo de nuevo despedidos de sus trabajos, una vez más excluidos del sistema de desempleo».
«La gente necesita tiempo para entender las fallas de este sistema capitalista de supremacía blanca. No tiene nada, pero tiene tiempo por delante. Por eso el movimiento sigue creciendo. Vimos salir a las madres. Anoche fue la «barrera de los padres», mucha gente sorprendente, que vino a la ciudad después de haber visto cómo los manifestantes eran brutalmente reprimidos todas las noches».
«Por las noches nos invade el terror. Al otro extremo de la ciudad, no podemos dormir por las explosiones de las granadas flash bangs, y de gas lacrimógeno en toda la ciudad. Eso afecta a nuestra comunidad de personas sin techo, afecta a nuestros barrios».
«Las autoridades estatales y locales no han reaccionado, sólo han hecho declaraciones bienintencionadas (pidiendo que se vayan los agentes federales), lo que provoca un sentimiento legítimo de frustración y de rabia y da más fuerza a las protestas».
En los próximos días, si Trump lleva a cabo su amenaza de enviar más agentes federales a más ciudades, veremos cuál será la reacción.
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Manifestaciones en Portland
El uso de agentes federales por parte de Trump plantea la naturaleza inconstitucional del régimen
Jason Wilson
The Guardian, 23-7-2020
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
La intervención de la administración Trump ha cambiado profundamente el carácter de los desafíos planteados por un conflicto localizado, según responsables de los derechos civiles de Oregón.
En Portland, Oregón, los agentes federales arrestan a manifestantes en camionetas sin identificación oficial alguna, tiran gases a los manifestantes, golpean a los periodistas y trabajan sin identificación visible ni placas policiales en estos últimos días, después de más de ocho semanas de manifestaciones del movimiento Black Lives Matter (BLM).
Los agentes actúan a pesar de las objeciones del alcalde de Portland, Ted Wheeler, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, y los dos senadores demócratas del estado de Oregón.
Los agentes federales han encontrado en las calles la resistencia de los manifestantes. Y ahora, esa resistencia también se expresa en los tribunales y en la actitud de los políticos. En efecto, muchos habitantes de Oregón entienden las repercusiones nacionales de la intervención de las fuerzas policiales federales -una decisión adoptada por Donald Trump- en «el mantenimiento del orden» en Portland.
Así, Portland se ha convertido en el centro de interés de ambas partes del conflicto. El presidente de los EE.UU. y sus partidarios en los medios de comunicación conservadores ven la intervención como un modelo que debe aplicarse en las ciudades de todo el país. Mientras tanto, sus oponentes ven la reacción de la ciudad como un grito de alerta, lo que fortalece las protestas y constituye una iniciativa espectacular, que puede utilizarse como advertencia contra las tendencias autoritarias de Trump.
El miércoles 22 de julio de 2020, Trump anunció «una mayor firmeza en la aplicación de la ley federal en las comunidades de EE.UU. azotadas por crímenes violentos».
El martes 21 de julio, 15 alcaldes de ciudades de EE.UU., entre los cuales Ted Wheeler (alcalde de Portland), compararon las acciones de Trump con las de un «régimen autoritario» y exigieron que «no se mandaran agentes federales a sus ciudades».
A nivel local, los principales defensores de los derechos civiles en Oregón afirmaron que las acciones de Trump han incrementado los desafíos de las protestas, que hasta ahora se habían concentrado principalmente delante del edificio de la policía de Portland (PPB), una policía acusada de llevar a cabo una política de represión autoritaria y parcial.
Eric K. Ward, director ejecutivo del Western States Center (WSC), una organización de defensa de los derechos civiles con sede en Portland, dijo que si bien los habitantes de Portland tienen «sus propias luchas, específicas a su comunidad, la administración Trump nos ha colocado ahora en medio de un debate nacional que tiene consecuencias nacionales».
Siguió diciendo, «Si esto permanece sin una respuesta política seria y sin efecto, queda abierta la puerta para que el Presidente cree su propia fuerza de seguridad personal, la que podría desplegar en todo el país, al margen de la Constitución».
El WSC es uno de los denunciantes en un proceso contra cuatro agencias federales: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el US Marshals Service (USMS-Agencia de Policía del Gobierno Federal), el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y el Federal Protective Service (FPS – División de policía de seguridad uniformada del Departamento de Seguridad Nacional).
La demanda implica que las acciones de la administración Trump son consideradas inconstitucionales y que esta administración «usurpó poderes explícitamente reservados al estado de Oregón y a los ciudadanos de Oregón», «privando de esta manera a los habitantes de Portland del derecho a manifestar pacíficamente».
En un programa online que anunciaba la denuncia, el senador de Oregón, Jeff Merkley, condenó las «tácticas de la policía secreta» de Trump, comparando la administración con los gobiernos de «Turquía, Rusia y Filipinas».
Las cuestiones constitucionales están ahora en el centro de una serie de acciones judiciales contra las fuerzas del orden locales y federales por parte de organizaciones sin fines de lucro y del estado de Oregón.
Algunas organizaciones, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Oregón y el Centro de Recursos de Justicia de Oregón (OJRC), habían presentado inicialmente denuncias contra la ciudad de Portland, con el objetivo de limitar el uso de la fuerza por parte de la policía local. La primera demanda presentada por la ACLU se centraba en la protección de los periodistas y los observadores jurídicos. A principios de este mes, la ACLU obtuvo una notificación formal contra la dispersión por parte de la policía de los periodistas identificados como tales.
Las tácticas de la policía de Portland contra las primeras protestas suscitaron una serie de interrogantes en los medios de comunicación locales y por parte de las organizaciones profesionales sobre el hecho de que los periodistas eran objeto de ataques específicos. En junio, el OJRC presentó una demanda en nombre de los grupos de manifestantes, obteniendo órdenes judiciales contra el uso frecuente de gas lacrimógeno por parte de la policía de Portland.
Pero desde que los agentes federales empezaron a asumir un papel más activo, los grupos de defensa de los derechos civiles cambiaron de rumbo. El viernes 17 de julio, la ACLU presentó una denuncia, solicitando una orden de restricción, contra el DHS y el USMS, en nombre, una vez más, de los periodistas y observadores jurídicos.
La ACLU afirmó que varios periodistas habían sido atacados, y uno de ellos fue alcanzado por «balas de plástico que tienen una fuerza suficiente para perforar la camiseta ‘PRESS'».
Jann Carson, director ejecutivo en funciones de la ACLU de Oregón, dijo: «La violencia y la brutalidad desplegada por la policía y los agentes federales es injustificada e inconstitucional. Los agentes federales están aterrorizando a la gente en las calles de Portland y esto debe terminar, deben irse de Portland ahora mismo».
El mismo viernes 17 de julio, la Fiscal General de Oregón Ellen Rosenblum presentó cargos contra el USMS y el DHS, así como contra el FPS, el servicio de Aduana y la Protección de Fronteras y otros agentes no identificados. Declaró que sus tácticas «violan los derechos de todas las personas detenidas… y violan los intereses soberanos del estado».
La denuncia presentada por Ellen Rosenblum se basaba en las alegaciones de los manifestantes y en los informes de prensa, según los cuales los agentes federales habían utilizado «vehículos sin identificación para circular por el centro de Portland… y secuestrar (a los manifestantes) o para realizar detenciones sin dar las razones de las mismas». (…)
El sábado 18 de julio, la comisionada de la ciudad de Portland (una función específica que combina aspectos legislativos y ejecutivos, Portland es una de las pocas grandes ciudades de los EEUU que mantienen este tipo de estructuras) Jo Ann Hardesty, publicó una carta abierta al alcalde Ted Wheeler en la que describía a los agentes federales como una «fuerza de ocupación» y un «escuadrón de delincuentes». El lunes por la noche (20 de julio), mientras una gran multitud se había reunido delante del tribunal federal después de haber conocido los informes que denunciaban la represión, Jo Ann Hardesty publicó un vídeo que mostraba a una gran multitud y añadió este comentario: «Ésta es mi ciudad, que se levanta contra la brutalidad de la policía federal y local».
Cuando fue interrogada sobre si consideraba como constitucional el despliegue de agentes federales por parte de la administración Trump en el centro de la ciudad de Portland, Jo Ann Hardesty contestó: “En absoluto. No sólo no es constitucional, sino que estamos en plena pandemia. Y además, utilizan armas de guerra contra los miembros de la comunidad que denuncian la brutalidad policial.”
Jo Ann Hardesty agregó que si el alcalde Ted Wheeler le confiaba el control de la policía, tal como ella se lo pidió por carta oficial, “me comprometo, en la primera semana, a eliminar toda forma de contribución de la policía de Portland con los agentes federales y a lanzar todas las investigaciones internas que fueran necesarias.”
