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Entrevista: Chiloé libre de saqueo energético: ¿polo de desarrollo o zona de sacrificio?

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Gaceta Ambiental

Conversamos con «Chiloé Libre de Saqueo Energético » para enterarnos del tremendo descaro con que autoridades y ejecutivos pasan del Estado a las empresas privadas para favorecer los intereses privados. En este caso que relata Andrés Lagarrigue, directo afectado por este proyecto de Transelec llamado lineas de alta tensión Tineo-Nueva Ancud de 50 mts de ancho y 96 kms de largo que atravesaría incluso el canal de Chacao, la comunidad está de pie luchando para preservar su territorio.

Andrés, cuéntanos ¿qué está pasando en Chiloé?

Más allá de la imagen romántica de Chiloé, hace algún tiempo con distintos nombres, ha ido siendo identificado como un polo de desarrollo energético o zona de sacrificio… lo podemos nombrar de diversas formas. Pero, el hecho es que es una zona que tiene mucho potencial eólico y de generación eléctrica, entonces existe mucho interés en poder explotar esa energía desde una visión extractivista, es decir, de gran escala, de gran infraestructura, y sobre todo una visión de lo que necesita los polos de crecimiento y de desarrollo industrial en el país que no son locales. O sea, llevarse la energía para otro lado.
Entonces, hace un tiempo que se vienen proyectos de complejos eólicos, me parece llamarlos complejos que parques eólicos, que han generado cada vez más conflictos. Los primeros, los más emblemáticos fueron el parque eólico san pedro, actualmente de la empresa engie, de capitales franceses, que es un proyecto que tiene una de sus grandes particularidades además del tamaño, que están ubicados en la zona de turberas en la cordillera del piuchén y en una zona que es vital. Las turberas en Chiloé se dice que son nuestros glaciares porque no tenemos agua nieve ni de deshielo, sino que dependemos de estas cuencas coronadas por las turberas.

El otro proyecto emblemático es el parque Chiloé en Mar Brava, ese todavía no se construye, ha dado muchas vueltas, ha pasado más de una vez por la evaluación ambiental, se ha judicializado de distintas maneras, y es un parque que se proyecta en una zona de alto valor natural, cultural y turístico.

Eso es solo la punta del iceberg, son los asomos de lo que te decía al comienzo, y los últimos años se han ido concentrando varios proyectos que apuntan principalmente -como dice el ministerio de energía- “a robustecer el sistema interconectado”, la conexión de Chiloé con el continente. Lo que pretende es aumentar la capacidad de extraer energía de la Isla. Estoy hablando de líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones , ampliaciones de las líneas de alta tensión, etc.

A raíz de estos proyectos es que a partir del año 2019 comenzamos a articular distintas personas y organizaciones preocupados por lo que viene para Chiloé, enfrentando distintos procesos de este tipo de proyectos, y ver cómo tener un poco de voz frente a lo que se venía. Nos asumimos como una campaña comunicacional, ese ha sido nuestro mayor esfuerzo, educación, organizar algunos talleres, medidas de difusión, y también organizando, juntando gente. Hicimos ciclo de trawunes el colaboración con comunidades indígenas, en distiintos lugares de Chiloé también. Ahí hay un tema central que tiene que ver con los pueblos originarios y la soberanía que se transgrede a través de estos procesos con consultas indígenas que viciadas.

Uno de los proyectos más urgentes es este de Transelec, que busca multiplicar por cinco o por seis la capacidad de transmisión del sistema interconectado (Sistema de Energía Nacional). Actualmente hay una línea de alta tensión que tiene la mitad de los conectores, es decir tiene la capacidad de ampliarse, y en vez de ampliarlo por dos, de duplicar esa capacidad, se está haciendo esta infraestructura que es el doble de alta, el doble de ancha y que tiene un problema grave, una de las principales amenazas es que va a habilitar estos otros proyectos que están en carpeta en distintas etapas de gestión: participación temprana, otros ingresaron a evaluación ambiental, otros los han sacados pero sabemos que esos proyectos no están totalmente muertos sino que están esperando que se den las condiciones para retomarlos y nosotros hemos mapeados y en realidad, son más de 9 ó 10 proyectos que están en esas condiciones, insisto estamos hablando de complejos eólicos de gran escala en lugares muy sensibles tanto ambiental como socialmente.

¿Cuáles son las consecuencias de concretarse esta intervención energética en Chiloé?
Tenemos la convicción de que una transición no puede ser justa si es que no hay una instancia democrática previa donde se determine la dotación de los territorios y la planificación de estos espacios, con la participación de distintos actores, no de esta forma ien unilateral que tiene la industria y el Estado de determinar dónde se van a construir estos proyectos y cuál va a ser el uso del territorio; y no puede ser verde mientras no se sea riguroso… yo pienso que hay un tema de escala, de congruencia que hace producir este sistema que nos metió en este problema, solamente que hay que cambiarle la cara, pero si incluso tratáramos de hacer una defensa de esta tecnología , también queda mucho por avanzar en materia de la evaluación del proyecto, impactos y compensaciones que prácticamente no las hay. Entonces de verde tiene bien poco. La gente se pierde un poco en eso, piensa “ah, qué bonito, no contamina”, y claro que contamina y produce impactos importantes. Y lo último, el Estado y la empresa insisten mucho en esto de la redundancia del sistema , es decir que un sistema tiene que ser redundante para que sea más seguro, pero para tener mayor redundancia no se necesita tener proyectos de esta escala, y luego, una mentira que se ha reproducido harto es que esto le va a traer más seguridad al suministro energético de Chiloé, cuando en realidad la mayor parte de los cortes se producen en la distribución, y no en la transmisión.

¿Cuáles serían los impactos?
Los impactos de esta transición, de la forma en que se está llevando, no es verde a pesar de que se trate de presentar de esa manera. De los proyectos de generación en Chiloé están los que ya hemos mencionados de las turberas, la construcción de los caminos, de todo, de una serie de obras que afectan el ciclo natural, sobre todo el ciclo hídrico de una turbera que cambia los nivele sde agua, que afecta la fauna, los ruidos, la vibraciones y que va a depender de dónde se encuentren ubicadas. En varios lugares y es lo que pasaría en mar brava, hay un impacto que es muy fuerte de los parques eólicos que tiene que ver con la calidad de vida de la gente que habita alrededor. El hecho de tener esas maquinarias todo el día dando vueltas generan, desde la sombra que uno está todo el día con un pestañeo en su casa constante, el ruido, colisiones de aves, los accidentes, los riesgos de un parque eólico y el desarrollo de accidentes es grave también…

Respecto a los proyectos transmisión, como el proyecto de Transelec, se genera esa faja de seguridad de 50 mts de deforestación, hay un blanqueo, la empresa hace un blanqueo super grande diciendo que es una poda selectiva según la altura, y después vemos las cartografías y es un porcentaje muy mínimo donde hacen ese trabajo de jardinería, el resto es tala rasa. Obviamente hay un problema con el bosque nativo, y no solamente con la cantidad de bosque nativo que se pierde, sino también con la fragmentación del bosque nativo y del paisaje en general.

Otra afectación importante es la afectación sobre los cursos de agua. En Chiloé, las cuencas son muy frágiles, las distancias son muy cortas, entonces cualquier intervención que se haga va a tener un impacto muy rápido y directo en la cantidad y calidad de agua y eso es algo que no se ha considerado, desde la pérdida de la capacidad de los pomponales, turberas y bosque nativo para retener agua, hasta la erosión del suelo de esos lugares que van a ser deforestados y la sedimentación de los cursos de agua, la contaminación, y también los impactos que eso tiene sobre los ecosistemas, las cadenas tróficas… hay una red interconectada que no se está considerando como se debería. De hecho, uno de los votos de rechazo de la Comisión Evaluadora de la región de Los Lagos fue desde el ministerio de agricultura, precisamente por el tema de la sequía.

¿Puedes contar con más detalle las presiones de la empresa hacia el Estado?
El caso de Basaure es un botón de muestra de una rotación que uno ve entre funcionarios del Estado y la empresa privada donde en realidad sin ningún cuidado y con claros conflictos de interés… en este caso, Basaure era parte del servicio de evaluación ambiental y dentro de su trabajo ella fue… para ponerlo de otra manera, el actual director regional de evaluación ambiental fue subordinado de ella dentro del servicio, y ahora ella está como representante legal en el proceso de evaluación ambiental de parte de la empresa. Entonces, sostuvo reuniones de lobby con su ex subordinado para empujar un proceso de evaluación ambiental donde ella misma había participado, y eso es solo alguno de los arreglos que se generan, arreglos de parte de ellos. Hay mucha puerta giratoria o sillita musical donde van rotando los puestos, no es una rotación inocente, sino que implica una transferencia de influencia, de conocimiento, una transferencia de acuerdos en torno a cuestiones que la empresa y el Estado dan por seguras: que es que el proyecto se va a construir pase lo que pase.

Es bien desesperante, es bien triste, exasperante y desesperanzador.
Hay otro caso un poco más lejano que ocurrió con la Consulta que está llevando la línea de base, encargada de llevar adelante un proyecto con claudia serrano, ex ministra del trabajo y tuvo cierta notoriedad con el proyecto Hidroaysén, y sabemos que tiene vínculos con el actual gobierno, que tuvo vínculos con Hermosilla… entonces en un momento, desde el Estado se aboga por una industria, después se asegura un cargo dentro de esta industria privada. Vínculos de este tipo con otras personas menos visibles abundan.
También se dio el caso de rotación con Mar Brava, funcionarios municipales que pasan a la empresa y así, y eso se reproduce en distintos niveles de la jerarquía ejecutiva de las empresas y del Estado.

Este proyecto está en evaluación ambiental desde el año 2020 y ha habido muchos procesos, y ellos iniciaron la consulta indígena después que la empresa había entregado la última versión de su proyecto, ahí ya hay algo raro con respecto al convenio 169, porque la consulta debe ser previa, porque en el fondo de qué sirve una consulta cuando ya no hay… cuál es la incidencia que puede tener esa consulta, pero producto de esa tardanza, que a diferencia de ese discurso que trata de instalar esa falsa discusión en torno a la permisología, este atraso en la consulta indígena es cien por ciento responsabilidad del titular del proyecto, es decir de la empresa y del servicio de evaluación ambiental, de nadie más. Ellos mismos tuvieron que, el servicio de evaluación ambiental, con una figura muy rara de medida provisional, tuvo que darle más plazo a la evaluación para que se pudiera llevar a cabo la consulta indígena.

¿Cómo ven ustedes este tema de la cooptación de personeros públicos para la empresa privada?
Una de las grandes cosas que se ha tratado de instalar es que la empresa privada plantea que se politizan estos procesos, entonces está esta idea de que hay que tecnificarlo. Y de hecho una de las medidas que se persiguen con este discurso de la permisología es restarle poder al comité de ministros y otorgárselo al servicio de evaluación. Ahora el servicio de evaluación ambiental, con algunas excepciones, no tiene capacidades técnicas. Nos quedamos sin respaldo ni político ni técnico. Y eso se ve patente, por dar un ejemplo, en las observaciones que dio el titular , el servicio de evaluación dio por buena observaciones que no se referían ni siquiera a lo planteado. A ese nivel estamos de nulo rigor técnico, y para qué decir con cuestiones de metodologías, de bibliografía, literatura, qué es lo que se está discutiendo en términos científicos… la empresa contesta con una bibliografía del año 90’, que hoy está totalmente descartada y ningún organismos con pertinencia técnica, es capaz de “oye, ojo, esto está mal, está obsoleto”. Con algunas excepciones, hay funcionarios o carteras que hacen un poco la diferencia, y de repente uno se sorprende.

Por eso creo que el potencial técnico de estos procesos de conflictos está en la comunidad, en la ciudadanía, en las observaciones, entonces es evidente que los procesos se van a judicializar porque si se hace una observación y la responden mal, no hay otra instancia donde decir algo, lo único que queda es judicializar. Entonces antes de pensar en cómo restarle participación ciudadana a los procesos, deberían estar más preocupados de cómo fortalecer el componente técnico de estas evaluaciones, sin ni siquiera entrar a la discusión más política en torno a la falta de un marco de planificación en la cual se hacen estos proyectos, de planificación democrática donde deberían insertarse estos proyectos.

¿En qué proceso está exactamente la evaluación ambiental de este proyecto?
Este proyecto fue votado en la comisión de evaluación que sesionó con la recomendación del servicio de evaluación ambiental que era favorable. De los que votaban en la comisión, sobretodo seremías y delegación, resultó una votación de 7 votos a favor y 3 en contra. Ahí todavía estamos como en esta fase de análisis y hay varios grupos y comunidades. Yo diría que por lo menos hay tres focos, uno más bien político, que tiene que ver con dar esta discusión y poder visibilizar lo que hablábamos de la puerta giratoria y el tráfico de influencias; un foco administrativo que tiene que ver con los plazos y, no solamente entra la evaluación ambiental sino la tramitación de la concesión eléctrica, la servidumbres, y otro componente que es técnico que tiene que ver con las observaciones que se hicieron, con cómo respondió la empresa, la falta y errores que hay en la estimación de los impactos, etc.

Cada uno de esos componentes lleva líneas de acción y eso es lo que estamos evaluando en estos momentos. Los plazos corren rápido, seguramente se va a publicar luego la resolución de calificación ambiental y ahí, hay un período de 30 días para presentar alguna de las acciones si es que se descubre que hay algo que se pueda discutir.

Por: Javier Karmy

Programa Aire Puro – Gaceta Ambiental

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