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ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

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Entrevista realizada por el periodista Dimitris Givisis al historiador Sergio Grez el 24 de octubre de 2021. Publicada en el periódico EPOHI, Atenas, Grecia, 31 de octubre de 2021.

Versión original en griego:https://www.epohi.gr/article/40855/sertzio-gkrez-yparhei-politiko-klima-elpidas-gia-vathies-allages-sth-hilh

¿Qué significarán las elecciones del 21 de noviembre para el futuro de Chile? ¿Qué está en juego en esta elección? ¿En las encuestas vemos que Gabriel Boric está adelante, ¿cómo interpretas esto? ¿Cuáles son las expectativas de la gente que lo apoya? Además, ¿cuáles crees que son los límites de un gobierno de izquierda en Chile hoy?

Estas elecciones tienen un sello particular, pues se efectuarán en un contexto muy diferente a todas las que se han realizado en Chile desde el inicio de la posdictadura (1990). Por un lado, porque desde octubre de 2019 -inicio de la rebelión popular bautizada por la casta política y los medios de comunicación como “estallido social”- se terminó de romper el consenso hegemónico que había asegurado la gobernabilidad y le perpetuación del modelo neoliberal implantado por la dictadura de Pinochet y, por otro, porque se encuentra en desarrollo un proceso constituyente como resultado híbrido de esa rebelión y de la maniobra de la casta parlamentaria para impedir una Asamblea Constituyente libre y soberana. Aunque estos elementos no han logrado revertir radicalmente ciertos factores como la apatía de gran parte de la ciudadanía frente a las elecciones (en el plebiscito de octubre de 2020 referido al proceso constituyente votó apenas poco más de la mitad del electorado y en la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021 apenas 41,5%), se ha generado un clima político de esperanzas de cambios profundos en una parte importante de la población. No obstante, dichas esperanzas no tienen una traducción sistemática en el plano electoral pues grandes sectores del mundo popular mantienen su escepticismo respecto de las posibilidades reales de cambios que los favorezcan mediante las vías de participación que hasta ahora les ofrece el sistema: elecciones y partidos políticos. El levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 fue, precisamente, una expresión de ese escepticismo y hastío popular.

Sin embargo, como suele ocurrir, un porcentaje importante de la población alienta esperanzas de que esta vez se atenderán sus reclamos, se empezará a superar el neoliberalismo y el Estado subsidiario mediante la instauración de una Constitución garante de derechos sociales, que establezca también una serie de garantías y mecanismos democráticos que hasta ahora le han sido sistemáticamente negados. Una parte de estas esperanzas se canaliza en las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, lo que se ve reflejado en las encuestas electorales que, en su totalidad, dan una victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales a Gabriel Boric, candidato de la alianza Apruebo Dignidad compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista, relegando a un segundo lugar a Juan Antonio Kast, abanderado de la extrema derecha pinochetista y, dejando más atrás en disputa por el tercer lugar a Yasna Provoste, demócrata cristiana apoyada por casi toda la antigua Concertación de Partidos por la Democracia y Sebastián Sichel, tránsfuga demócrata cristiano, exministro del segundo gobierno de Piñera, apoyado por la derecha clásica, además de otros candidatos que no tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta (balotaje) de estas elecciones.

Aunque la candidatura de Boric (militante de uno de los partidos del Frente Amplio y signatario del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que salvó a Piñera de una caída que parecía inminente e hizo posible un proceso constituyente normado por el Parlamento, evitando así una Asamblea Constituyente libre y soberana) se presenta como una alternativa destinada a superar el neoliberalismo, tanto el programa como las intervenciones del candidato hacen gala de gran moderación a fin de demostrar no es un peligro para el gran empresariado, la inversión extranjera, los “equilibrios macroeconómicos” y la estabilidad sistémica en general. Su reiterada adhesión a la “autonomía del Banco Central”, dogma intocable en el Chile neoliberal, es uno de los tantos ejemplos de las autolimitaciones de esta candidatura que permiten presagiar que, en caso de acceder a la Presidencia de la República, más allá de algunas medidas redistributivas, no se realizarán grandes transformaciones estructurales. Ello sin considerar que su programa no considera cuestiones tan importantes en Chile como una nueva nacionalización del cobre (desnacionalizado en porcentaje mayoritario por los gobiernos posdictatoriales) ni la nacionalización del litio. No obstante estas evidentes limitaciones, la estrategia del empresariado, de la derecha de la antigua Concertación agrupada tras la candidatura de Provoste, consiste en presionar a Boric y su conglomerado para que, en caso de ser elegido en la segunda vuelta de estas elecciones, modere aún más su programa y se aísle al Partido Comunista que aparece como el ala izquierda de su coalición. El margen de maniobra de un gobierno reformista de este tipo sería, ciertamente, bien estrecho, debido a múltiples factores como la profundidad de la crisis económica, la presión de los “poderes fácticos” (el empresariado y las Fuerzas Armadas) y la insuficiente organización y movilización popular, especialmente de la clase trabajadora, seriamente limitada por las características del modelo neoliberal imperante en Chile desde mediados de la década de 1970.

¿Cómo avanza el trabajo de la Convención Constitucional y cómo espera que termine?

La Convención Constitucional no es una Asamblea Constituyente pues no es libre ni soberana. No lo es porque la reforma constitucional que la hizo posible a fines de 2019 le fijó límites muy estrechos, prácticamente infranqueables si se quiere hacer transformaciones de fondo: todos sus acuerdos deben ser adoptados por 2/3 de sus integrantes y no puede alterar los tratados internacionales firmados por Chile. Lo que quiere decir que sin la venia de las fuerzas políticas que han administrado el modelo desde 1990 -derecha clásica y Concertación- no se puede aprobar ninguna norma constitucional. En la Convención Constitucional existe una clara hegemonía de centro, representada por la alianza de facto entre los representantes del Frente Amplio y del Colectivo Socialista (nombre adoptado por el Partido Socialista y su periferia), en torno a los cuales orbitan otras bancadas de centro, de orientación claramente liberal como Independientes no neutrales y el Colectivo del Apruebo. Esta mayoría ha contado en ocasiones claves, como en el caso de la ratificación del quórum de 2/3, con los votos de la derecha, lo que permite presagiar un futuro poco alentador. Durante tres meses y medio, la Convención se consagró a discutir y aprobar sus normas de funcionamiento y recién en estos días está comenzando la discusión de fondo. Aunque es difícil hacer un pronóstico exacto, mi impresión es que habrá una nueva Constitución que proclamará un sinnúmero de derechos sociales que serán meramente nominales ya que no se contará con el financiamiento necesario puesto que el bloque hegemónico de la Convención no parece dispuesto a adoptar medidas que garanticen de manera efectiva un rol preminente del Estado en ciertas áreas de la economía. También hay que agregar que hasta ahora no se conocen propuestas de ese sector que permitan hacer exigibles por la ciudadanía los derechos sociales que se proclamen en la nueva Constitución. De este modo, de no mediar grandes movilizaciones sociales, el proceso constituyente puede culminar en una legitimación gatopardesca del actual modelo con reformas y retoques que lo hagan más presentable por un tiempo. Con todo, aún no se ha escrito la última palabra de esta historia.

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