Alberto Dufey
28/09/2023
Reproducido de blog de Sergio Medina Viveros
https://sergiomedinaviveros.blogspot.com/2023/09/el-exilio-de-los-chilenos-en-suiza.html
El autor, periodista chileno exiliado en Suiza desde fines de 1973, revisa en sus múltiples detalles la historia de los connacionales que fueron acogidos en el país helvético luego del golpe cívico militar que derrocó al presidente Salvador Allende. En 200 páginas y 12 capítulos, Dufey recorre las alegrías y sinsabores vividas por los chilenos radicados en la nación europea durante las últimas cinco décadas. Interferencia publica a continuación un adelanto de este notable trabajo de investigación.
El exilio político de chilenos en Suiza se inició en septiembre de 1973, apenas ocurrido el golpe cívico-militar encabezado por el general Augusto Pinochet, que terminó con el gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Desde los primeros días la embajada helvética en Santiago se encontró confrontada a la demanda de cientos de perseguidos que solicitaban asilo y protección. Esta inédita situación tendría un considerable impacto diplomático en el devenir de relaciones entre Suiza y Chile.
En 1973 ejercía la presidencia del Consejo Federal (gobierno), Ernst Brugger (Partido Radical), pero el ministro que debió enfrentar esta situación fue Kurt Furgler (1924-2008, Partido Demócrata Cristiano), jefe del Departamento Federal de Justicia y Policía (DFJP) y en cuyo ministerio recayó administrar la política de asilo del caso chileno. Furgler ejerció posteriormente la presidencia de la Confederación en 1977 y en 1981, y mantuvo durante todo este proceso una actitud restrictiva a este éxodo de izquierdistas de América del Sur que arrastró la situación chilena. En 1974 durante el flujo de refugiados no oficiales, (asilados llegados mediante el movimiento Acción Plazas Libres) ejercía la presidencia Pierre Graber (Partido Socialista), pero este Consejero Federal socialdemócrata, que al momento del golpe era ministro de relaciones exteriores, poco pudo influenciar en la política de asilo restrictivo que se aplicó a los chilenos en razón del sistema de consenso por el que se guía el gobierno helvético. Además, la mayoría gubernamental había valorado positivamente las perspectivas que podría ofrecer el modelo económico de la dictadura chilena para los intereses económicos y financieros del país.
En efecto, el golpe de Estado produjo una profunda transformación de la vida económica y política de Chile. En lo económico, el modelo de sustitución de importaciones vigente durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) fue eliminado en favor de una apertura radical del país a la economía mundial. Los precios y las tasas de interés fueron progresivamente liberalizadas, se eliminaron en gran parte los controles de cambios y la inversión extranjera fue fuertemente estimulada. Estos cambios en el ámbito económico fueron bien acogidos por los banqueros e inversionistas suizos.
En el caso del asilo chileno, el Consejo Federal después de largas deliberaciones, estableció un mecanismo de cuotas, limitando en 200 cupos la cantidad máxima de refugiados que la mayoría parlamentaria estuvo de acuerdo de recibir.
Previo a la llegada de refugiados y al golpe de Estado, los medios económicos helvéticos seguían con recelo al gobierno de la Unidad Popular, temerosos que sus intereses se vieran afectados. En esos años, Suiza era el cuarto país con más inversiones en Chile. Como el gobierno federal, que por ley no podía exportar armas, autorizó al consorcio industrial Oerlikon-Bührle para que concediera licencias a Chile para fabricarlas a través de la empresa estatal Famae (fusiles SIG, tanquetas Mowag). La multinacional Nestlé tuvo un destacado rol tras haber concluido un contrato con el gobierno de Allende para producir leche en polvo.
El sector bancario tenía activa presencia con Weiss Crédit, (entre otros), el que fue acusado de fomentar la fuga de capitales cuando comenzó el boicot económico contra la Unidad Popular.
En 1972 el Consejo Federal, en pleno apogeo de los sabotajes a la economía del gobierno de la Unidad Popular, suprimió los seguros y garantías a las exportaciones con destino al país sudamericano, por considerar inestable la situación.
En lo político, el ambiente que prevalecía en 1973 era propio de la guerra fría, por lo que la llegada de refugiados chilenos planteó un dilema al gobierno federal. Acostumbrado a recibir disidentes de los países socialistas de Europa oriental, en esta ocasión debía tomar la decisión de aceptar o rechazar a los refugiados de izquierda. En ese trance, las autoridades, mediante un comunicado de prensa, explicaron que la política de asilo se basaba en la necesidad de acoger en primer lugar a los refugiados provenientes de Europa del Este y que las solicitudes provenientes de países latinoamericanos estarían sujetas a restricciones y a un sistema de cuotas de manera de establecer un mejor control individual de los refugiados, descartando elementos peligrosos o dañinos para seguridad del país.
Además, a la llegada de los chilenos existía un clima anti-extranjero, particularmente en contra de los emigrantes italianos y españoles. En 1974, fue sometida a referendo una iniciativa xenófoba para limitar la inmigración extranjera promovida por Acción Nacional, un partido de extrema derecha de Zúrich encabezado por James Schwarzenbach. Después de una acalorada campaña electoral, la iniciativa fue rechazada por un escaso margen.
En el caso del asilo chileno, el Consejo Federal después de largas deliberaciones, estableció un mecanismo de cuotas, limitando en 200 cupos la cantidad máxima de refugiados que la mayoría parlamentaria estuvo de acuerdo de recibir. Cabe recordar que el ambiente político se tensó de tal manera, que los debates duraron varios días, e incluso el mecanismo de cuotas estuvo a punto de no aprobarse. El principal defensor de esa restricción particular hacia los chilenos fue el diputado ginebrino Georges Breny, integrante también del partido de extrema derecha, Action Nationale.
Socialistas chilenos en Suiza.
Socialistas chilenos en Suiza.
Otros miembros conservadores del gobierno sostuvieron que la situación en Chile no era tan grave como los indicaban los informes de prensa y que en tales circunstancias era conveniente no precipitarse en el tipo de la política de asilo que se debía aplicar. Este punto de vista surgió luego de una conversación directa que tuvo en 1974 el presidente de la Confederación Pierre Graber con el general Augusto Pinochet, que le había asegurado el pronto retorno a la normalidad en el país. Opinión avalada por el embajador helvético en Santiago, Charles Masset.
Otro argumento del Consejo federal para justificar su política restrictiva de asilo hacia los chilenos, fue el de la diferencia cultural de los refugiados, la distancia geográfica que existía entre los dos países, lo que suponía una integración difícil. A estos argumentos se sumó la presión de los partidos de derecha que no querían que Suiza fuera un nido de revolucionarios sudamericanos. (Entre los primeros 200 asilados, llegaron algunos ex guerrilleros uruguayos, bolivianos y brasileños). De modo que primó la política restrictiva de asilo y la cuota quedó fijada en 200 personas que serían repartidos entre las regiones lingüísticas del país. Pero los partidos gubernamentales de izquierda, en especial el Partido Socialista, (segunda fuerza parlamentaria) y diversos organismos humanitarios pujaron por ampliar esa cantidad. El principal argumento jurídico invocado por la socialdemocracia helvética fue la «igualdad de trato», procedimiento que se debería aplicar también a los chilenos, en la medida que anteriormente Suiza había recibido a más de 10 mil refugiados checos y húngaros. A juicio del PS, no solamente las víctimas del comunismo tenían derecho a protección en Suiza. En el debate parlamentario que duró varios días, quedó en evidencia la falta de voluntad política ante la agravación de la situación de los derechos humanos que se vivía en Chile bajo la dictadura militar.
En el cambio de visión del gobierno federal sobre la situación en Chile, un hecho inesperado jugó a favor de los defensores del asilo a los chilenos. Ocurrió cuando se conoció la detención del periodista suizo, Pierre Rieben, que había viajado días después del golpe a Santiago como corresponsal para varios periódicos suizos y franceses. Rieben no solo fue detenido sino que pasó una semana incomunicado y torturado en un cuartel de la Fuerza Aérea de la capital. Gracias a las denuncias de una amiga suiza que alertó a la embajada helvética, pudo ser localizado y luego liberado. El embajador Masset que, como ya se ha dicho, al tener buenas relaciones con los militares, consiguió canjear su encarcelamiento con la expulsión del país. A su regreso en Suiza su testimonio sobre la práctica de la tortura y otros tratos crueles y degradantes que sufrían los detenidos, desató una ola de solidaridad y ayudó a que ciertos sectores de la derecha gubernamental se mostraran menos intransigentes en su posición restrictiva del asilo que seguían manteniendo. A los 72 años de edad, Pierre Rieben fue entrevistado en 2019 por la Radio Suiza Romande, donde se refirió a este episodio que ayudó a dar a conocer la otra cara de la realidad chilena de esos años. Rieben nunca más regresó a Chile.
Otra circunstancia que favoreció a los chilenos fue el hecho de que el gobierno helvético había ratificado recientemente los convenios internacionales sobre la protección de los refugiados de la ONU y los diferentes protocolos adicionales de la Cruz Roja Internacional (CICR) sobre el tema. Esto suponía la existencia de un precedente humanitario que implicaba el deber de protección a los perseguidos. Esta jurisprudencia se había aplicado para el caso de los exiliados de los países del este europeo (esencialmente húngaros y checos), y en opinión de los partidos de izquierda, también debía aplicarse ahora al «caso chileno».
Fue en este contexto que diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, iglesias y asociaciones diversas, irrumpieron en el debate parlamentario para expresar un punto de vista más humanitario, que sería decisivo en la posterior evolución de la política federal de asilo. Esta movilización ciudadana fue clave en la posterior creación de diferentes comités de apoyo a la resistencia chilena que tuvieron presencia en todas las regiones lingüísticas del país. De modo que ante las fuertes presiones que incluyeron a entidades religiosas y personalidades del mundo intelectual y científico, el Consejo Federal autorizó un segundo contingente de 55 personas, pero sin renunciar al sistema regulatorio mediante cuotas.
Entre las exigencias que impuso la realidad del terreno en Santiago y el clima político reinante en Berna, el gobierno debió encontrar un consenso mínimo para satisfacer al mismo tiempo las presiones de los organismos internacionales y de la sociedad civil helvética.
Cabe destacar que un poco más de 1200 asilados fueron apadrinados por las organizaciones de solidaridad que nacieron espontáneamente después del golpe en casi todos los cantones suizos. La organización más importante fue el movimiento Acción plazas Libres (ver capítulo específico más adelante).
Suiza fue el primer país europeo que reconoció a la Junta Militar como legítimo gobierno de Chile y por otro lado, el 13 de marzo de 1974 introdujo la obligación de visa para los chilenos (que frenaba el arribo de nuevos refugiados pero al mismo tiempo hacía visible la presencia de agentes de Pinochet en territorio helvético).
En 1974 las estadísticas oficiales arrojaron la presencia de 1116 chilenos y 379 latinoamericanos ya sea en calidad de solicitantes de asilo o reconocidos como refugiados oficiales. Una cifra que contrastaba con el posterior recibimiento de 7880 refugiados indochinos, esencialmente escapados de la guerra de Vietnam. La mayoría de estos refugiados utilizaron el suelo suizo como puente para establecerse definitivamente en Canadá, con apoyo de la Oficina de las ONU para los refugiados.
Las gestiones del movimiento Acción plazas Libres permitieron que al comienzo de la década de 1980, la cifra de beneficiados alcanzara a 4000 asilados, aunque no todos recibieron el estatus de refugiados de acuerdo al convenio de la ONU. Según estimaciones oficiales, los chilenos que ingresaron a Suiza por esta vía, fue superior a los 6000 considerando que muchos residieron varios años en la clandestinidad, sin estatus y sin documentos. La mayoría obtuvo permiso ya sea humanitario, provisorio o de reunificación familiar. Algunos se beneficiaron de estadías transitorias a la espera de ser reubicados en otros países europeos. En 1976 el gobierno suizo dio a conocer la cifra de 1600 demandas de asilo recibidas, muchas de ellas en trámite de aceptación. Cabe señalar que el caso chileno produjo a su vez un consenso entre los partidos gubernamentales de izquierda, hasta entonces poco proclives para entenderse en materia de asilo. Fue así que el Partido Socialista y pequeñas organizaciones con presencia cantonal, como el Partido suizo del Trabajo (PsT) en Ginebra, su equivalente el Partido Obrero Popular (POP) en Lausana, Progressive Organisationen der Schweiz (POCH) de Zúrich y Basilea y el Partido Socialista Autónomo (PSA), del cantón Ticino, se movilizaron a nivel nacional para defender el derecho de asilo para los perseguidos de la dictadura de Pinochet.
Para el historiador Nuno Pereira, (ver bibliografía), el golpe generó una vasto movimiento de solidaridad en Suiza, reuniendo a una amplia gama de actores políticos, intelectuales, religiosos y sociales. La movilización generada fue un catalizador para la solidaridad internacional y engendró campañas unitarias que reunieron activistas de diferentes tendencias abriendo un debate ideológico en el seno de la izquierda helvética. El caso chileno desencadenó un vasto movimiento de solidaridad interna, que se tradujo en denuncias a los intereses económicos del capitalismo suizo y sus consecuencias en otras latitudes del mundo.
En este contexto, el diputado de la Union Democrática de Centro (UDC, derecha dura) Walther Hofer, propuso al Parlamento modificar la ley de asilo y establecer una política migratoria común, que a menudo se confundía con la emigración económica. Los debates duraron hasta 1981, con la entrada en vigor de una nueva ley de asilo (LASI) y el nombramiento de un delegado para los refugiados, puesto que recayó en Peter Arbenz.
Relaciones intrincadas
El trato inicial del gobierno federal con los refugiados resultó conflictivo. En esos años, el hecho de aceptar a refugiados comunistas y revolucionarios, puso a prueba la doctrina humanitaria y los principios de la neutralidad helvética, desvelando aspectos contradictorios del sistema.
Por cierto, la presencia de refugiados de izquierda no fue ajena a la irrupción en el debate público de grupos anticomunistas, especialmente durante los tres primeros años. En varios cantones fueron lanzadas campañas xenófobas y racistas. Por ejemplo, en el cantón de Schwyz hizo su aparición el llamado Frente Patriótico, fundado por el activista de extrema derecha, Marcel Strebel, que había recibido financiamiento de la dictadura de Pinochet para desatar campañas para desprestigiar a los exiliados, inventando la imagen del exilio dorado. Se insistía a través de la prensa en la vida privilegiada que llevaban los refugiados en contraste con las dificultades económicas que padecían muchos chilenos en el país. El importante periódico conservador de Zúrich, Neue Zurcher Zeitung reprodujo un artículo del diario chileno La Nación publicado el 26 de noviembre de 1982, donde el ministro del Interior, Sergio Fernández, afirmaba que «cada exiliado marxista es un agente de la subversión internacional responsable de la campaña internacional contra Chile». Como ejemplo, citó a aquellos que se dedicaban a tiempo completo a promover el activismo anti-chileno en los organismos internacionales de Ginebra.
Esta campaña tuvo eco en la Policía Política Suiza, la Staatsschutz, que comenzó a vigilar a los refugiados chilenos cuando llegaron los primeros contingentes en 1973. La Staatsschutz, fue concebida en sus inicios para seguir a los grupos de activistas revolucionarios y agitadores anarquistas. Durante la II Guerra Mundial también vigilaba las actividades de grupúsculos fascistas y en la posguerra comenzó a infiltrar las asociaciones ecologistas y pacifistas; a los autonomistas jurasianos y a los extranjeros, en particular a los exiliados españoles antifranquistas.
De modo que primó la política restrictiva de asilo y la cuota quedó fijada en 200 personas que serían repartidos entre las regiones lingüísticas del país. Pero los partidos gubernamentales de izquierda, en especial el Partido Socialista, (segunda fuerza parlamentaria) y diversos organismos humanitarios pujaron por ampliar esa cantidad.
El trabajo de infiltración de la Staatsschutz fue desarrollado clandestinamente por el coronel del ejército suizo, Ernst Cincera, que en 1973 fundó en Zúrich el Informationsgruppe Schweiz (grupo suizo de información), que en el fondo cubría una red de informantes que se infiltran en organizaciones de izquierda y elaboran fichas informativas sobre personas sospechosas de tener, directa o indirectamente, vínculos con la subversión comunista. Cincera estaba profundamente convencido de que todos los grupos de izquierda eran financiados por Moscú o por Pekín. Fue un negro episodio de la historia política contemporánea de Suiza que se conoció como el Watergate de Zúrich. En noviembre de 1976, activistas del Demokratisches Manifest (Manifiesto Democrático), descubrieron que su tesorero, Andreas Kühnis, era un agente de Cincera. Al ser descubierto, reveló el lugar donde estaban ocultos los archivos que desencadenaron el escándalo nacional de las fichas.
Después de esos sucesos, Oscar Schuerch, fue designado en 1978 como director de la División de Policía Federal, encargada de crear una unidad especial para seguir las actividades de los refugiados chilenos y de otros países latinoamericanos.
En 1980, el periodista suizo Jean Michel Berthoud, activo militante de organizaciones trotskistas, consiguió que las personas implicadas en el escándalo de las fichas secretas tuvieran acceso a las informaciones que éstas contenían. Berthoud se sirvió de su propio caso para hacer público el seguimiento que realizaban las policías cantonales a los ciudadanos suizos sospechosos de profesar ideas de izquierda o humanitarias. La justicia logró confirmar que, con el consentimiento de las autoridades federales, se ficharon a más de 900 000 personas y organizaciones políticas, es decir, más del 15 % de la población fue seguida o infiltrada por la policía secreta. A raíz del escándalo, 3300 ciudadanos solicitaron acceso a su expediente. Entre los fichados figuraban varios refugiados chilenos miembros esencialmente del MIR y algunos dirigentes comunistas considerados peligrosos por sus contactos con la revolución cubana y con los países del bloque de la URSS.
El escándalo de las fichas generó protestas generalizadas en el país que se prolongaron durante meses y culminaron con la caída de su principal mentor Ernst Cincera, coronel del ejército y luego consejero federal por el partido Radical Democrático (1983-1995). La confianza en el Estado suizo resultó seriamente quebrantada.
En resumen, la llegada de refugiados chilenos tomó por sorpresa a la clase política helvética y, como era de prever, reactivó demonios del pasado. El asunto de las fichas y el papel ambivalente del Estado agudizó las contradicciones de la derecha parlamentaria. De hecho, Suiza fue el primer país europeo que reconoció a la Junta Militar como legítimo gobierno de Chile y por otro lado, el 13 de marzo de 1974 introdujo la obligación de visa para los chilenos (que frenaba el arribo de nuevos refugiados pero al mismo tiempo hacía visible la presencia de agentes de Pinochet en territorio helvético). Este paradigma permitió a la izquierda ocupar el terreno en el plano de los derechos humanos y de la solidaridad, logrando atenuar el estigma que pesaba sobre los chilenos, considerados peligrosos comunistas y guerrilleros revolucionarios. A su vez, las asociaciones y sindicatos pusieron en jaque al gobierno mediante la realización de una serie de protestas y reivindicaciones políticas.
El autor
Alberto Dufey.
Alberto Dufey.
Alberto Dufey Castro, (1951), periodista y videasta. Chileno de origen suizo. Reside en Ginebra (Suiza) desde 1973. Estudió Periodismo en la Universidad de Concepción (Chile), y obtuvo un máster en Ciencias de la Educación en la Universidad de Ginebra. Ha sido corresponsal en Suiza para importantes medios mexicanos como Excelsior, Uno más Uno y TV 13; chilenos como La Epoca, Fortín Mapocho, Interferencia; españoles, agencia Efe y colaborador interino para El País. Además, corresponsal de Prensa Latina, (Cuba); de Radio Suiza Internacional, Le Courrier de Genève. Redactor de Swissinfo (Berna) y Swisslatin (Ginebra). Periodista acreditado ante los organismos internacionales de la ONU en Ginebra. Investigaciones: Crónica de la emigración suiza en la Araucanía (2004). La Emigración suiza en la Araucanía, aspectos socio- económicos (2000). L’émigration suisse en territoire mapuche (2016). Schweizer Auswanderer im Territorium der Mapuche, (2017). Los Dufey, de Palézieux a la Araucanía (Investigación genealógica, 2018).
Extractado de: https://interferencia.cl/articulos/el-exilio-de-los-chilenos-en-suiza?fbclid=IwAR0tygvc4YCDhUueF0ihwr1LwYc8i4h_3eDUxRMUYPu2rh_WKF3Ro-dw_Gg
