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1 abril, 2021
HUGO CATALÁN FLORES*
En vista de nuevos hechos que se han denunciado respecto de operaciones de “inteligencia” en la que estarían involucrados funcionarios de los comandos especializados del ejército, según señalan dos reportajes de CIPER, del 24 y 29 de marzo, es imprescindible profundizar en las zonas grises tanto de la ley 19.974 “SOBRE EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO” (SIE), como de la orientación del debate de la reforma a la misma ley, discusión que no ha estado exenta de significativas críticas en especial del mundo social y de los DDHH.
La norma que regula la actividad desde 2004, permitió la creación de un Sistema y estableció una institucionalidad que pretende producir inteligencia en democracia, definiendo su ámbito como “…recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones”.
Una de las críticas que ha generado la vigencia de esta ley tiene que ver con la lógica funcional de un Sistema de Inteligencia en un periodo de democracia tutelada, en la que los procedimientos y órganos que la preceden están profundamente determinadas por prácticas creadas bajo la noción de Seguridad Nacional en dictadura, en donde el Estado utiliza esta dimensión como herramienta operativa contra formas de disidencias.
Es esa misma cultura orgánica la que determinó en la primera década del pacto transicional, en los noventa, trágicas experiencias como fue “La Oficina” y posteriormente DIPSI.
La ley contempla controles, con definiciones sobre el alcance y límites operativos: la Inteligencia doméstica podría ser realizada por las policías vía requerimiento judicial solicitado por el Ministerio Público ante un Ministro de Corte de Apelaciones; respecto de la inteligencia generada por las ramas de las FFAA, su ámbito de acción está concebida para prevenir amenazas externas a la integridad nacional, y al control de acciones hostiles de origen externo en territorio chileno y que arriesguen la soberanía, la denominada contrainteligencia.
Además, el Sistema contempla una cabeza, un Director con potestad sobre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que es el organismo que coordina, sistematiza y genera insumos para la toma de decisiones. La naturaleza de este organismo NO es operativa.
Pero esta normativa tenía y tiene vacíos y zonas grises. En esos espacios se escondió la trampa, y con la trampa la evidencia sobre el interés del Estado en personas o grupos “indeseables”, denominación que en ciertos contextos políticos no solo se refiere a la delincuencia común, sino a expresiones de disidencia social, o apunta a dirigentes o activistas de ciertos ámbitos de interés para los gobernantes. Por ejemplo “indeseables”, o de interés podrían ser perfectamente una organización como MODATIMA que su principal objeto de acción es la reivindicación “Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente” y que efectivamente a principios del año 2020 denunciaron la existencia de seguimientos de funcionarios de civil y otras acciones de igual naturaleza. También fue señalado como de interés, por el mismo ejército, el periodista Mauricio Weibel, por las investigaciones en torno a la corrupción en el ejército.
En el congreso continúa la discusión del Proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (Boletín N° 12234-02), debate radicado en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, que desde hace un par de semanas es presidida por la Diputada Carmen Hertz, destacada abogada que ha estado involucrada en la defensa de los derechos Humanos. Esta última condición no asegura, la tramitación, que dicho proyecto refleje una concepción de Inteligencia con mayor refuerzo de los poderes del estado y de la sociedad civil.
Las graves denuncias conocidas recientemente refuerzan la convicción de que es relevante desentrañar determinadas aristas de la ley. A estas alturas, Chile requiere de transparencia en todo.
¿Quis custodiet ipsos custodes? “¿Quién vigila a los vigilantes?
Una de las principales innovaciones que trae el proyecto ley que se discute en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados es la noción de “información residual”, que sería aquel rango de datos que recoge una operación de contrainteligencia de alguna rama de la FFAA al estar operando en territorio doméstico, su naturaleza es de delincuencia común.
Esa información debiera ser entregada, por las vías formales que señala la misma ley, al ministerio público, o a las policías para que tenga un curso procesal acorde.
Los que criticamos este procedimiento sostenemos que el mecanismo de “entrega” de esa información debe tener un alto estándar de control para que justamente la existencia de operaciones de inteligencia realizada por agentes de las FFAA no signifique espionaje doméstico indiscriminado.
Resulta que justamente es lo que se ha denunciado en los artículos de CIPER recién publicados y que demuestra que la ley por sí sola no es efectiva ante las zonas grises, porque hay trampas que permiten operar con el “control” jurisdiccional.
“En 2017 la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”. El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era del periodista Mauricio Weibel, que entonces investigaba corrupción militar. Esa operación fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el Ejército y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que se ajustaba a la legalidad.”, señala el encabezado del reportaje del periodista Nicolás Sepúlveda.
Es evidente que las críticas y advertencias que se han hecho sobre los alcances de las operaciones de FFAA quedan confirmadas por lo contundente de las denuncias, espionaje que afecta la investigación del periodista Mauricio Weibel sobre el esquema de corrupción al interior de la institución militar.
En los hechos que señalan los reportajes no hay posibilidad de “información residual”, usando la propia denominación del proyecto, son simplemente acciones de agentes del estado contra un profesional de la prensa y que, además, afectaban a una jueza de la Corte Marcial que investiga justamente esos esquemas de corrupción.
Lo que deja claro estas operaciones es que el control no será suficiente si es que no se democratizan las FFAA, si no se da una vuelta a las doctrinas que están enquistadas en el alma de estas instituciones que como ha demostrado tantas veces la historia, a la hora de mantener la integridad de la “nación” son capaces de atentar contra el pueblo, pues ellas no juran a éste, juran a la bandera y lo que representa desde el punto de vista de la tradición excluyente y elitista.
La Inteligencia al final del día es un set de herramientas que a pesar de la pretensión de control del poder civil funciona con sus propias lógicas, y eso tiene un gran riesgo a cualquier horizonte que pretenda cambios importantes en la sociedad chilena.
*Unidad Estudios
CODEPU
