En el artículo que publiqué el jueves pasado, aquí, di a conocer los intereses que vinculan la administración de la fortuna del Presidente Piñera con la administración de la mayor operadora de casinos de Chile, Enjoy S.A., propiedad de la familia Martínez de Viña del Mar. En esta entrega, comparto las acciones que ha tomado el Ejecutivo para mantener a flote a una empresa que ya tenía problemas graves cuando se adjudicó 5 concesiones en 2018. Una de ellas, la firmó Piñera de su puño y letra hace poco más de un mes: el decreto 77.
Por Alejandra Matus
El 28 de enero, estaba todo listo en la Superintendencia de Casinos para ejecutar las boletas de garantía que respaldaban las promesas incumplidas de Enjoy S.A. a la Municipalidad de Viña del Mar. Los plazos se habían agotado y no había manera de que la empresa de la familia Martínez inaugurara las obras comprometidas para junio de este año, ni que pudiera solventar la generosa oferta económica que hizo para ganar la competencia por la administración de esa casa de juegos, en 2018. Pero en el minuto cero sonó la campana y Enjoy se salvó. El Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto 77, que extendió los plazos para iniciar el funcionamiento de los 4 casinos que se adjudicó Enjoy en 2018.
A la firma del decreto, las acciones de la empresa que estaban por los suelos, se pegaron un optimista salto: desde los miserables 6 pesos en que estaban a más de 13 pesos la acción.
El decreto presidencial no menciona a Enjoy, pero es la única empresa beneficiada en ese texto.
Argumenta que en 2010, tras el terremoto de febrero, fue necesario ser considerados con la industria de los juegos de azar y otorgar plazos de gracia para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, señala, por causa de la Pandemia, el país se encuentra en Estado de Catástrofe desde marzo de 2019 y eso ha alterado el funcionamiento de las sociedades que obtuvieron concesiones para explotar los casinos de Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Natales. Tales sociedades tienen RUTs diferentes, pero en todas el principal propietario es Enjoy Gestión, que a su vez pertenece a Enjoy S.A.
El texto completo de dicho decreto está al final de este artículo. La Contraloría le dio el visto bueno el 9 de febrero de este año, pero con un avisito:“La posibilidad de extensión de prórroga (…) es de carácter excepcional y solo tiene lugar por razones fundadas en las extraordinarias circunstancias sanitarias en las que se encuentra el país como consecuencia del brote del COVID”.
Curiosamente, la empresa beneficiada con el decreto cursó la solicitud de prórroga antes de que la Contraloría le diera el visto bueno al decreto.
El 29 de enero, al día siguiente de la firma del decreto, el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, comunicó la aplicación de una prórroga para el inicio de operaciones del casino Viña del Mar, que tenía como plazo fatal para iniciar sus operaciones, el 30 de enero. Esto ocurrió antes de que la Contraloría le diera el visto bueno al decreto presidencial. Es decir, antes de que fuera “legal” y a pesar de que, como se supo poco después, la propia Municipalidad de Viña demandaba que se cobraran las boletas de garantía.
En los días posteriores, hubo otras acciones políticas que ayudaron a Enjoy a seguir respirando. Por ejemplo, el 19 de febrero, la Superintendencia de Casinos autorizó a estas empresas a seguir funcionando en fase 2, en plena crisis sanitaria.
En la Comisión parlamentaria, presidida por el diputado Rodrigo González, tanto el Ministerio de Hacienda (representado entonces por el subsecretario Francisco Moreno) como la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, quien regula y fiscaliza a estas empresas, argumentaron que su motivación para otras medidas que tomaron y que favorecieron los intereses de Enjoy (la Comisión ya había cerrado su trabajo para la firma del decreto) fue proteger a una industria que genera empleos y recursos cuantiosos para los gobiernos municipales y regionales, de las circunstancias extraordinarias que atravesaron por causa del COVID y de la revuelta social.
Sin embargo, tal como señala el informe de esa instancia fiscalizadora, Enjoy estaba en serios apuros mucho antes de adjudicarse la concesión de esos cuatro casinos (El texto de las conclusiones de dicha comisión, también se adjunta al final de esta nota).
El informe de la Comisión fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados por 111 votos de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Los pocos votos en contra fueron pronunciados por Sebastián Torrealba (RN), Pablo Prieto (Independiente), Andrés Molina (Evópoli), Leopoldo Pérez (RN) y Gustavo Sanhueza (UDI). Se abstuvieron: Ramón Barros (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Pablo Lorenzini (Independiente)
La comprensiva Vivien
Vivien Villagrán, Superintendenta de Casinos, es geógrafa de la Universidad Católica, MBA en Dirección Estratégica y magíster en Gestión y Políticas Públicas. Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet ha ocupado cargos públicos en servicios tan diversos como el Ministerio de Obras Públicas y el de Educación. Entre 2007 y junio de 2014 (es decir, bajo los gobiernos de Bachelet 1 y Piñera 1) fue Directora Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Luego, fue nombrada, en el segundo gobierno de Bachelet Jefa de División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. Y desde ese cargo, saltó a la superintendencia de Casinos, en enero de 2017, en el último gobierno de Bachelet. Al asumir Piñera, la ratificó en el puesto.
El informe de la Comisión Investigadora del caso Enjoy, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados este 4 de marzo, la acusa de haber faltado de manera “flagrante” a su rol de fiscalizadora, al menos en las siguientes acciones:
-Omisión de los antecedentes financieros de Enjoy S.A. El profesor de la Universidad de Chile José Olivares explicó a los parlamentarios que, desde el punto de vista técnico y con un análisis de la información pública y disponible a cualquiera, era evidente ya en 2012 que la empresa de los Martínez tenía problemas financieros que, a partir de 2017, se volvieron irreversibles.
“La crítica situación financiera de Enjoy S.A. era previa al 24 de abril de 2020, fecha cuando la empresa informa que debe acogerse a una reorganización judicial debido a que es incapaz de cumplir con los compromisos financieros, justificándola en el estallido social del 18 de octubre y en la pandemia por el covid-19. Sin embargo, los informes financieros muestran un alto endeudamiento, bajos resultados operacionales y altas pérdidas con anterioridad a esas situaciones. Llama la atención que la Superintendencia desconociera esos antecedentes públicos respecto de la crítica situación financiera de Enjoy S.A., tanto para el proceso de otorgamiento de los denominados casinos municipales ocurrida en junio de 2018, así como cuando otorgó su aprobación en febrero 2019 para que Enjoy Gestión Limitada adquiriera el 99% de las acciones de Casino de Juegos del Pacífico S.A. y de Casino Gran Los Ángeles S.A.”
–Aceptar oferta inviable: La Comisión reprochó a la fiscalizadora que no considerara la real situación financiera de Enjoy S.A. al evaluar su propuesta económica en 2018. Y que, además, aceptara una oferta económica temeraria e inviable. Para cumplir lo prometido, Enjoy hubiera tenido que funcionar a pérdida durante los 15 años de concesión.
-Evaluación el ingreso de Advent como nuevo accionista de Enjoy: Los parlamentarios se enteraron por boca del profesor Olivares, que el ingreso del inversionista extranjero Advent, que se exhibió como muestra de su solvencia financiera para la licitación de 2018, en realidad correspondía a los llamados capitales “buitres”. Es decir, prestamistas internacionales que le pasan plata a empresas en problemas, con alguna viabilidad, a cambio de una tasa de interés usurera. En el caso de Enjoy, se le otorgó un crédito en dólares, con una tasa del 10 por ciento de interés. Una empresa sana, les dijo el profesor, no se endeuda más allá de una tasa de 1,5%.
Sobre este punto, la Superintendencia se comprometió a entregar a la Comisión los antecedentes de su evaluación de Advent, cosa que nunca hizo. La ley señala que “cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia”. Entre otras facultades, la Superintendencia podía “solicitar a la sociedad postulante, si lo estima pertinente, justificar el origen de los fondos que destinarán a financiar su propuesta a un permiso de operación”. La autoridad no pudo demostrar que lo haya hecho.
-Cambio de boletas de garantía por pólizas de seguro: El 14 de julio del 2020 el grupo Enjoy S.A. renovó sus boletas en garantía, correspondiente a los casinos ubicados en las ciudades de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas, que vencían el 31 de ese mes. La superintendencia le permitió a la concesionaria reemplazar algunas boletas de garantía por “pólizas de seguro”. Esta segunda modalidad le permitió a la concesionaria esquivar el requisito de mantener disponible el dinero que había prometido a las municipalidades por tres años y, en cambio, contratar un “seguro” por mucho menos dinero. Para las municipalidades, se trata de una garantía de menor peso, pues para cobrar el seguro, tendrían que litigar con la compañía aseguradora, en cambio una boleta se ejecuta sin trámite.
–Préstamos a jugadores en casino Rinconada de Los Andes: El grupo Enjoy fue denunciado en 2015 por hacer préstamos a jugadores, dentro de la sala de apuestas, por la vía de darles dinero en efectivo a cambio de cheques a fecha. Los casinos tienen prohibido prestar dinero a los jugadores, pues eso fomenta la adicción al juego. Además, tienen prohibido realizar en sus dependencias otras actividades que no hayan sido expresamente aprobadas por la Superintendencia. La respuesta de Villagrán sobre este punto fue que los préstamos no los hacía la sociedad “operadora” del casino -el RUT al que se le adjudicó la concesión- sino que la sociedad “controladora” y que ella no tenía facultad para investigar “aguas arriba”.
Según la Comisión, la propia superintendencia entregó antecedentes que revelaron que en la fiscalización de la denuncia se detectó que realizaba Enjoy Gestión Limitada daba a sus clientes preferenciales “vouchers”, que podían cambiar por fichas en la sala de juego, a cambio de cheques a fecha. “¿Bajo qué figura se realiza esa actividad en el establecimiento del casino de juego de Rinconada de Los Andes?”, se pregunta la Comisión.
“No cabe duda que existe una omisión evidente en el cumplimiento del rol fiscalizador que tiene la Superintendencia con las sociedades operadoras de casinos de juego, específicamente, en cumplir cabalmente con las obligaciones que les impone la Ley N°19.995 en materia de fiscalización y sanciones respecto de conductas que están prohibidas en el cuerpo legal, como lo sería el funcionamiento de servicios anexos no autorizados o no permitidos en el ordenamiento jurídico vigente”
En este caso, la Superintendencia no solo no ejerció su rol fiscalizador, sino que tampoco dio a conocer este hecho relevante al Consejo que le adjudicó las concesiones en 2018.
-Operación de juego online: En plena pandemia, Enjoy instaló un sistema de juegos online, en el que se permitía a los participantes comprar coins virtuales para extender el tiempo de juego y, si bien no se les permitía apostar, sí les dejaba “participar de una gran variedad de promociones, disfrutar de numerosos premios y beneficios exclusivos para socios del programa Enjoy Club”, según la oferta literal que aparecía en su página web.
El problema es que la ley de casinos prohíbe expresamente a estas empresas explotar juegos online. Y así se lo informó la propia Superintendencia a Enjoy, en julio de 2020. Sin embargo, poco después consideró subsanado el problema, porque Enjoy eliminó la venta de coins.
La Comisión parlamentaria reprendió a la superintendenta por no haber sancionado esta transgresión de una prohibición expresa, especialmente porque “explotar juegos no autorizados o prohibidos” es “una causal para que el permiso de operación sea revocado”.
Más aún, la Comisión acusa a la superintendenta de haber omitido las graves transgresiones de Enjoy al autorizarle, a finales de julio del año pasado, que comprara los casinos de San Antonio y de Los Ángeles.
“La Superintendencia, previa investigación de las fuentes de financiamiento y análisis de la cadena de propiedad, otorgó su aprobación en febrero 2019 para que Enjoy Gestión Limitada adquiera el 99% de las acciones de Casino de Juegos del Pacífico S.A. (San Antonio) y de Casino Gran Los Ángeles S.A. (Los Ángeles). Es decir, autorizó que una sociedad que otorga créditos a jugadores, con el consecuente impacto negativo sobre ellos, adquiriera la propiedad de sociedades operadoras de casinos de juego, para poder seguir extendiendo su práctica”, dice el informe.
En este caso, la autoridad no podía alegar que Enjoy Gestión estaba fuera de su alcance fiscalizador, pues la compra no la hizo con un RUT distinto, sino que usando la misma identidad jurídica con la que otorgaba los créditos prohibidos.
Como si no hubiera sido lo suficientemente comprensiva, en agosto de 2020 la Superintendencia emitió la Resolución Exenta N° 500 que prorrogó, por primera vez, los plazos para la ejecución de las obras comprometidas en el proyecto adjudicado en el año 2018. El argumento fue la pandemia y las cuarentenas. Con esto Enjoy ganó tiempo para el proceso de reestructuración que ya había iniciado en abril de ese año, porque no era capaz siquiera de pagar los intereses de sus deudas.
Esta semana, la asociación de operadores de casinos en Chile (que agrupa a todas las concesionarias, con excepción de Enjoy S.A.) pidió al gobierno que reemplace a Vivien Villagrán en el puesto de superintendenta de Casinos por las acciones que ha tomado exclusivamente en beneficio de Enjoy.
¿Lo hará el Presidente que firmó el decreto 77 y que tiene parte de su fortuna y la de su familia comprometida en la operación de salvataje de la Concesionaria?
Aquí el Decreto 77.
decreto-77_20-feb-2021-1Descarga
Aquí las Conclusiones de la Comisión Investigadora.
conclusiones-comisiocc81n-investigadora.pdfDescarga
