por Jano Ramírez
El apagón del capitalismo: cuando privatizar significa precarizar
El corte masivo de energía eléctrica no es un accidente ni una casualidad. Es la consecuencia lógica de un modelo económico que, desde la dictadura, entregó los recursos estratégicos del país a manos privadas para que unos pocos se enriquecieran a costa de todos.
Antes, la electricidad en Chile era un servicio público, administrado por el Estado con el objetivo de garantizar acceso y estabilidad a toda la población. Pero con la privatización, las empresas ya no operan pensando en el bienestar de la gente, sino en maximizar sus ganancias. ¿El resultado? Tarifas cada vez más altas, inversión mínima en infraestructura y un servicio que colapsa ante cualquier emergencia.
La derecha, en su desesperación, quiere culpar a las regulaciones ambientales, diciendo que no permiten invertir. Pero la verdad es que las empresas eléctricas privadas no invierten porque eso reduciría sus utilidades. No es un problema de regulación, es un problema de capitalismo neoliberal.
Este sistema fue impuesto en dictadura y administrado por todos los gobiernos que la siguieron. Es el mismo modelo que nos obliga a pagar más por el agua que bebemos, por la educación de nuestros hijos y por la salud que deberíamos recibir sin tener que endeudarnos.
El apagón no es solo eléctrico, es social. Y no es casualidad, es una consecuencia directa de la privatización y la mercantilización de derechos básicos. Más claro, echarle agua (siempre que no nos cobren por ella).
¿Cómo lo solucionamos?
La única forma de garantizar servicios básicos como la electricidad sin abusos ni apagones es sacarlos del mercado y devolverlos a la administración pública. Reestatizar la energía, pero no con la lógica burocrática de antes, sino bajo un modelo de control social y popular, donde los trabajadores y las comunidades participen en la gestión, asegurando que la electricidad se maneje como un derecho y no como un negocio.
Esto no es solo un sueño, es una necesidad. En países como Bolivia y Uruguay, el Estado controla la electricidad con tarifas justas y reinvierte las ganancias en mejorar el servicio. En Chile, si seguimos dejando estos servicios en manos privadas, cada crisis será una oportunidad más para que nos cobren caro por lo que debería ser un derecho.
Recuperar lo que es nuestro no es imposible, pero requiere organización, movilización y voluntad política. El problema no es la falta de recursos, el problema es quién los controla: o siguen en manos de unos pocos, o los ponemos al servicio de la mayoría.
Que no nos vendan cuentos, la luz debe ser del pueblo y para el pueblo.
