Ya es oficial. La administración de Donald Trump hizo hoy públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, en el inicio de una intensa cacería de se extenderá desde su frontera sur y hasta el interior de Estados Unidos.
Como adelantó La Jornada, según las nuevas directivas el Departamento de Seguridad Interna (DHS) bajo la dirección de John Kelly, ha ordenado la contratación de hasta 10 mil agentes para los departamentos de inmigración y aduanas.
Además, ha ordenado la expansión del polémico programa de “comunidades seguras” (287g) para convertir a las policías estatales y locales en una extensión de la patrulla fronteriza en todo el país.
Este programa se ha enfrentado a las resistencias de numerosas “ciudades santuario” que ya han desafiado a la administración de Donald Trump y han prometido proteger a la comunidad inmigrante de una intensa campaña de redadas y expulsiones.
De igual forma, en los memorandos hechos públicos hoy se autoriza a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera.
Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados de forma expedita.
En este capítulo, funcionarios de DHS reconocieron que el tema de los menores que huyen de la violencia en Centroamérica serán un caso especial que se discutirá con el gobierno de México quien, como estado soberano, deberá decidir si los acepta en calidad de refugiados mientras se deciden sus peticiones de asilo en EU.
Las nuevas directivas dejan sin efecto las que ordenó la administración Obama para dar prioridad a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
A partir de hoy, “cualquier ofensa criminal” será suficiente para ser detenido y deportado.
Con la excepción del Programa de Acción Diferida (DACA) que se mantendría sin cambios.
En junio de 2012, el presidente Obama anunció la creación del programa DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que, posteriormente, fue expandido ese mismo año para evitar la deportación de más de 2 millones de jóvenes indocumentados.
Hasta ahora, entre 750 mil y 800 mil jóvenes se han acogido a ese programa.
