por EDUARDO GUTIÉRREZ G.
EL TRABAJO n° 514
Las últimas declaraciones del Ejército hechas a través de su “Secretaría General” conllevan una amenaza y una deliberación coincidentes con las declaraciones de Almirantes en contra de las reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche y contrastan con las declaraciones hechas en su oportunidad por el general a cargo de la guarnición de Santiago tras el 18 de octubre rechazando las declaraciones de Piñera de entrar en una guerra. Al tiempo de repudiar las declaraciones del Ejército es necesario, sin embargo, aprovecharlas para enfrentar un debate siempre postergado en el contexto de las elecciones de la Convención Constitucional, de la elaboración de una nueva Constitución y de la profunda crisis que vive nuestra sociedad. Se hace necesario conocer qué piensan y opinan todas las instituciones estatales y las estructuras que componen la llamada sociedad civil. En la sociedad civil estamos debatiendo a fondo el proceso que culminará con la elección de delegados electos, pero no sabemos qué opinan las FFAA, no sólo sus altos mandos sino también los distintos escalafones. Nos encontramos de esta manera con una aparente contradicción entre este planteamiento y el cuestionamiento a la deliberación criticada al comienzo de este artículo. Pero no hay tal, tanto en el sentido histórico, como en el contexto referido con anterioridad. En toda su historia y sobre todo en las sucesivas crisis desde la independencia hasta nuestros días, las FFAA han hablado con opiniones políticas deliberantes en algunas ocasiones, – las menos-, apoyando a través de los “ruidos de sables” leyes benéficas para los sectores populares como el seguro obrero en la década del 20 del siglo pasado y la idea de una Asamblea Constituyente, o en la mayoría de los casos para reprimir a los sectores populares y al pueblo Nación Mapuche y en no pocas ocasiones para resolver en una u otra dirección las contradicciones entre las clases dominantes.
Así, la guerra civil entre pelucones (conservadores) y liberales (pipiolos) con quiebre de las nacientes fuerzas armadas que dio paso a la Constitución oligarca de 1833; las contradicciones entre la oligarquía terrateniente del valle central y la naciente burguesía minera de Copiapó que resultó en guerras civiles en 1851 y 54; la guerra civil de 1891 en contra del Presidente Balmaceda y sus políticas de desarrollo autónomo y soberano de nuestra economía salitrera, con la postura cercana a los golpistas para algunos historiadores y neutral según otros del General Baquedano; y el golpe militar del 11 de septiembre; confirman todas ellas, un accionar político concordante con los intereses más retardatarios y conservadores de nuestra sociedad.
Es más, después del golpe de estado, las FFAA asumieron un rol de explícita defensa del sistema neoliberal, de auto asignado rol de garantes de la institucionalidad –de ahí su férrea defensa de la Constitución pinochetista– (concepto repetido por el actual Comandante del Ejército en entrevista en El Mercurio el 19 de septiembre de 2020) y de lucha contra “el enemigo interno”, es decir, de una izquierda rupturista, manifestada en su respuesta al informe sobre la violación a los derechos humanos de la Comisión Rettig. Estos tres ejes se han convertido en los fundamentos ideológicos que le dan “legitimidad interna” para reprimir y convertirse en un poder intocable, imposible de fiscalizar democráticamente, dando pábulo a una corrupción manifiesta y hecha pública ahora último y sobre todo por la apertura de espacios tras la Rebelión Popular del 18 de octubre del 2019.
En síntesis, el conocimiento histórico, al cual apela paradojalmente la última declaración del Ejército, nos muestra unas FFAA como brazo armado de la vieja oligarquía en el siglo 18 y de la derecha burguesa en el siglo XX y XXI, como organismos represores y carentes de un rol democrático, y defensores de nuestra soberanía territorial y de los verdaderos intereses de la Patria como lo son nuestras riquezas naturales, frente a la voracidad del capital extranjero. Así las cosas, sería sano recoger la propuesta de nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, de invitar a las distintas instancias y escalafones de las FFAA a debatir sobre el momento de crisis que vive nuestra sociedad y del carácter y sentido de una Nueva Constitución, y no una deliberación cupular de marcado tinte golpista, que obliga a que previamente personeros deliberantes y no solo la comandancia del ejército renuncien o sean pasados a retiro.
8 de Marzo de 2021.
(*) EDUARDO GUTIÉRREZ G., ES CANDIDATO A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (POR EL DISTRITO 12)
