Correspondencia de Prensa, 28-9-2025
Ecuador está en una encrucijada. Mientras acentúa la represión contra las protestas, Noboa ha comenzado la cacería de brujas contra dirigentes y activistas de los movimientos sociales.
Por un lado, se ha iniciado un nuevo momento de lucha social. Desde el 23 de septiembre la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) comenzó unas jornadas de protesta que por el momento se han desarrollado con más fuerza en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo; esta es una respuesta al incremento de los precios del diesel). Pero unos días antes, el 16 de septiembre, una multitudinaria manifestación de 100.000 personas recorrió la ciudad de Cuenca en defensa del agua, cuyas fuentes se hallan en peligro por las licencias ambientales otorgadas por el gobierno a empresas transnacionales.
Pocas semanas antes, por iniciativa del FUT (frente Unitario de Trabajadores), una veintena de organizaciones formaron el Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza. El FUT y este nuevo Frente organizaron varias acciones, movilizaciones y plantones para protestar contra las antidemocráticas leyes de Integridad, Seguridad e Inteligencia (que instauran una suerte de estado de emergencia permanente y extienden el espionaje en contra de las organizaciones y dirigentes sociales), contra una propuesta de reforma a la ley de Seguridad Social que abrirá las puertas para que la banca privada pueda controlar partes de las carteras de créditos del BIESS (el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), contra los miles de despidos de trabajadores públicos (se calcula que el gobierno despedirá a 70.000 trabajadores), contra la crisis que la inacción gubernamental ha provocado en la salud pública.
Pero, por otro lado, la respuesta del gobierno ha sido la persecución, el espionaje y la represión. No es extraño porque, desde enero de 2024 Noboa se ha dedicado a configurar y perfeccionar un régimen autoritario, que subordina y amenaza a las otras funciones estatales para ponerlas al servicio de la voluntad del presidente y su grupo: si en el inicio de su primer mandato se lanzó en contra de su vicepresidenta, en estos últimos meses ha atacado con preferencia a la Corte Constitucional. Si bien la Corte dio paso a la consulta popular Noboa y a su propuesta de Asamblea Constituyente, con la cual espera echar abajo todos los derechos que van quedando, en cambio no ha aceptado todo el articulado de las leyes antidemocráticas de Noboa; el presidente se venga acusando a la Corte de ser responsable de la violencia del narcotráfico.
El presidente ha podido avanzar en el diseño del régimen autoritario escudándose en la “guerra interna” que declaró contra el “terrorismo” y usando como pretexto el temor de la población ante la violencia perpetrada por el narcotráfico; pero ahora se evidencia que la guerra se preparaba en realidad contra las protestas sociales.
En lugar de atender la voz del pueblo, Noboa refuerza el carácter antidemocrático de su régimen. Apenas se habían anunciado las protestas indígenas cuando el presidente amenazó con “denunciarlos por terrorismo” y enviarlos “30 años presos a la cárcel”. Con las primeras movilizaciones, Noboa dijo que “no es protesta, son actos de terrorismo”, que se trataba “de la misma mafia de siempre” y que las manifestaciones estaban financiadas por laminería ilegal y los carteles del narcotráfico.
Las movilizaciones han sido reprimidas con dureza y el ejército incluso ha allanado viviendas en comunidades indígenas para apresar jóvenes. Otras personas han sido detenidas sin estar participando en las protestas. Entre los detenidos se encuentran 12 jóvenes indígenas otavaleños que fueron arbitrariamente trasladados a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo donde pocas horas entes se produjo una nueva masacre que dejó una treintena de muertos; al trasladarlos a esas prisiones, el gobierno pone en peligro la vida de esos jóvenes luchadores.
Enseguida ordenó bloquear las cuentas bancarias de dirigentes de la CONAIE y del Cabildo del Agua de Cuenca. Al mismo tiempo, inició la persecución a través de la Fiscalía. En estos días, la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional : “Solicitar información” a Edwin Bedoya, presidente del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) y de la CEDOCUT (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas por la Unidad de los Trabajadores), a Andrés Quishpe, presidente de la UNE (Unión Nacional de Educadores), a Gary Esparza, presidente de la FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), Nery Padilla, presidente de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador).
Al mismo tiempo, la Fiscalía inicia una indagación “por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado” a 58 activistas y dirigentes de la Conaie, del Frente Nacional Antiminero y de varias otras organizaciones sociales y ONG ambientalistas vinculadas a los movimientos sociales.
También Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, fueron acusados en la Fiscalía de la ciudad de Riobamba por organizar el paro. Al mismo tiempo, se censura a medios de comunicación comunitarios, como la televisora del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
Las movilizaciones de estas semanas marcan un nuevo momento de la lucha social en el Ecuador porque muestran que se está estructurando una oposición popular en contra del gobierno antidemocrático y neoliberal de Daniel Noboa. Esto es ya un hecho, independientemente de la extensión y la profundidad que alcancen las protestas actuales. Al mismo tiempo, las luchas buscan caminos para acercarse y crear espacios de unidad más amplios.
Ambas cosas son vistas como un peligro por el gobierno y las oligarquías dominantes; por eso proceden con tamaña violencia y mala fe. Frente a esto, se vuelve una necesidad urgente la solidaridad con las organizaciones, sus dirigentes y las luchas emprendidas.
–Los mensajes de solidaridad pueden ser enviados a la presidencia de la CEDOCUT: presidenciacedocut@gmail.com
–Véase: Ecuador – Ley orgánica de inteligencia. Un análisis desde el sindicalismo ecuatoriano. CEDOCUT.
