La familia de Gabriel Utrera Sanhueza, asesinado por un funcionario de Carabineros durante un control policial en Padre Las Casas, realizó un punto de prensa para exigir verdad y justicia. Sus cercanos denuncian que se les intentó impedir velar a Gabriel y que su funeral será sometido a una escolta policial desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio.
Teresa Melipal
Santiago de Chile
La Izquierda Diario Viernes 21 de agosto
La muerte de Gabriel Utrera Sanhueza, conocido en la escena del hip hop como “Vegetal”, continúa generando indignación en Temuco. El joven de 37 años murió el lunes 17 de agosto luego de recibir un impacto de bala durante un procedimiento policial en el sector de Maquehue, en Padre Las Casas.
Su familia exige justicia y verdad. Y cuestiona que, antes de que una investigación permita esclarecer qué ocurrió durante el procedimiento, se haya instalado públicamente la tesis de la legítima defensa policial.
Uno de los elementos más graves denunciados por sus familiares tiene relación con las imágenes del procedimiento. Según señalan, la cámara corporal del funcionario comenzó a registrar cuando los disparos ya habían ocurrido y se solicitaba asistencia para Gabriel. De esta manera, el momento exacto en que se efectuaron los disparos no estaría registrado en esas imágenes. La familia anunció que se querellará para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Ni siquiera les dejan despedirlo en paz
Familiares y amigos denunciaron que Carabineros les comunicó que el funeral había sido declarado de “alto riesgo” y que debían trasladarse directamente al cementerio. Desde el Servicio Médico Legal, sus cercanos denunciaron dificultades para retirar el cuerpo y realizar el velorio, una situación que calificaron como una nueva vulneración contra la familia.
Ahora, el abogado de la familia denunció que el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic Romero, habría impedido el derecho humano de la familia a velar el cuerpo de Gabriel. Por estos hechos, la defensa anunció que también buscará establecer las responsabilidades correspondientes mediante acciones judiciales.
Se trata de una denuncia particularmente grave. Una familia que acaba de perder a un ser querido producto de un procedimiento policial debe, además, luchar contra el propio Estado para poder despedirlo.
El punto de prensa realizado por la familia vuelve a poner en evidencia la impunidad policial y la injusticia respecto a su fallecimiento producto de un disparo policial y, en lugar de garantizar verdad, justicia y reparación para su familia, el Estado responde con más policía y control.
Además, la despedida de Gabriel queda bajo vigilancia. Según denuncian sus cercanos, el funeral tendrá una escolta policial impuesta desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio. Así, la misma institución cuestionada por la familia por la muerte de Gabriel vuelve a ocupar un lugar central en el momento en que sus familiares y amigos intentan despedirlo.
“Vegetal”: artista, no delincuente
La Comunidad del Hip Hop de Temuco ha reivindicado a Gabriel como un referente de la escena cultural local. Las muestras de cariño y reconocimiento que se han multiplicado tras su muerte dan cuenta de una trayectoria ligada a la música urbana y al trabajo comunitario.
El caso de Gabriel ocurre en una región donde la presencia policial y militar se ha intensificado durante años bajo el argumento de la seguridad. El estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía lleva más de cuatro años en vigencia. Fue implementado de manera continua el 18 de mayo de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, y desde entonces ha sido prorrogado por el Congreso cada 30 días.
En este contexto, resulta especialmente grave que un procedimiento policial que termina con una persona muerta pueda ser rápidamente encuadrado en una lógica de “legítima defensa”, mientras sus familiares deben luchar por acceder a información y exigir una investigación que permita esclarecer los hechos.
La Ley Naín-Retamal forma parte de esta política que amplía las facultades y protecciones para las fuerzas policiales. Es por eso que, no alcanza con exigir investigaciones caso a caso. Hay que terminar con el marco legal que fortalece la impunidad policial. Por eso, una demanda urgente es la derogación de la Ley Naín-Retamal.
Justicia para Gabriel, derogación de la Ley Naín-Retamal
La familia de Gabriel exige verdad y justicia. Esa demanda debe ser acompañada por sus compañeros, organizaciones sociales, territoriales, culturales y de derechos humanos. No puede haber impunidad. Su familia tiene derecho a despedirlo dignamente y a conocer la verdad.
Frente a un nuevo caso de gatillo fácil, necesitamos organización y movilización contra la impunidad policial. Se necesita una investigación seria, independiente y transparente que permita esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.
Y frente a las nuevas denuncias sobre las condiciones impuestas para su velatorio y funeral, también deben establecerse las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Es por esto que necesitamos organización y movilización contra la impunidad policial, por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su muerte y por la derogación de la Ley Naín-Retamal.
