La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDDHH) publicó un informe detallado sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos desde 1975. El documento, titulado «Informe sobre los Derechos Humanos en el Sahara Occidental», expone antecedentes históricos, políticos y jurídicos del conflicto, además de evidenciar la represión contra el pueblo saharaui. A continuación, se resumen sus principales hallazgos:
25 de abril 2025
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, a través de su equipo de Estudios Internacionales, frente una ofensiva diplomatica del Reino de Marruecos en Chile y Latinoamerica, presentó el pasado viernes 25 de abril un informe que fue expuesto en el Foro Conversatorio realizado el mismo día en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) en el Auditorio Salvador Allende, titulado: “Desde el desierto rompiendo el silencio: Autodeterminación y Descolonización en el Sáhara Occidental”.El informe inicia con un análisis histórico que remonta a la colonización española del Sahara Occidental (1884-1975) y su posterior ocupación por Marruecos mediante la «Marcha Verde» en 1975. Destaca que la identidad saharaui, forjada en resistencia al colonialismo, se compone de elementos culturales únicos (lengua, tradiciones nómadas y cohesión social).
Marruecos, bajo el discurso del «Gran Marruecos», justificó su anexión basándose en supuestos vínculos históricos, rechazados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1975.Lo cual, a juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humano: “Demuestra que la ocupación marroquí carece de legitimidad histórica y legal, arraigándose en una narrativa expansionista”.La CCHDH expone que las Naciones Unidas habrían fallado en cumplir con sus obligaciones internacionales, siendo un proceso de descolonización inconcluso, derivando en un territorio no autónomo ocupado por una potencia extranjera distinta a la Metrópolis responsable con una complicidad internacional de agentes como los Estados Unidos o Francia. Al respecto, la ONU reconoció en 1963 al Sahara Occidental como «territorio no autónomo», exigiendo su descolonización. Sin embargo, pese al fallo de la CIJ (1975) que respaldó el derecho a la autodeterminación saharaui, España cedió el territorio a Marruecos y Mauritania mediante los ilegítimos Acuerdos de Madrid.
La Misión de la ONU (MINURSO), creada en 1991 para supervisar un referéndum, sigue sin cumplir su mandato tras décadas de estancamiento, agravado por el veto de Francia en el Consejo de Seguridad.Lo cual, según apreciación de esta organización: “Expone la inacción internacional y la complicidad de potencias como Francia y EE.UU., que perpetúan el conflicto”.En dicha línea, la CCHDH destaca el rol de la organización político militar conocida como el “Frente Polisario”, fundado en 1973, la cual lidera la lucha por la independencia y proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976, reconocida por más de 80 países a pesar de los esfuerzos diplomáticos del Reino de Marruecos por limitar su reconocimiento y limpiar su imagen ante los crímenes perpetuados contra la población civil.
Entre dichos crímenes, el informe de la institución documenta crímenes como torturas, detenciones arbitrarias y represión política, destacando el llamado «muro de la vergüenza», una barrera militarizada de 2.700 km que divide el territorio, protegiendo la explotación ilegal de recursos naturales extraídos en territorios ocupados como el fosfatos, como también, el caso del activista de Derechos Humanos Naâma Asfari condenado a 30 años tras ser brutalmente torturado por protestar pacíficamente en 2010. Que junto a otros hechos evidencian una “violencia estructural de Marruecos para silenciar la disidencia y mantener el control ilegal” según la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Asimismo, el informe denuncia que el Reino de Marruecos despliega una estrategia para legitimar su ocupación, incluyendo la promoción turística en zonas ocupadas, la realización de foros y eventos internacionales e incluso financiamiento ilegal de políticos en diversos países europeos y latinoamericanos como ha sido destapado tras el denominado caso “Marruecogate” relativo especialmente a los eurodiputados socialistas.
Infosurglobal
