Defensores de Derechos humanos, intelectuales y dirigentes sociales y políticos de América Latina expresan conjuntamente su desacuerdo con el Informe de la Alta Comisionada de DDHH sobre Venezuela.
Declaración Internacional.
Quienes suscribimos esta carta queremos manifestar nuestro desacuerdo con la postura asumida por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en su informe sobre la República Bolivariana de Venezuela ya que la información presentada se muestra poco objetiva y falla en analizar de forma crítica las causas que subyacen a la actual situación económica y social.
El informe omite analizar a fondo el impacto que el conjunto de sanciones impuestas, principalmente desde Estados Unidos, ha tenido en el detrimento de las condiciones de bienestar de la ciudadanía venezolana. Estas sanciones, tanto económicas, como comerciales, son en amplia medida, responsables de la crisis en sectores como los alimentos y los recursos médicos, factores que impactan negativamente a la sociedad venezolana. De igual manera, en el informe se indica de manera superficial el efecto de la crisis provocada sobre el petróleo venezolano, por parte de Estados Unidos con el fin de apropiarse de esta industria clave para Venezuela. Así lo manifestó John Bolton, asesor de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, en una entrevista a FOX News a finales de enero de este año. En dicha entrevista, el asesor tildó de oportunidad de negocio para las empresas petroleras norteamericanas el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. En esta misma línea se encuentra la retención ilegal de dinero venezolano tanto en Estados Unidos, como en Europa. Por ejemplo, se estima que hay $7.000 millones de activos venezolanos en Estados Unidos y que este país tiene la intención de bloquear cerca US$11.000 millones más en ingresos estimados de las ventas de petróleo. En Inglaterra,hay retenidos aproximadamente $1.359 millones de libras por el banco de Inglaterra y otros 453 millones por el banco de Londres. Por su parte, Euroclear tiene secuestrados$1.400 millones de euros pertenecientes a Venezuela y Portugal ha congelado más de $2.000 millones. En ese mismo estado de congelamiento se encuentran 196 millones de euros por Citybank, 238 millones por parte de North Capital, 415 millones de euros en Sumitomo, por mencionar algunos. Sin duda, estas medidas abusivas tienen como fin afectar de forma grave el estado económico de Venezuela con el objeto de socavar su estabilidad social. Sin embargo, el informe no menciona estos hechos, ni calcula su influencia en la actual situación.
Así mismo, el informe omite mencionar, los diversos actos violentos fomentados desde la oposición con el fin de crear un ambiente inestable en Venezuela. Actos, como el brutal linchamiento del joven Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en Chacao el 20 de mayo de 2017, o los intentos contra la vida del presidente venezolano, o como los ocurridosactos de febrero de este año cuando miembros de la oposición quemaron de forma deliberada un contenedor con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Hecho que fue comprobado por el periódico norteamericano The New York Times, contrariando la versión sesgada de varios medios de comunicación, de la que usted, señora Alta Comisionada de Derechos Humanos, hizo eco de forma precipitada e irresponsable cuando acusó sin fundamento de esta acción al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De igual forma, el informe evita abordar el bochornoso escándalo de malversación de fondos dirigido desde el corazón de la oposición, en el cual, personas cercanas al señor Guaidó conspiraron para apropiarse del dinero del Estado venezolano, liberado por Estados Unidos para financiar su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, y la usaron para diversos fines, como compra de licor, prostitución, entre otros. Acciones, todas ellas encausadas en deteriorar el orden interno del país y sobre las cuales, incluso la OEA en voz del señor Almagro se pronunció al señalar, «Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción».
Las omisiones, así como el enfoque superficial del informe, ponen en contradicho su legitimidad ya que no presentan un panorama completo y crítico de la situación que enfrenta la nación venezolana, la cual se propuso, por disposición de la ciudadanía, reformular su modelo político, social y económico en detrimento de los intereses post coloniales, neoliberales y transnacionales que históricamente se han impuesto en la región. Este hecho, junto con la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia son los detonantes de la denominada crisis venezolana.
Si estos factores externos no se tienen en cuenta a la hora de analizar la situación en Venezuela, si no se consideran como fundamentales para explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno de Miraflores para poder ofrecer condiciones básicas a sus ciudadanos y ciudadanas, entonces el resultado es una visión limitada que no da cuenta de la dimensión y responsabilidad de la comunidad internacional en Venezuela.
Por otra parte, esperamos y recomendamos que la Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronuncie con similar determinación sobre, los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, en los que hay bebés, niños y niñas en condiciones infrahumanas, separados de sus padres, drogados y maltratados, o sobre los alarmantes números de fallecidos en circunstancias poco transparentes en Honduras, o la grave crisis humanitaria en Yemen, quizá la más seria del mundo, o sobre la situación compleja que enfrenta el proceso de paz colombiano, donde la incapacidad del gobierno por detener el exterminio sistemático de liderezas y líderes sociales y de derechos humanos, así como de ex combatientes de las FARC es un acto que raya en la complicidad. Así mismo, esperamos que aborde la situación de los Mapuches en su país natal, ciudadanos y ciudadanas que han sido perseguidos, desplazados y asesinados con absoluta impunidad, o que cuestione al gobierno de Brasil ante la situación ilegal de detención del ex presidente Lula da Silva, o al de Argentina sobre el proceso viciado contra laex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Suscriben la declaración:
Piedad Córdoba, Defensora de Derechos Humanos, Colombia.
Atilio Boron, Argentina
Esteban Silva, Analista Internacional. Mov del Socialismo Allendista. Chile
Pablo Sepúlveda Allende, Presidente Fundación Internacional Dr. Salvador Allende.
José Schulman, Secretario Nacional Liga Argentina por los Derechos Humanos
Sergio Rodríguez G, Profesor Universitario. Analista Internacional. RB de Venezuela.
Rafael Araya M. Periodista, analista Internacional.
Fernando Buen Abad, México.
Hugo Cabieses Cubas.Secretario RRII del Partido Socialista. Perú
Francisco Villa Castro, trovador chileno.
Ileana Jiménez. Integrante de la Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo. México.
Patricio Guzmán S, Vice Presidente Movimiento del Socialismo Allendista-MDP. Chile
Víctor Kot
Secretario General
Partido Comunista Argentina
Pablo Salvat B. Profesor universitario -Departamento Política y Gobierno-UAH. Chile.
Dr. Roberto Gutiérrez Laboy, Catedrático de Bioética y Derechos Humanos. Puerto Rico
Leonel Falcón G, Secretario Nacional RREE Partido Humanista. Perú
Roberto Stirling, Partido Igualdad Chile
Tito Olivo, economista. República Dominicana.
Nora Podestá. Coordinadora Comité Argentino de Amistad con el Pueblo Saharaui.
Celso Calfullan, Director Werken Rojo. Chile
Jorge Gálvez, Director AND Noticias. Chile
Bruno Sommier C, periodista. Fundador El Ciudadano. Chile
Rodrigo Loyola, Movimiento Democrático Popular. Chile
Ninoska Henriquez Araya . Ingeniero Magíster en Polimeros.Chile
Javier Gutiérrez Reyes, México.
Mirtha Alvarado, Fundación Constituyente XXI, Chile
Rafael Urrejola D
Periodista
Director de Comunicaciones del Centro de Formación Memoria y Futuro. Chile.
Carmenluz Valdés R, Periodista. Chile.
Jorge DRKOS – Senador prov.BsAs mc – Frente Transversal Argentina
Organizaciones y Personas Firmantes
*Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos*
*Integrantes del Consejo Consultivo:*
Argentina Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y NasimChatha Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos; Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Héctor Orlando Zambrano Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela y Miembro de la Coordinación Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora, Nieves Hugo Alberto Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora – CRBZ, Gioconda Mota Gutiérrez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Dirigente Nacional y Coordinador de Asuntos Políticos del FENOCIN; Bolivia Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas p Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos, Samuel Hernández Morales CODEP – MNPP, Herzahin Michel López COIVO, Juan Torres Pereda CODECI, Abel Ramos Ruiz COCISS, Luis Nicolás Vásquez ALPI, Artemio Ortiz Hurtado CEND – SNTE, Sergio Espinal CEND – SNTE; Prof. Antonio Castro López Secretario General del CEND – SNTE, Prof. Miguel Guerra Castillo Secretario General del CEND – SNTE, Prof. Alejandro Trujillo González, Secretario General del CEND – SNTE, Prof. Eugenio Rodríguez Cornejo CEND – SNTE, Prof. Jerónimo Sánchez Sáenz CEND – SNTE, Roberto Palma Juárez ONPP – Morelos, Arquitecto José Márquez Pérez Presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca PRO – OAX y Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas.
*Organizaciones integrantes:*
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Soldepaz – Pachakuti de España; Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Red de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores de Venezuela, Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos y Suiza; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina; Movimiento Nacional del Poder Popular – México (MNPP); Movimiento Nacional del Poder Popular Zacatecas (MNPP – Zacatecas); Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Lucha (CEND del SNTE en Lucha); Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco); Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP-MNPP); Consejo de Organizaciones Interdisciplinarias Vinculadas por Oaxaca (COIVO); Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS); Comité de Defensa Ciudadana (CODECI); Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Oaxaca (COIPO); Acción Libertaria de los Pueblos del Istmo (ALPI); Contingentes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha (CEND SNTE en Lucha), Congreso Nacional de Bases, Movimiento del Magisterio Democrático Nacional: Sección III de Baja California Sur; Sección V de Campeche; Sección X de la Ciudad de México; Sección XIII y XLV de Guanajuato; Sección XIV de Guerrero; Sección XV de Hidalgo; Movimiento Magisterial Jalisciense, Secciones XVI y XLVII de Jalisco; Sección XVIII de Michoacán; Movimiento Magisterial de Bases, Sección XIX de Morelos; Consejo Democrático Magisterial Poblano, Secciones XXIII y LI de Puebla; Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro, Sección XXIV de Querétaro; Bases Magisteriales Democráticas de Quintana Roo, Sección XXV de Q. Roo; Bases Magisteriales de Tabasco, Sección XXIX de Tabasco, Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco; Comité Estatal Democrático, Sección XXXII y LVI de Veracruz; Sección XXXVI del Valle de México; Consejo Nacional de Sistematización; Escuelas Integrales de Educación Básica de Michoacán; Colectivo Pedagógico “Francisco Javier Acuña Hernández”; Promotora del Poder Popular de Michoacán; Caja Popular de Ahorro “Emiliano Zapata”; Colectivo de Estudios “Ricardo Flores Magón”; Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP) Michoacán); Coalición de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez Castro”; Talleres Comunitarios del Municipio de Nezahualcóyotl, estado de México; Barzón Federación: Estado de México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal; Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales (CONACyES); Organización Nacional del Poder Popular (ONPP); Organización Nacional del Poder Popular de Morelos (ONPP-MORELOS); Organización Nacional del Poder Popular del D. F.; Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH).
Nuevas adhesiones a la declaración enviarlas a:
fundacionconstituyente21@gmail.com
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