Saúl Escobar Toledo, México
El martes pasado, 15 de julio, representantes de más de 30 estados de todo el mundo
inauguraron en Bogotá, Colombia un “Conferencia de Emergencia de los Estados para
detener el genocidio de en Gaza”. De acuerdo con información oficial del gobierno
colombiano, asistieron representaciones oficiales “desde Argelia hasta Brasil, desde China
hasta España, desde Indonesia hasta Qatar” con el objetivo de “pasar de la condena a la
acción colectiva”.
La conferencia de Bogotá tiene un antecedente: a finales de enero de este año en La Haya,
Holanda, se congregaron delegados de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba,
Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Lamentaron “la pérdida de vidas,
medios de subsistencia, comunidades y patrimonio cultural debido a las acciones
genocidas de Israel en Gaza” y manifestaron su voluntad para no permanecer pasivos ante
tales crímenes internacionales.
Su declaración final se basó en diversas resoluciones de la ONU y, particularmente, en la
emisión por parte de la Corte Penal Internacional, el 21 de noviembre de 2024, de
órdenes de detención contra los señores Netanyahu primer ministro de Israel y Gallant,
ministro de Defensa entre 2022 y 2024, debido a que encontraron “motivos razonables
para creer que ambos tienen responsabilidad penal como superiores civiles por… diversos
crímenes de guerra”.
Los resolutivos de La Haya incluyeron apoyar estas órdenes de detención; prevenir el
suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, en los casos
en que exista un riesgo claro de que dichas armas y artículos conexos puedan utilizarse
para cometer o facilitar violaciones del derecho humanitario; prevenir el atraque de
buques en cualquier puerto, dentro de nuestra jurisdicción territorial, en todos los casos
en que exista un riesgo manifiesto de que el buque sea utilizado para transportar
combustible y armamento militar al país agresor.
Posteriormente, el 9 de julio el presidente Gustavo Petro denunció que “durante los
últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamín Netanyahu liderar una campaña de
devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del
derecho internacional.” Informó que su gobierno suspendió las exportaciones de carbón a
Israel y que otros gobiernos también estaban actuando como Sudáfrica y Malasia, país que
ha prohibido a todos los buques de carga con bandera israelí atracar en sus puertos.
El mandatario colombiano convocó a la conferencia de Bogotá para el 15 de julio para
“deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional e introducir medidas
jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción (que
lleva a cabo) Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por
encima de la ley”.
Una de las oradoras principales en la inauguración de la Conferencia de Bogotá fue
Francesca Albanese una abogada en derecho internacional que en mayo de 2022 fue
nombrada relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos
ocupados, cargo que deberá ocupar hasta 2028. El 26 de marzo de 2024, presentó en la
55.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Anatomía de un
Genocidio. Solicitó sanciones y un embargo de armas contra Israel y la suspensión de sus
credenciales como Estado miembro de la ONU. Posteriormente, en noviembre, pidió a los
Estados miembro de la ONU suspender todas sus relaciones con esa nación para forzar un
alto el fuego en la guerra de Gaza.
El día 3 de julio de 2025, Francesca Albanese, presentó en la ONU otro informe titulado
«De la economía de ocupación a la economía de genocidio», en el que afirmaba que la
matanza en Palestina continuaba “porque es lucrativa”. Enumeró a más de 60 empresas,
entre ellas IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon, Volvo y Google, que, según las
investigaciones de su equipo, están involucradas en el apoyo a los asentamientos israelíes
y las acciones militares en Gaza. Y urgió a la Corte Penal Internacional a investigar a los
altos cargos de estas empresas y a las propias entidades “por su implicación en la
comisión de violaciones del derecho internacional y en el lavado de dinero obtenido
mediante los crímenes que denuncia”.
Albanese ha sido amenazada por grupos de derecha y diversos gobiernos. Fue sancionada
por el gobierno estadounidense con el bloqueo de sus bienes y activos y la prohibición de
entrar a ese país.
Sin embargo, Albanese ha recibido un gran apoyo de personas y organizaciones de la
sociedad civil que la han propuesto para recibir el premio Nobel de la Paz. En Italia y en el
resto del mundo, casi 85 mil personas se han manifestado en este sentido hasta hace unos
días. Por su parte, Albanese ha asegurado que no tiene intención de "callar sobre el
genocidio en Gaza", a pesar de que EE.UU quiere "intimidarla con métodos que recuerdan
a los de la mafia" y que las sanciones son "una lamentable respuesta" a su último informe.
Su presencia y su palabra en Bogotá adquieren entonces una importancia muy destacada.
Lamentablemente la Conferencia de Bogotá y la actuación de Francesca Albanese han
recibido poca atención de los medios. México no ha estado presente ni en La Haya ni en
Bogotá. Tampoco se ha pronunciado en defensa de Albanese. La presidenta Sheinbaum y
su secretario de relaciones exteriores han condenado la guerra y han manifestado que
buscarán “por todos los medios” que se construya la paz en la Franja de Gaza “todos los
días”. Se negó, no obstante, a contestar acerca de la ruptura de relaciones con Israel o a la
posibilidad de unirse a las campañas emprendidas por el grupo de La Haya y ahora de
Bogotá.
Por su lado, el 6 de julio, el presidente Lula da Silva de Brasil denunció al gobierno de Tel-
Aviv por llevar adelante un “genocidio” y acusó a las potencias de “conducir al mundo a un
colapso sin precedentes del sistema multilateral”. “El derecho internacional se ha
convertido en letra muerta”, advirtió el mandatario brasileño, en el discurso de apertura
de la XVII cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro.
Más allá de la postura oficial mexicana (y de otras naciones), la Conferencia de Bogotá
representa un esfuerzo excepcional de varios gobiernos del mundo para detener el
genocidio en Palestina. La posibilidad de pasar de la condena a la acción efectiva apenas
está empezando, pero ya se ha iniciado. Significa, asimismo, un desafío abierto al
gobierno de Estados Unidos. Las sanciones de Washington contra gobiernos y personas es
probable que se agudice después de la conferencia de Bogotá. Sin embargo, la existencia
de un bloque de naciones puede animar al resto del mundo a unirse contra el genocidio.
Las palabras que se han dicho y se dirán en Bogotá no son desconocidas. Probablemente
las condenas a Israel, a Estados Unidos y a empresas y gobiernos cómplices, se repetirán
una y otra vez. Es difícil después de tantos días de hostilidades, que los relatos, llenos de
dramatismo, acerca de la situación en Gaza reflejen fielmente el dolor cotidiano de un
pueblo. Seguramente, las acciones genocidas de las fuerzas militares israelitas
continuarán los siguientes días como si nada haya pasado.
No obstante, es indiscutible que el aislamiento de Israel es cada vez mayor, así como la
certeza de que la continuación de las hostilidades responde a los interese políticos de un
pequeño grupo que gobierna ese país. Detener la agresión significaría no sólo detener la
masacre contra un pueblo sino también darle esperanzas al mundo de que no está sujeto
a la voluntad de unos cuantos que, sin medir las consecuencias, pueden llevar a una
conflagración de alcances mundiales de la que ninguna nación quedaría a salvo.
El coraje de personas como la abogada Francesca Albanese, y de gobiernos como el de
Petro y Lula, entre otros, no debe pasar desapercibido en México. Gracias a ellos aún
queda la esperanza de un mundo en paz.
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