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Elon Musk, un oligarca, «negocia» su remuneración y exige US$ 56 mil millones… Cuando se habla de concentración de la riqueza, esa es la dimensión. Para un puñado de privilegiados todo, para la inmensa mayoría de la población las sobras. Luis Mesina lo explica clarito…
Cuando lo público cedió terreno a lo privado, abrió el camino a concentración
escribe Luis Mesina – Sindicalista – 17 de junio de 2024
La estrategia de quienes controlan el poder ha consistido principalmente en apoderarse de todos los bienes públicos, reduciendo al Estado solo al control de la “seguridad pública”, pues mantiene el monopolio exclusivo de la fuerza para defender los intereses de los sectores dominantes cuando estos sienten que están amenazados, como ocurrió en septiembre de 1973.
Chile ha sido uno de los países que más lejos ha llevado el dogma monetarista, bajo la égida de uno de sus teóricos, Milton Friedman. En la época de la dictadura se dieron a la tarea de arrasar y saquear al Estado, privatizaron casi todo, enarbolaron la bandera de la libre competencia, aunque ello no fuese más que una trampa, que liquidó a miles de pequeños productores y abrió el camino a la concentración extrema de la propiedad.
La tesis de los “neoclásicos” de que productores y consumidores son racionales y operan bajo la libre competencia ha sido a lo largo de décadas nada más que una argucia, que ha dejado como resultado en Chile y en todo el planeta, la consolidación de oligopolios y monopolios, contrarios por el vértice al relato de los defensores del libre mercado.
El ataque a lo público comenzó a los pocos años de derrocado el gobierno de Allende. En 1978, la configuración de los nacientes grupos económicos ya mostraba una tendencia a la concentración, que solo podía explicarse por las desregulaciones que en materia económica la dictadura había implementado.
En efecto, uno de los ideólogos del modelo chileno, Sergio de Castro, quien fuera ministro de Economía entre 1974 y 1976 y de Hacienda entre 1976 y 1982, impulsó una serie de medidas tendientes a liberalizar el movimiento de capitales, facilitando la inversión del capital nacional e internacional en todo el proceso privatizador de las empresas estatales.
Al poco andar, la realidad mostró que el mercado no es más que una idealización.
En 1978, a cinco años de instalada la dictadura, los nacientes grupos económicos mostraban cómo se apoderaban de las empresas del país. Según Fernando Dahse en su célebre libro “Mapa de la Extrema Riqueza” los tres más grandes grupos económicos poseían un control de las empresas y un patrimonio preocupante, ya en esa época, de las 250 empresas más importantes, Cruzat-Larraín controlaba 37 que representaban un 24,7% del patrimonio total, que a esa fecha ascendía a US$3.788,2 millones; Javier Vial, controlaba 25 empresas cuyo patrimonio representaba el 12,6% del total y, el grupo Matte, poseía 12 empresas que representaban un patrimonio del 8,6% del total.
Luego del fin de la dictadura, la concentración de la riqueza continuó incrementándose. Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% mas rico de Chile, concentraba el 49,6% de la riqueza total del país, mientras que en Brasil controla el 48,9%, en México el 46,9% y en Estados Unidos el 34,9%.
O sea, Chile es campeón en el continente en concentración económica.
¿Como fue posible entonces que Chile, a pesar de todo el relato instalado por más de cuarenta años acerca de la “libre competencia”, de que el mercado libre permitiría la mejor reasignación de recursos y riqueza, terminara groseramente encabezando la lista de países con la más brutal concentración, que, al mismo tiempo, genera el otro extremo, la pobreza extrema de millones en el país?
Fue posible por la jibarización del Estado bajo la dictadura y profundizado por los posteriores gobiernos. Por la privatización de cientos de empresas públicas. Por la captura de los derechos sociales convertidos en suculentos negocios privados como salud, pensiones, educación y vivienda.
Fue posible, además, porque desregularon todo.
En materia laboral, se tradujo en una extremada flexibilización de las normas laborales, que no es otra cosa que privar a los trabajadores de derechos fundamentales, como, por ejemplo, la negociación colectiva ramal que, como se ha comprobado, es la mejor herramienta para combatir la concentración a través de una mejor redistribución.
Así, puede entenderse, por ejemplo, la desregulación en materias favorables al inversionista en normas del uso del suelo, que permitieron indiscriminadamente el desarrollo de industrias dañinas para ecosistema, entre las que se cuentan los monocultivos que dejaron sin agua a territorios importantes del país.
De la misma manera debe entenderse la apropiación que se ha hecho durante 43 años de los ahorros previsionales de los trabajadores para financiar expansiones del capital tanto en el país como fuera de él.
O, la sistemática política de reducir al Banco del Estado a un lugar de menor importancia (control del crédito) traducido en su menor participación en las colocaciones, que de un 30% de los créditos totales otorgados por la banca en 1977, disminuyó a un 19,4% en 1979.
Cuando un Estado renuncia al ejercicio de dotar de normas esenciales a una sociedad para garantizar el ejercicio de derechos a quienes la constituyen, esa sociedad, ese Estado, pierde sentido para quienes lo habitan y eso es lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Un país cuyo desarrollo, cuyo progreso solo lo disfrutan unos pocos.
Es la lógica de los “monetaristas” que dominan la economía y también la política.
La disputa, por tanto, de lo público y lo privado no es algo menor, está en el centro de la problemática, pues al final, la evolución de la distribución de la riqueza tiene mucho que ver con un tema político que no solo se explica por razones económicas.
Y lo político es y está, en el ámbito de lo público y no de lo privado.
