Declaración Pública de la Comisión Ética contra la Tortura ante los gravísimos hechos acontecidos en La Araucanía
1.- A casi 24 de horas de pronunciada la cuenta pública del Gobierno,
llamando a la unidad y diálogo entre los chilenos para enfrentar las crisis que nos aquejan, el recién nombrado Ministro del Interior Víctor Pérez, a cargo entre otros de la Fuerza Policial, ha permitido que civiles actúen contra de civiles con el supuesto fin de restablecer el orden en municipios ocupados pacíficamente por manifestantes Mapuche, que con dicha acción buscaban llamar la atención sobre la prisión política que aqueja a miembros de sus comunidades, 27 de los cuales se encuentran en prolongadas huelgas de hambre y que buscan que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos firmados en el Convenio 169 de la OIT que les
consagra derechos y respeto a su cultura y religiosidad, aun cuando se
encuentren encarcelados.
2.- Permitir que civiles actúen como grupos organizados, realicen llamados a cometer crímenes de odio, se graben, publiquen en redes sociales, sin que el Gobierno diga “esta boca es mía”, sienta un peligroso precedente ante el país ya que abre la puerta para que cada ciudadano pueda a partir de hoy hacer justicia por su propia mano ante cualquier hecho que estime le resulte ilegal. La opinión pública es testigo que estos civiles premunidos de diferentes armas y elementos contundentes, en pleno toque de queda, han actuado como fuerza represiva contra comuneros mapuche sin que el Gobierno invoque la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni se les aplique la Ley de Control de Armas y mucho menos la Ley antiterrorista, ni hablar de las leyes que se les han aplicado a los presos de la revuelta de octubre 2019.
3.- No sólo se trata de actuar como fuerza represiva y policial, sino que junto a ello, se ha invalidado también el actuar de los Tribunales de Justicia encargados de aplicar las leyes, aun cuando todos sabemos que la balanza siempre se inclina desfavorablemente hacia el pueblo y sus derechos, hoy simplemente fueron borrados en su función o simulacro de aplicar y hacer justicia.
4.- A nuestro juicio, con esta conducta el Gobierno que preside Piñera se
coloca al margen de toda ley. Particularmente su Ministro del Interior quien a menos de una semana de asumido su cargo hunde al gobierno recurriendo a su acostumbrada trayectoria durante la dictadura, cuando cómplice de Colonia Dignidad, se ocultó la desaparición forzada de personas, la ejecución de prisioneros y la tortura, recurriendo no solo a la policía política del régimen, sino también a milicias terroristas organizadas para desatar la barbarie.
5.- Recordamos a todo el país que hace 47 años por menos que esto las
fuerzas políticas de derecha que actualmente gobiernan, dieron un golpe de
Estado en conjunto con el empresariado y las fuerzas armadas para instalar el sistema económico actual y su espuria constitución, violando masiva y
sistemáticamente los derechos humanos, violaciones que en muchos casos aún no ven el fruto de la justicia.
6.- Ahora bien, sí el gobierno quiere verdaderamente la paz social para Chile debe solucionar la huelga de hambre mapuche y remover de inmediato a Víctor Pérez del cargo de Ministro del Interior: Pérez probó que no es apto para el desempeño de un cargo público en la cabeza de la administración del Estado.
7.- Finalmente señalamos que es justo solidarizar con los presos políticos y
con el pueblo mapuche, expoliado y despojado de lo que les pertenece;
criminalizados, perseguidos y encarcelados; con un saldo de varios jóvenes
asesinados impunemente por la policía; niños golpeados, gaseados y el
abominable hecho de saber que el Estado de Chile y sus agentes han hecho
desaparecer al adolescente mapuche José Huenante y, hoy, organizan hordas de civiles para castigarlos. Reclamamos justicia y libertad para los presos políticos mapuche, reconocidos por Naciones Unidas que en varias ocasiones ha enviado relatores especiales a visitarlos, porque efectivamente se trata de presos políticos de una causa justa, con derechos como los establecidos en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile.
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, 3 de agosto 2020.
