Maritza Quiroz, lideresa social en Santa Marta, fue asesinada el pasado 5 de enero. Twitter
En apenas una semana del 2019, se ha registrado el asesinato de seis líderes sociales en Colombia, cinco hombres y una mujer. Prácticamente uno por día.
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Las muertes se han intensificado luego de la firma del Acuerdo de Paz sellado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año 2016.
Carlos Guevara, activista de Derechos Humanos en Colombia explica que “la finalización del conflicto con las FARC generó otras situaciones mucho más complejas en los territorios, que hicieron evidente que los líderes sociales fueran cada vez más blanco de ataques, y en este caso víctimas de asesinato o de homicidio, por estar un poco involucrados, en la gran mayoría de casos, en temas relacionados con el acuerdo”.
Efectivamente, todo apunta a que líderes como Maritza Quiroz, delegada de su comunidad de Magdalena en el Plan de Acción para la Transformación Regional, o Jesús Adier, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caicedonia en Valle del Cauca, habrían sido asesinados a tiros por ser ejecutores de resoluciones del acuerdo de paz.
“Quienes están asesinando a estos líderes sociales quieren frustrar la implementación del acuerdo de paz. Son asesinatos en contra de la paz en Colombia”, estima el senador Iván Cepeda.
Desde la firma del acuerdo de paz entre gobierno y FARC, se han registrado 454 casos de asesinatos de líderes sociales, de los cuales se han verificado 163, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Carlos Guevara comenta que aunque se ha avanzado, siguen siendo “muy precarias” las acciones a nivel territorial: “Hay que estar a la expectativa de que todas esas políticas y normas derivadas del acuerdo tengan recursos para poder ser implementadas, y sobre todo que las autoridades locales y regionales se articulen con las autoridades nacionales para echar a andar esos planes de prevención, para evitar llegar a estas muertes y que se pueda atender a cientos de defensores de Derechos Humanos que han denunciado amenazas y que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta”.
El Estado colombiano ha propuesto establecer un sistema de recompensas por delatar a los responsables de estas muertes. También se ha dispuesto un “plan urgente de intervención” por parte del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por los crímenes y se ha establecido como prioridad la seguridad de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Sin embargo, los asesinatos siguen ocurriendo… todos los días.
Entrevistados: Carlos Guevara, activista de Derechos Humanos en Colombia, y el senador Iván Cepeda.
