La persecución del gobierno de Duque terminó con la detención de más de dos mil manifestantes.
Página/12, 29-12-2021 https://www.pagina12.com.ar/
A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando entre abril y junio de 2021 con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
Entre abril y junio de 2021 cientos de miles de manifestantes coparon las calles de Colombia en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que finalmente fue desechada ante el clamor popular. Las jornadas fueron en su mayoría pacíficas aunque los cortes de ruta y los destrozos dieron paso a una feroz represión que, según la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 60 civiles y dos uniformados muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70 víctimas.
A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando por distintos departamentos de Colombia con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Las calles se silenciaron, pero ahora los jóvenes colombianos denuncian una «cacería de brujas» que continúa tras la detención de más de dos mil manifestantes, de acuerdo a organizaciones como Indepaz.
Las cifras del Paro Nacional
La ONG Indepaz presentó recientemente un balance sobre lo ocurrido durante el Paro Nacional. La organización registró 2005 detenciones arbitrarias y 79 asesinatos, de los cuales 44 fueron atribuidos a miembros de la fuerza pública. Por su parte, la oficina de la ONU registró entre el 28 de abril y el 16 de junio denuncias de 56 muertes, incluidos dos agentes de policía, durante las protestas en la ciudad de Cali y 49 víctimas de violencia sexual. Las cifras oficiales son mucho más bajas y muestran 24 asesinatos durante los dos meses de protestas.
El ministerio de Defensa habló de «259 capturas de criminales y delincuentes de la primera línea», una facción de manifestantes encargada de repeler los ataques de la policía. El gobierno de Duque hizo lo posible por reducir a los cientos de miles de manifestantes a la llamada primera línea, cuyos supuestos líderes, cuatro hombres y tres mujeres, fueron detenidos luego de ser imputados por «concierto para delinquir, tenencia y tráfico de sustancias peligrosas, y violencia contra servidor público».
«La Fiscalía nos presenta como un grupo radical organizado que es peligroso para la sociedad y que tiene un odio irracional hacia la policía», dijo a la agencia AFP la estudiante de derecho Juliana Higuera. Por ser madre soltera de Salomé, de cinco años, le otorgaron la prisión domiciliaria, pero cinco de sus amigos siguen tras las rejas.
«El caso se parece a la película argentina ‘La noche de los lápices'», denuncia el concejal de centroizquierda Diego Cancino, quien evidentemente se enteró por medios audiovisuales de ese oscuro capítulo de la dictadura iniciada en 1976 en Argentina. «Pasa la persecución de la protesta y, tiempo después, cuando la cosa está más calmada, cuando los ánimos están más apaciguados, ¡pum! Viene la andanada de la persecución judicial», explica el paralelismo Cancino.
El auge de los «testigos digitales»
Más allá de los detenidos de la primera línea, un elemento que distinguió a las masivas protestas de este año en Colombia ha sido la posibilidad de registrar diferentes vulneraciones a los derechos humanos en vivo y en directo. Así pasó, por ejemplo, el jueves seis de mayo, cuando los celulares de distintos manifestantes evidenciaron cómo un camión de la policía en la ciudad de Cali transportaba agentes vestidos de civil que los atacaron con armas de fuego.
También se viralizó el caso de Nicolás Guerrero, un joven artista de 22 años que vivía en Cali. Según testigos que lo acompañaban el pasado dos de mayo, Guerrero recibió un disparo por parte de agentes policiales mientras se encontraba en un «velatón» cerca del municipio de Calima en honor a los fallecidos en el Paro Nacional. Miles de personas vieron cómo Guerrero fue asesinado en medio de la transmisión de Instagram de un DJ local.
Otro rostro icónico de esa violencia televisada ha sido el de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante todo el cinco de mayo estuvo participando de las marchas pacíficas en la ciudad de Pereira, y a través de videos compartidos por Twitter y Facebook varios usuarios resaltaron su alegría. Por la noche, a Lucas y a algunos de sus compañeros se les acercó por sorpresa un vehículo gris del que surgieron por lo menos siete disparos. Villa recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en su pierna derecha. Tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira.
Reformar el Esmad, la tarea pendiente
Camilo González Posso, presidente de Indepaz, sostuvo en un comunicado que debe debatirse de forma urgente «si el entrenamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de otras fuerzas policiales destinadas a reprimir manifestaciones ha sido permisivo con procedimientos que conllevan el riesgo de daño a manifestantes». Posso agregó en ese sentido que «centenares de heridos y muchas decenas de muertos por la brutalidad policial no pueden considerarse hechos aislados de responsabilidad individual ni ajenos a la responsabilidad de los mandos que están al frente de las operaciones».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló recientemente la conexión entre el abuso de la fuerza contra la protesta social y las políticas y orientaciones que ubican a los manifestantes como «terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra», e incluso como cómplices de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Para Posso, en el gobierno de Duque «no caben las recomendaciones de la CIDH sobre desmilitarización de la policía», por lo que llamó a «desterrar toda política y discurso que lleva a tratar la protesta como ataque a las instituciones, a la seguridad nacional o como riesgo de infiltración de criminales».
