Mientras avanza el proceso de paz con el desarme y la dejación de armas por las FARC, persiste un sinfín de retos sociales y políticos. De estos, es necesario enfatizar los agravios a los líderes sociales que no dan tregua, así como la dificultad de encontrar un espacio seguro y duradero para expresar la oposición, la crítica o el pensamiento alternativo. Tendencias que no son nuevas pero que interpelan al ciudadano, al observador o al investigador, en el contexto de construcción de la paz.
Julie Massal
Palabras al Margen, 14-7-2017
En los últimos meses, Colombia ha vivido tanto al ritmo de los avances y retrocesos del proceso de dejación de armas de las FARC, que acaba de concluirse, como del imparable conteo de líderes sociales asesinados (37 por ahora, según cifras a fines de junio1) o amenazados. Ello ocurre a un ritmo que apenas ha disminuido2 en los primeros meses consecutivos a la firma de la paz y su implementación en el congreso desde el 1 de diciembre de 2016, después de un año 2016 especialmente tenso en el frente social. Se ha llegado a un total de 80 líderes sociales asesinados en dicho año, según el informe anual “Contra las cuerdas” de la ONG Somos Defensores3, la misma que se ha dedicado a recopilar datos en este ámbito desde varios años. El aumento ha sido constante desde 2013, aunque hay variaciones de ritmos y en las modalidades de asesinato. Es decir que, como ya lo subrayamos en anteriores artículos, los asesinatos se han incrementado en un periodo de negociación de paz.
Una ola de asesinatos en 2016
Las cifras para el año 2016, extraídas del informe de Somos Defensores4 y relatadas en la revista Pacifista5 evidencian varias tendencias que confirman lo observado en los últimos tres o cuatro años: en Colombia, aun en tiempos de negociación de paz, ser líder social, defensor de los derechos humanos, del medio ambiente o promotor de la paz, especialmente en las Juntas de Acción Comunal, constituye un riesgo inminente para la vida.
En el mencionado informe anual de 2016 se evidencian las siguientes características (todos los datos son del mismo informe): “ochenta defensores, defensoras y líderes sociales fueron asesinados(as); 17 más que en 2015, es decir un incremento del 22% con respecto al año anterior. De los 80 asesinatos, el 89% correspondieron a hombres (71 casos) y 11% a mujeres (9 casos). En 22 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra defensores, lo que significa que en el 68% del territorio nacional ocurren casos de este tipo”. La mayoría de asesinatos se cometen con armas de fuego. Además, hay un claro sesgo en la repartición, pues el 12% de los homicidios ocurrieron en las ciudades y el 88% restante ocurrieron en zonas rurales, incluso en departamentos que cuentan con una fuerte presencia de la fuerza pública.
Así mismo, se señala que ninguna de las víctimas asesinadas contaba con protección alguna, ni siquiera las personas que ya habían sido amenazadas: “Ninguna de las víctimas contaban con medidas de protección de la UNP. De los 80 defensores asesinados en 2016, el 13% (10 casos) había denunciado amenazas previo a su asesinato”.
En cuanto a las amenazas (de muerte), la nota positiva es que se observa una disminución del 40% frente a los 539 casos que se presentaron en 2015. Pese a ello, en 2016 aún se produjeron un total de 317 casos de amenazas. El departamento donde se presentan más amenazas es el Distrito Capital (Bogotá D.C), con 67 casos, seguido por el Valle del Cauca con 61, Santander con 42, Cauca con 39 y Atlántico con 27.
Impunidad, detenciones arbitrarias y repunte de la oposición a la paz
Estos datos son tan solo una pequeña muestra de una realidad aun difícil de conocer del todo, pues hay muchos casos por los cuales no se tiene certeza, por falta de identificación de los perpetradores. Cuando se logra identificarlos, la mayoría proceden de grupos derivados del paramilitarismo, antiguos o nuevos. Aun cuando el gobierno Santos sigue negando que hay paramilitarismo en Colombia, contra toda la evidencia disponible. A esta denegación burda de la realidad más cotidiana, se suma la constante falta de resultados en las investigaciones relativas a dichos asesinatos, pues la gran mayoría quedan impunes incluso meses o años después. Sea por que no se identificaron sus perpetradores, sea porque estos no fueron detenidos o enjuiciados.
Esta situación de impunidad persistente a favor de los autores de los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, contrasta fuertemente con la aparente celeridad en detener nueve “terroristas”, supuestamente por ser autores del atentado del Centro Andino el pasado 17 de junio, aunque algunos de ellos también fueron acusados de otras explosiones en Bogotá. Todo ello, supuestamente, gracias a un trabajo de infiltración de varios meses, y esto apenas una semana después, pues las detenciones se realizaron el 24 y 25 de junio.
No solo es llamativo el contraste en la eficacia de la policía en hacer capturas. También es sumamente preocupante observar cómo se acusó, en la prensa, a jueces que habían tenido reservas sobre unos arrestos anteriores, por haber “dejado sueltos” posibles terroristas. Pues no solo se reitera en muchos sentidos la arbitrariedad y la violación a los procesos y garantías durante los arrestos, como ocurrió en el caso de “los 13” en julio de 2015, sino que se estigmatizan jueces que trataron de ejercer su oficio sin obedecer a la presión política y mediática.
Recordemos que “los 13” fueron dejados en libertad, porque los jueces demostraron los vicios de forma en la detención y el no respeto al debido proceso. Esas detenciones ilegales se parecen mucho a lo ocurrido con los nueve inculpados, como ya ha señalado Ana María Quintero6. Y no es casual que varios de los detenidos sean abogados, defensores de derechos humanos, y oponentes que denuncian los atropellos del paramilitarismo en sus zonas de influencia.
Estos antecedentes de detención arbitraria deberían como mínimo incentivar a observar la más elemental prudencia en los procedimientos judiciales. Pero también deberían ser recordados en la prensa mainstream para así evitar dedicarse a lanzar acusaciones a diestra y siniestra.
Todo ello evidencia también que la amenaza, o cuando menos la falta de apoyo y de garantías otorgadas a los líderes sociales, no solo procede de los grupos derivados del paramilitarismo o de las bandas criminales. También ocurre en entidades públicas como la Fiscalía, principal ente investigador del Estado, cuyo representante Néstor H. Martínez, no obstante, seguía hasta hace poco negando la gravedad y sistematicidad7 del fenómeno de los homicidios. Lastimosamente, nada de esto es nuevo o inédito. Por lo que toca repetirlo aún, tantas veces como sea necesario.
Y la situación no es más alentadora en ciertos sectores de la sociedad cercanos a las influencias de la extrema derecha, que siguen criminalizando toda oposición crítica al paramilitarismo. Una reciente muestra de ello fue el panfleto8 de amenaza específicamente enfocado a mujeres líderes sociales en Bogotá, por el grupo Águilas Negras Bloque Capital. El mismo que amenazó en mayo de 2015 a siete estudiantes y tres docentes de la Universidad Nacional, y reivindicaba haber logrado la destitución del profesor del departamento de sociología, Miguel Ángel Beltrán9.
Esta extrema derecha ha demostrado por doquier su constante oposición al proceso de paz, aún con los sustanciales cambios incorporados al Acuerdo de Paz después del referéndum del 2 de Octubre. Los oponentes a la paz han dejado claro, a la saciedad, que no tienen límites para conseguir sus fines, sea manipulando la campaña por el No en el referéndum, sea amenazando de antemano posibles futuros candidatos electorales de las FARC, de la Marcha Patriótica y de los movimientos sociales promotores de la paz en sus territorios, como lo evidencian a cabalidad los informes de Somos Defensores, relativos a las víctimas de asesinatos o amenazas.
Por ende, no es para nada de buen augurio que Santos, a pesar de sus innegables logros en otros frentes, siga negando la influencia de grupos paramilitares y sus secuaces sobre la sociedad y el aparato estatal. Pues esto no permite tener fe en lo más mínimo en su voluntad de enfrentar uno de los mayores retos que debe superar Colombia. A pocos meses de la contienda presidencial de 2018, cuando ya se alistan candidatos que han expresado su escepticismo o su hostilidad a la paz como proceso, cuando aún no se garantiza la seguridad de los futuros desmovilizados de las FARC, y cuando aún persisten un sinfín de retos a la Justicia Especial de Paz, son muchos los nubarrones que se acumulan. Pero el gobierno colombiano parece más interesado, en estos momentos, en promover una imagen idealizada de Colombia en el exterior, que en enfrentar la oscura realidad puertas adentro.
Notas
1) Según M. Zamudio, publicado en Pacifista el 29 de junio de 2017: “Se acaba nuestro mural: Hablar de los líderes asesinados ha valido la pena”: http://pacifista.co/se-acaba-nuestro-mural-hablar-de-los-lideres-asesinados-ha-valido-la-pena/
2) En 2016, había un asesinato cada cuatro días en promedio, mientras en 2017 hasta ahora, el promedio es cada cinco días, según datos disponibles. Según el informe semestral, en 2016 hubo 35 asesinatos en el primer semestre, y en 2017 ya se registran 37, contados desde 1-12-2016, primer día de implementación del Acuerdo de Paz. Estos datos pueden consultarse en los informes semestrales que entrega Somos Defensores, donde se presentan todos los casos registrados y averiguados, con fecha y nombre. Por ejemplo el Informe Semestral de enero a junio 2016: “Este es el fin?” : https://www.somosdefensores.org/attachments/article/140/este-es-el-fin-informe-semestral-2016.pdf 3
3) Informe Anual, Somos Defensores, 2016: “Contra las Cuerdas”: https://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/144-contra-las-cuerdas
4) Hay que señalar que en 2016 hubo otras ONG o entidades públicas que empezaron a recopilar información y señalar este fenomeno, con distintas metodologías. Somos Defensores es la ONG que tiene más recorrido en este aspecto, por lo que es más factible usar cifras de esta fuente para comparaciones a mediano plazo.
5) “En 2016 mataron 80 líderes sociales en el país”, según la ONG “Somos Defensores”: Pacifista, 21-02-2017:http://pacifista.co/en-2016-mataron-80-lideres-sociales-en-el-pais-somos-defensores/
6)Palabras al Margen, Edición 108, 1-07-2017: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/los-retos-de-vivir-en-democracia?category_id=138
7) Gutierrez Francisco: “Sistematicidad”, El Espectador, 22-12-2016: http://www.elespectador.com/opinion/opinion/sistematicidad-columna-671679
8) «“Muerte a las perras”: así amenazan las Águilas Negras a las líderes sociales en Bogotá»; M. Zamudio Palma, 29-06-2017, Revista Pacifista: http://pacifista.co/muerte-a-las-perras-asi-amenazan-las-aguilas-negras-a-las-lideres-sociales-en-bogota/
9) Documento pdf, difundido en la red interna de la Universidad Nacional y en prensa. En el siguiente link se puede acceder al documento: https://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-de-Aguilas-Negras-contra-estudiantes-de-la-facultad-de-Sociologia-de
