Revista Política y Poder
Desde la década de los años 60 América Latina era tristemente popular por sus Golpes de Estado; era común que altos mandos de las Fuerzas Armadas del continente fuesen financiados por EEUU para que le sostuvieran a punta de represión los gobiernos dirigidos por la decadente oligarquía – feudal, pero con el pasar del tiempo este método resultó ser una mala propaganda al no poder justificar el sostener relaciones con estos regímenes dictatoriales y por otro lado ser los paladines de la defensa de los Derechos Humanos, por lo que se propusieron cambiar el estilo.
Este cambio implicó implantar una doctrina en la que pudieran hablar de las virtudes (aunque no las respetaran) y entonces pasaron del método de las botas y fusiles, a intervenir con normas supra constitucionales y abogados, jueces, policías y fiscales con apoyos de grandes financistas, respaldados por corporaciones o industrias de la información para intervenir en los Estados de América Latina y producir cambios geopolíticos en la región con solo un plumazo, o mejor dicho con una “sentencia”.
Se trata pues del uso del poder judicial y todo lo que compone su sistema, jueces, fiscales, abogados, así como también el uso de medios auxiliares claves como por ejemplo: la fuerza policial.
Desde la captación en su propia formación de los futuros operadores jurídicos, en las facultades de universidades más prestigiosas y reconocidas, utilizando programas de estudio adaptados a este fin, o reconocidas becas en países del primer mundo, todo configurado como un arma en tiempos de guerra hibrida y golpes blandos cuyo único propósito es derrocar Gobiernos Legítimos y alcanzar distintos objetivos de orden geopolítico.
En Venezuela la Vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó evidencias de los vínculos que existen entre la oposición golpista y la parcialidad de uno de los jueces que integra la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en favor de la República Cooperativa de Guyana, ante el caso por el diferendo limítrofe sobre la Guayana Esequiba (Noviembre 2023), pero por otro lado es el propio ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, quien hace público que la petrolera (Exxon Mobil) entregó dinero al gobierno “para proteger la seguridad y el bienestar de los guyaneses”, y que dichos recursos estaban destinados a los honorarios de los ´abogados´ que defenderían a Guyana en la Corte Interamericana de Justicia (CIJ)”
Otro caso que llama la atención es el asalto por la policía de Ecuador que por órdenes del presidente Daniel Novoa se produce en la embajada de México para “secuestrar” al ex vicepresidente Jorge Glass, en frontal violación al más elemental derecho internacional, con el contradictorio argumento de hacer cumplir la ley.
Antecedentes de los hechos:
- “Ecuador firma un acuerdo con Estados Unidos para interceptar narco avionetas”… “Con este acuerdo, EEUU y Ecuador seguirán luchando juntos contra la delincuencia organizada transnacional”, confirmó ayer la embajada estadounidense en Quito, que además apostó por “incrementar la capacidad” de la Policía Nacional, el Comando de Guardacostas y el sector judicial”. (Diario el Mundo, https://www.elmundo.es, jueves 17 de agosto del 2023).
- Una nota de La Voz de América en la que se recalca: “La ayuda en general, cuenta además con el inminente aumento de personal del FBI en tierra ecuatoriana “para apoyar a la Policía Nacional y la Fiscalía General del Ecuador”.
- Tras el asesinato del candidato a la presidencia del Ecuador Fernando Villavicencio, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso solicitó apoyo al FBI para la investigación.
Repugna de ordinario pensar que el sometimiento contra la embajada de México, través de la fuerza policial y de una apariencia legal que tratan infructuosamente de sostener no se debe a la existencia de este tipo de “Cooperación”.
La duda es casi un reflejo natural de defensa, tenemos suficientes pistas que nos da la historia, con testimonios y pruebas documentales de los pueblos, para saber escoger entre la mentira y la verdad.
Este formato de injerencia contempla un despliegue por toda la región que toca fundamentalmente los órganos de Justicia, es así que:
- Los medios anunciaron que “El FBI tendrá una oficina en Paraguay tras firmar convenio para combate al crimen organizado trasnacional”. Un convenio entre la policía nacional de Paraguay y la Agencia Federal de investigación.
- En Guyana en marzo pasado se conoció también que, “El FBI y la DEA realizarán capacitación en Guyana mientras Estados Unidos aumenta la financiación”… “El financiamiento tiene como objetivo profundizar la asociación entre Estados Unidos y Guyana en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI). Sus objetivos incluyen abordar los desafíos de seguridad compartidos y apoyar los esfuerzos de Guyana para desarrollar un sistema de justicia penal inclusivo, transparente y más eficiente”.
(https://newsroom.gy/2024/03/18/fbi-dea-to-conduct-training-in-guyana-as-us-increases-funding/)
En la historia contemporánea más reciente podemos recordar la participación de FBI en Brasil, caso Lula donde conversaciones filtradas demuestran cómo el FBI y los miembros del equipo Lava Jato en Brasil trabajaron juntos saltándose al Ministerio de Justicia a pesar del acuerdo bilateral entre Washington y Brasilia.
En poco más atrás nos encontramos en el caso de Venezuela, en el año 2001, como iniciación de esta política, el Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña, bajo la excusa del combate a la delincuencia “contrató” al famoso superpolicía de Nueva York, William Bratton (graduado del Instituto Ejecutivo Nacional del FBI), quien terminó formando a los policías para ser la fuerza de choque en el Golpe de Estado de Abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez y que luego, fuera de toda doctrina legal, el Tribunal Supremo de Justicia de la época sentenció que los golpistas eran inocentes y que habían estado “Preñados de Buenas Intenciones”.
Ver: Golpe de estado que el Tribunal Supremo de Justicia sentencio como una “Actuación Preñada de buenas intenciones”.
La doctora en relaciones internacionales Tirado Sánchez, advierte sobre este guion y dice, el FBI cuenta con una sección llamada de Corrupción Publica/Derechos Civiles del FBI, que vincula corrupción a ingobernabilidad y terrorismo; Para ello haces uso de la siguiente lógica: la corrupción conduce a la falta de confianza en el gobierno, la falta de confianza en el gobierno conduce a Estados fallidos, y los Estados fallidos conduce al terrorismo y a problemas de seguridad nacional y todo esto debe ser combatido, para lo cual fue creada la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Con esto tratan de justificar su presencia en el extranjero, fuerzas policiales, convenios que tienen alcances supra constitucionales, con intereses geopolíticos de fondo.
Uno de los planteamientos fundamentales de esta doctrina es buscar la eliminación por completo de los ministerios de defensa, los cuales constituyen los garantes del respeto a la soberanía y a la integridad de los territorios, Costa Rica o como Panamá son un ejemplo, tanto que este último en su Constitución prohíbe la existencia de fuerzas militares desde 1994.
EEUU de manera encubierta tiene operadores activos dirigidos directamente por el FBI en unos casos y en otros tiene la DEA e incluso cuenta con el Comando Sur, a lo que llama eufemísticamente ayuda externa a las injerencias que produce en la región, apoyados en términos como “ayuda”, “cooperación”, “asistencia”, “colaboración”, con desembolso de dinero público aprobado por el Congreso de los EEUU que luego se canaliza por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), acciones injerencistas, para Golpes de Estado encubiertos y control geopolítico, “legitimado” desde un entramado jurídico y policial.
Una demostración reciente de esto fueron los dos encuentros siguientes:
- El primero con el Asesor Presidencial Especial de los EEUU para las Américas, Christopher Dodd, y la general Laura Richardson, Comandante del Comando Sur de los EEUU y su comitivacon el presidente Daniel Noboa el lunes 22 de enero de 2024 (esta última acaba de reunirse también con el presidente Milei en Argentina).
- Y el segundo se produce con la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, una de las más activas perseguidoras del partido de Rafael Correa.
Ante tamañas barbaridades, resuena además el silencio absoluto que raya en la complicidad, de los centros de estudio, universidades, facultades de ciencias jurídicas y políticas y estudios internacionales, grupos y organizaciones de abogados, defensores de DDHH, organizaciones de juristas de América Latina y el Mundo, que deberían ser profundamente críticos y condenar tales hechos, ya que no se pueden permitir tan grotescos precedentes, ni que las fuerzas policiales, ni que los sistemas jurídicos de la región pueden convertirse en herramientas al servicio de intereses extranjeros.
Ante este breve recuento sobre los fines y propósitos de estos acuerdos entre gobiernos de la región y el FBI no debemos aceptar de forma inocente este tipo de acciones sino debe servir para alertar sobre aspectos que tienen que ver con la seguridad de la nación, preservar los fines del Estado, creando leyes que lo blinden ante esta nueva modalidad de golpismo contra la voluntad de los pueblos, se debe buscar con estas nuevas normativas, hacer inexpugnable el ejercicio de la justicia con todos los elementos que la componen, como son los jueces, fiscales, abogados, policías, facultades de derecho etc; además de esto debemos documentar, denunciar, estudiar y producir debates en distintas instancias para develar la existencia de acciones que están en el ámbito militar pero que se disfrazan de ropaje, términos y actores del mundo jurídico.
Se requiere que con esto se puedan identificar, estructuras, personas que sean una amenaza y que se presten para intereses extranjeros públicos o privados contrarios al interés de la nacional.
NOTA: Recomendamos leer también, para comprender bien esta perspectiva del Lawfare los invito a leer un artículo que publicó la Revista Política y Poder en fecha 24/11/2023 llamado: “El Lawfare, una agresión militar aplicada en la controversia del Esequibo” (https://revistapoliticaypoder.com/wp/claudia-orsini-el-lawfare-una-agresion-militar-aplicada-en-la-controversia-del-esequibo
