Una nueva legislación que se discute en el Senado establecerá penas para quienes infrinjan la Ley de Pesca. Desde las comunidades indígenas señalan que al no estar considerados dentro de las cuotas de pesca, serán castigados por extraer recursos del mar, lo cual perjudicará su economía y cultura.
Fuente: Radio Universidad de Chile. Periodista Karina Palma
Hostigamiento, amedrentamiento y transgresión de los derechos ancestrales, fue lo que denunció la Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén, cuando el 13 de marzo funcionarios del Servicio Nacional de la Pesca (Sernapesca) junto a la Armada de Chile, decomisaron siete kilos de ostiones congelados a Gabriela Paterito y Raúl Edén, dos ancianos del lugar.
De acuerdo a la Comunidad, los productos iban a ser destinados a la realización de una práctica ancestral del pueblo Kawésqar, que consiste en el intercambio de especies. Sin embargo, Sernapesca acusó que los ancianos estaban infringiendo la Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida también como “ley Longueira”.
Ariel León, asesor jurídico y legislativo de comunidades indígenas, señaló que el hecho constituye una falta de respecto que atenta contra la dignidad de las comunidades de Puerto Edén. “Uno se pregunta por qué la marina tiene que estar fiscalizando con Sernapesca. Entiendo si solo hubiese trasladado a los funcionarios, pero no fue así. La fiscalización debería ser una competencia de Carabineros, la Marina es una fuerza armada y siempre se le va a pasar la mano”, agregando que son muchas las personas pertenecientes a pueblos originarios las que diariamente están sufriendo las consecuencias de una legislación corrupta y constituida a espaldas de las primeras culturas del territorio.
De este modo, León explicó que como no hubo una consulta indígena, no se midieron las cuotas ancestrales que pudieron haberse discutido en la tramitación de la Ley, lo cual los dejó fuera de los porcentajes asignados. “Nosotros no pudimos hacer valer nuestros argumentos, ni tampoco pudimos financiar un mecanismo que nos permitiera cuantificar el daño”. Es por eso que gran parte de los recursos que actualmente extraen del mar las comunidades indígenas son considerados como pesca ilegal.
Según el asesor jurídico, “esta es una legislación que reconoce derechos a las empresas pesqueras, particularmente derechos históricos que están relacionados a la captura, es decir, el que más depredaba conservó su derecho a depredar. En cambio, a los indígenas que hacen pesca sustentable no les reconocieron nada”. Además, indicó que para extraer recursos del mar se les solicita áreas de manejo, estudios y asesorías técnicas, lo cual es muy caro para la mayoría de las personas que viven de la verdadera pesca artesanal, que es la de bote. “Se trata de una legislación que hace imposible que los pueblos originarios puedan acceder al régimen, muy pocas comunidades lo han logrado”.
Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y miembro de la agrupación Identidad Territorial Lafkenche, aseguró que esta legislación transgrede la llamada “ley Lafkenche”, aprobada en 2008, que establece espacios marítimos para los pueblos originarios. “Nosotros podemos inscribir zonas costeras de hasta 12 millas, pero la contradicción que hay en la ‘ley Longueira’ es que prohíbe hacer uso de los recursos aunque ya tengamos ese espacio asignado. Esta vulneración no fue por falta de conocimiento, porque durante la discusión de la Ley nos acercamos al Ejecutivo y a los parlamentarios para presentarles nuestras inquietudes”.
“Ley Súnico”
Recientemente otro aspecto que preocupa a los pescadores indígenas es la Ley de Modernización del Sernapesca, que actualmente se discute en el Senado. Esta legislación es también conocida como “ley Súnico”, en honor a su autor intelectual, el ex subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico Galdames, de quien se sospecha tráfico de influencias, luego de la filtración de unos correos electrónicos que le envió Felipe Moncada, de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Por otro lado, de acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, la esposa del ex subsecretario recibió 33 millones de pesos mediante boletas emitidas por esta misma empresa, entre 2010 y 2013.
Adolfo Millabur declaró que además de la vulneración de derechos reconocidos, como el uso del espacio costero, hoy esta legislación que se discute en el parlamento buscará regular la extracción de recursos a través del Sernapesa, lo cual establecerá sanciones para quienes practiquen la pesca ilegal. “Lo hacen con la excusa de conservar los recursos marinos y biológicos, pero detrás de ello están protegiendo los intereses económicos de la gran industria, porque son ellos los que tienen asegurada la explotación del mar, no son los boteros y menos los pueblos originarios”.
Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, explicó que lo que hace este proyecto es eliminar al sector que fue expropiado en la Ley de Pesca. “Nosotros no nos explicamos por qué la Ley de Modernización del Sernapesca incluye todo un articulado en el que se utiliza a los aparatos del Estado para la eliminar y reprimir a estos sectores artesanales, que hoy deben pescar ilegalmente. Eso tiene que verse en otro espacio, pero lo metieron de contrabando acá porque es una jugada de la ex subsecretaria de pesca y las grandes empresas pesqueras”.
El alcalde de Tirúa enfatizó en que “si se aprueba la ‘ley Súnico’ así como está, además de prohibirnos pescar va a ser delictual practicar nuestras costumbres como mapuche lafkenche, muchas de las cuales tienen relación con el mar. Vamos a ser catalogados como delincuentes y, tal vez, después como terroristas”.
Además, agregó que lafkenche en castellano significa gente del mar. “Antes de la constitución del Estado chileno, cuando existía la confrontación con los españoles, una de las actividades que le permitió el desarrollo y la supervivencia al pueblo mapuche fue la pesca. Es algo que hemos hecho siempre y hoy estamos impedidos, por eso nos afecta tan violentamente”.
No se sabe la cantidad exacta de comunidades indígenas que serán afectadas con estas leyes. De acuerdo a Millabur, solo en Tirúa, que alberga 80 kilómetros de costa, existen alrededor de 70.
Las obligaciones incumplidas
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado en 2009, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, del año 2007, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de los pueblos originarios costeros a los mares y sus recursos, así como al desarrollo de sus prácticas tradicionales en torno a ellos.
Es más, la primera de estas legislaciones obliga al Estado a realizar una consulta indígena cuando se discuten medidas legislativas y administrativas que puedan influir en el desarrollo de las culturas originarias.
Como no se les estaba escuchando, la agrupación Identidad Territorial Lafkenche recurrió al Tribunal Constitucional, donde en un fallo dividido se señaló que era necesario consultar a los pueblos originarios, pero esto nunca ocurrió.
Adolfo Millabur, también recordó que cuando la Ley de Pesca estaba en el parlamento, Camilo Escalona, quien era presidente del Senado en ese momento, emitió un documento proponiendo la consulta, en el cual se argumenta que pescadores artesanales e indígenas podrían verse afectados y se recuerda la existencia de la “ley Lafkenche”, que ya estaba aprobada. Sin embargo, el Gobierno entregó un informe a la comisión de Pesca diciendo que esta Ley era sectorial, por lo tanto, no afectaba a los pueblos indígenas. Finalmente los senadores no siguieron insistiendo y entregaron un escrito a conveniencia de la industria.
Del mismo modo se ha ignorado un informe emitido por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual indica que se vulneraron los derechos de los pueblos originarios y recomienda que si se discute nuevamente una legislación sobre el tema se deben considerar sus inquietudes y propuestas.
Ley de Pesca, una legislación colonialista y corrupta
Desde que comenzó a operar la Ley General de Pesca y Acuicultura, los gremios de pescadores artesanales han denunciado que dicha legislación genera mayor concentración económica en el sistema pesquero y acuícola nacional.
Juan Carlos Cárdenas explicó que esta es una ley expropiadora, pues dejó fuera de las cuotas asignadas al 90 por ciento de los pescadores artesanales que no son dueños de embarcaciones, los cuales para subsistir deben trabajar de modo ilegal. Además, asegura que también es racista porque eliminó de raíz la existencia legal de los pueblos originarios en el área costera de Chile, por lo que si quisieran ejercer el derecho a extraer recursos del mar deben transformarse en empresarios industriales o en sindicatos de pescadores artesanales. “El tema de pesca se rige por esta ley que entregó los recursos del mar como propiedad perpetua a siete grupos empresariales y al diez por ciento del sector artesanal que son los denominados ‘armadores artesanales´, que en el fondo son pescadores semi industriales al servicio de la industria”.
El director de Econoceanos señaló que de lo producido por estas empresas, sobre el 78 por ciento es transformado en productos industriales para la exportación, mientras que el 90 por ciento de lo que producen las pesquerías pelágicas, que trabajan con jurel, anchovetas y sardinas, es transformado en harina de pescado para alimentar salmones, aves, bovinos, cerdos y animales de compañía. En ese sentido, los productos del mar que comen las personas es un porcentaje muy menor dentro lo que generan las grandes industrias, lo cual demuestra que la mayor parte de este consumo proviene de la pesca artesanal que hoy está fuera de las cuotas.
En tanto, Ariel León enfatizó en que esta legislación es colonialista porque usurpa los bienes soberanos de los pueblos originarios y viola sus derechos ancestrales sobre los recursos naturales. “Para nosotros la colonia existe hoy porque el robo sigue y no es solo algo cultural, sino también económico. Nos ven como un cadáver al que le pueden sacar todas sus partes”.
Tanto para las comunidades indígenas como para las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la conservación de la biodiversidad marina, la única solución para lo que está ocurriendo con los recursos del mar es la derogación de estas leyes, diseñadas y aprobadas por la coima y el cohecho.
