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El estudio se elaboró en el contexto de la próxima aplicación del Acta de Protección de Mamíferos Marinos que Estados Unidos aplicará a Chile a partir de 2026, que restringirá la venta en el mercado norteamericano de productos provenientes de países que afecten a ballenas y lobos marinos, entre otras especies.
Santiago de Chile, 19 de junio 2024 (Ecoceanos News).- El Centro Ecoceanos realizó una investigación que evidencia graves deficiencias de la institucionalidad pesquera y acuícola nacional para dar cumplimiento a las exigencias que implicará la implementación del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos (MMPA, por sus siglas en inglés), que aplicará a partir del 2026 a las producciones pesqueras chilenas que exporten al mercado norteamericano.
Según el estudio desarrollado por la abogada Claudia Arancibia, se observa una preferencia de los organismos estatales para proteger los intereses del sector pesquero y acuícola en desmedro del principio precautorio, rector de las legislación ambiental, pesquera y acuícola, y de las legislaciones nacional e internacional que protegen a las poblaciones de mamíferos marinos en aguas chilenas.
Los resultados de la investigación son relevantes para conocer la situación de implementación efectiva de las medidas de protección y conservación de las poblaciones de mamíferos marinos, considerando que el cumplimiento de esta legislación constituirá un aspecto clave para el futuro de la economía exportadora de Chile, al constituir Estados Unidos el primer mercado de destino para las exportaciones pesqueras nacionales.
La investigación de Ecoceanos se realizó sobre la base de solicitudes de información a diferentes organismos públicos competentes en la materia -tales como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), la Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Fiscalía Nacional-, en virtud de la Ley N°20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. A lo anterior se sumaron entrevistas a especialistas de las áreas legal y de investigación científica.
Biodiversidad marina en Chile bajo amenaza
El informe advierte que los mamíferos marinos que realizan sus ciclos de vida y se desplazan en aguas chilenas, se encuentran crecientemente amenazados por actividades antrópicas. Entre ellas destacan las operaciones de pesca industrial y artesanal, la expansión de la acuicultura intensiva -específicamente el cultivo de salmones-, y el escasamente regulado tráfico marítimo, lo cual coloca en riesgo la conservación de sus poblaciones, especialmente aquellas especies en peligro crítico de extinción.
Entre las especies de mamíferos marinos amenazadas se encuentran los grandes cetáceos que enfrentan colisiones letales con embarcaciones de gran tonelaje que alcanzan altas velocidad, unida al creciente e intenso tráfico marítimo vinculado a la salmonicultura industrial, cuyas rutas se sobreponen a las zonas de reproducción, crianza, alimentación y rutas migratorias de las diversas especies de ballenas. Otros impactos que se señalan están asociados a la contaminación acústica, enmallamientos en las redes de pesca y redes peceras anti-lobos marinos de los centros de cultivo. También las denuncias señalan las prácticas de eliminaciones intencionales de pequeños cetáceos en las áreas de cultivos marinos, y de lobos marinos comunes que ingresan a las balsas-jaulas para alimentarse de manera oportunista de salmones.
Alarmante aumento de varamientos de cetáceos en Chile
El estudio señala que las cifras entregadas por Sernapesca son preocupantes. Entre 2009 y 2022 se reportaron 467 varamientos de cetáceos entre ballenas, delfines, marsopas, orcas, cachalotes y calderones, afectando a un total de 1.160 individuos. En 2009 se registraron 11 ejemplares varados, mientras que en 2022 el número aumentó a 67, es decir, hubo un incremento de los reportes de ejemplares varados de un 600%.
Además, del total de 1.160 individuos varados, 964 fueron con resultado de muerte, lo que equivale al 83% del total de varamientos registrados. En 2023 se reportaron un total de 114 varamientos de cetáceos, afectando a un total de 131 individuos, de las cuales 126 se reportaron muertos, es decir, el 96% del total.
Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetácea (CCC) y miembro invitado del Comité Científico de la International Whaling Committee (IWC), fue consultada sobre la gestión de denuncias por Sernapesca por casos de varamiento de cetáceos. Según la investigadora, aun habiendo evidencia de ejemplares varados por interacciones con barcos, Sernapesca no siempre denuncia estos hechos ante fiscalía. Señaló como ejemplo el caso de una ballena varada en 2017, cuya cola fue cortada por la hélice de un barco, y ante este gravísimo hecho, el Servicio optó por no ingresar la denuncia, sin explicar los fundamentos ante tal negativa.
Bárbara Galletti afirma que Sernapesca está dotada de recursos económicos que le permiten cumplir con sus funciones de fiscalización marina. No obstante, se produce una inequidad en la distribución de estos, ya que gran parte del dinero se destina para el financiamiento de programas que impulsan el desarrollo industrial de la pesca y la acuicultura, mientras que los recursos asignados para cumplir con sus labores de conservación marina son los mínimos, lo cual demuestra que los objetivos de protección y desarrollo sustentable continúan ocupando un lugar secundario en la agenda de Sernapesca.
La investigadora del estudio, Claudia Arancibia, señala que la investigación advierte de un hecho de total gravedad en cuanto a los antecedentes proporcionados por algunos servicios públicos, que permiten constatar una pasiva y negligente actuación por parte de estos, respecto a la iniciativa y participación en procedimientos administrativos y judiciales que buscaban determinar la causa de muerte de cetáceos y sancionar a los responsables. Es más, queda de manifiesto que Chile requiere con urgencia mejorar los programas para dar respuesta a los eventos de varamientos de cetáceos. El no contar con estos programas efectivos priva de la adquisición del conocimiento científico para comprender su origen, siendo esto último clave para atender de manera efectiva dichos eventos, ya sea para la oportuna salvación de los individuos varados, o bien, para establecer de manera concreta su causa de muerte.
Impunidad ante denuncias de matanza de ejemplares de lobos marinos
A pesar de las numerosas denuncias que se han presentado ante los entes gubernamentales por eliminaciones intencionales de ejemplares de lobos marinos comunes, ocurridas al interior de centros de cultivo de salmones, a la fecha solo existe una sentencia condenatoria con multa contra dos trabajadores de la empresa Salmones Yadrán, por la muerte de un ejemplar de lobo marino común en 2018.
A través de la presentación de denuncias posteriores, se corrobora que estas situaciones continúan ocurriendo, demostrando el nulo efecto disuasivo de malas prácticas que tiene el actual régimen sancionatorio penal para la protección de mamíferos marinos.
El Centro Ecoceanos presentó una denuncia documentada con material fotográfico el 2019 ante la Bidema por eliminaciones intencionales de ejemplares de lobo marino común en el centro de cultivo de Nova Austral, ubicado en Isla Capitán Aracena, región de Magallanes y Antártica chilena. El informe desarrollado por Claudia Arancibia señala que la Bidema fue consultada por el estado actual de esta denuncia, ante lo cual se negó a entregar antecedentes debido a que el caso después de cinco años continúa en investigación.
Sobre la base de estos mismos hechos, en 2021 Ecoceanos presentó una denuncia ante la SMA de la región de Magallanes. Consultada la SMA sobre el estado de avance de esta denuncia, informó que aún se encuentra en investigación por parte de la Oficina Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, cuyo Informe de Fiscalización Ambiental está en elaboración, sin haber dictado medidas hasta la fecha.
Al respecto, el director del Centro Ecoceanos, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, sostuvo que considerando las crecientes interacciones letales entre mamíferos marinos y las actividades pesqueras industriales y artesanales, unida a la expansión territorial de la salmonicultura, la cual incluye parques nacionales y áreas marina protegidas, esta investigación deja en evidencia que no existe la voluntad funcionaria y política en los organismos del estado chileno para transparentar esta oculta realidad, la cual está amenazando la sobrevivencia de especies tan amenazadas en su sobrevivencia, como son ballena azul y ballena franca austral, especialmente en aguas de la Patagonia.
Celeste Jiménez, abogada penalista, defensora de los derechos de los animales y presidenta de la organización AnimaNaturalis, señala que además la Fiscalía Nacional no cuenta con un instructivo que regule las actuaciones y diligencias investigativas por el delito de maltrato animal. Lamenta que no exista un mecanismo legal que sancione a aquellos funcionarios que no cumplan con la obligación de iniciar y concretar investigaciones, más aún, tratándose de causas que afectan a especies altamente vulnerables y protegidas a nivel internacional, cuya conservación goza de gran interés público.
Denegación de información
La investigación del Centro Ecoceanos evidencia falta de transparencia pública en el otorgamiento de información y ocultamiento de hechos graves por parte de organismos del Estado que amenazan la conservación de mamíferos marinos. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en la respuesta entregada por Sernapesca respecto a las denuncias presentadas por los delitos de maltrato animal (artículo 291 bis del Código Penal) y la caza, captura y muerte de cetáceos establecido en el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). El servicio entregó antecedentes de solo 13 denuncias, la que no se condice con las denuncias ingresadas por la ciudadanía y presentadas por el servicio por casos de maltrato y eliminación intencional de lobos marinos que vinculan a la industria salmonera.
Esta omisión demuestra una grave denegación de acceso a información pública, lo que apunta no solo al ocultamiento de estos hechos, sino también al encubrimiento de aquellas empresas involucradas, y el intento de minimizar el grave problema de las interacciones letales entre mamíferos marinos y actividades económicas en el mar. También se observa insuficiencia en la entrega de antecedentes por parte de la SMA, total falta de transparencia y oportunidad de la Bidema para proporcionar información pública, y denegación de información por parte de la Fiscalía Nacional.
Junto a lo anterior, el informe demuestra una falta de coordinación de los servicios públicos y capacitación/calificación de sus funcionarios para gestionar denuncias sobre interacciones letales, eliminaciones intencionales de mamíferos marinos, y la realización de investigaciones sobre el varamiento de cetáceos.
El informe también detalla graves deficiencias normativas, las cuales entorpecen los procesos judiciales y la aplicación de procedimientos sancionatorios con efecto disuasivo sobre los responsables, por lo que muchas de las disposiciones legales vigentes pasan a ser letra muerta.
Según la investigación de Ecoceanos, la institucionalidad nacional en materia de pesca y acuicultura se mantiene en un nivel reactivo y no preventivo, infringiendo a su vez el principio precautorio, rector de la normativa que regula a este sector. Esto último debido a que, a pesar de la escasez de evidencia científica para identificar las causas de varamientos de cetáceos, no se ha detenido el establecimiento y expansión de la industria salmonera, pesquera y de tráfico marítimo en sitios que constituyen el hábitat y zonas de desplazamiento de mamíferos marinos.
El estudio concluye con la presentación de una serie de propuestas que abarcan aspectos legales, técnicos y operativos que rigen a la institucionalidad pesquera y acuícola, privilegiando los objetivos y funciones de conservación marina encomendadas a cada servicio público competente.
