El Censo 2017 reveló que más del 16% de la población chilena es adulta mayor, es decir, 2 millones 800 mil personas. De ella, el 16,5% superan los 80 años, lo que demanda esfuerzos para abordar situaciones de enfermedad, discapacidad y dependencia. Se da paso de la tercera a la cuarta edad, y con ello, surgen nuevos desafíos.
Entendiendo este contexto, desde el Ejecutivo se anunció que se trabajará para que ningún adulto mayor viva en la línea de pobreza.
Esto es una responsabilidad que tenemos como país, pues los adultos mayores acceden a bajas pensiones y deben hacer ingentes gastos en transporte y medicamentos. El transporte pareciera trivial, pero en el caso de los adultos mayores éstos lo ocupan no sólo para desplazarse a centros médicos sino para seguir activos, para mantener relaciones de amistad y visitar a su familia, por lo cual se debería avanzar hacia la gratuidad total en el transporte público.
Más de 400 mil de nuestros adultos mayores sobreviven con una Pensión Básica Solidaria, que llega a los $86.000 pesos, sólo 3 mil pesos sobre la línea de la pobreza. Sin duda, se requiere asegurar una pensión ética, que garantice una vejez digna.
Queda mucho por hacer. Pensiones dignas, transporte gratuito a todo evento y mayor cantidad de servicios pensando en este grupo etario, como los servicios diurnos del adulto mayor, CEDIAM, que algunos municipios han implementado con mucho éxito.
Debemos profundizar en las políticas públicas que destinen recursos humanos, materiales y financieros para saldar la enorme deuda que, como país, tenemos con nuestros adultos mayores.
También debemos hacernos cargo de este proceso del que seremos parte. Dar garantías para denunciar y sancionar el maltrato y el abandono que sufren nuestros adultos mayores.
El maltrato se da muchas veces en el hogar de quien recibe a un padre o un abuelo que es frágil y vulnerable. El abandono es también una dramática realidad, que los hace vivir en situaciones de extrema de carencia. Esto atenta contra sus derechos humanos y debe combatirse con firmeza y determinación.
Además de lo mencionado, tenemos la responsabilidad individual y colectiva de revalorizarlos como lo indica la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores de la OEA, que alude a la necesidad de “abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”.
Las personas mayores deben ser vistas como sujetos productivos en términos económicos y sociales. Se trata de personas que han aportado y que pueden seguir aportando socioculturalmente al país.
Como dato, según el Índice Global de Vigilancia del Envejecimiento de “HelpAge International”, Suecia es el mejor país para envejecer bajo los criterios de seguridad de ingresos, estado de la salud, empleo, educación y bienestar social (entre lo que coincidentemente se cuenta el transporte público). Le siguen Noruega, Alemania y Holanda, Austria, Irlanda y Reino Unido.
Claramente, como se infiere de esta columna, no podemos dejar que todos esos factores se desarrollen por acción del Estado. Como personas que conformamos un país que envejece, debemos garantizar que se aseguren los derechos de los adultos mayores y con eso me refiero a toda la sociedad, a cada uno de nosotros, para hacernos responsables por quienes son nuestros padres, nuestros abuelos.
Trabajemos para saldar la deuda que tenemos con los adultos mayores, para que no vivan en la pobreza, abandonados, aislados, vulnerados. Impongámonos el desafío de transformar a nuestro país en un líder mundial que combine políticas públicas y una cultura de cuidado hacia las personas de la tercera edad. Y no tengamos que decir algún día que los abandonamos.
- Shai Agosin es dirigente de la Comunidad Judia de Chile.
