Estimados lectores con fecha 16 de diciembre publico un artículo sobre la nacionalización del cobre. Al final del artículo incluyo un párrafo sobre la nacionalización actual de las empresas del cobre. Es un párrafo, al que contribuyen varias organizaciones, que será propuesto en el seno de la Convención Constitucional para así completar la nacionalización del compañero presidente Salvador Allende, derogando en primer lugar la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (1982) de la dictadura cívico-militar, que ha neutralizado por más de 4 décadas la nacionalización del cobre. Esa operación fue montada por los partidos que hoy bregan por la presidencia de la república. Saquen Ustedes las conclusiones. Ahí van algunos de los primeros párrafos del artículo.
En los meses previos a la elección de Salvador Allende por el Congreso (1970) las compañías norteamericanas comentaban por la prensa ante un eventual gobierno de la Unidad Popular, la conveniencia de mantener los acuerdos a que habían llegado con el gobierno Frei Montalva, a saber compañías mixtas. Esto, argumentaban las compañías, significaba ‘mantener un circuito integrado entre pocos productores y unos pocos consumidores, en donde los consumidores son los mismos productores’. Esos acuerdos no podían ser desechados pues ‘fuera de ese circuito no existe ningún otro mercado de significación’. Salvo, agregaban, el de la Unión Soviética que en compensación paga con ‘bajas tecnologías y mercancías de muy pobre calidad estableciendo así un dumping invertido’. Concluían, si todo se mantenía en el circuito de las compañías mixtas, éstas podrían escoger ofertas pendientes irrefutables, como la de Sumitomo y Mitsubishi, sobre la mina del Cerro Río Blanco, quienes ofrecían un avance en efectivo de 32 millones 100 mil dólares. Hasta ahí, según las compañías norteamericanas, las conveniencias de respetar los acuerdos concordados con el gobierno de Frei Montalva (Cf. ISE, 09/1970).[1] Si estos no se respetaban la amenaza no podía ser más clara.
Es más en el ínterin, ante el peligro que el candidato Salvador Allende fuera elegido por el Congreso y llevara a cabo sus promesas electorales de nacionalizar las minas, las compañías Kennecott, Anaconda y Cerro Andina amenazaban con bloquear las ventas chilenas del producto en los mercados internacionales. Anaconda y Kennecott elaboraban sobre el argumento ya citado que la diversificación de sus operaciones les permitía llevar el cobre extraído en la mina directamente al consumidor. La complicidad de las compañías en sus operaciones con el gobierno de los Estados Unidos era tal que les aseguraba no depender en sus negocios de eventuales importaciones competitivas en el mercado de su país. Por lo tanto, alardeaban, que si Allende llegara a cumplir sus promesas electorales, los que sufrirían las consecuencias serían los mismos chilenos (Ibidem).
[1] Allende y Chile. Informe Semanal de Economía. SITECO Ltda. Editor E. Fierro Forero. 7-13 septiembre de 1970.
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