Columna de opinión por Javier Arroyo
Diario Universidad de Chile. Domingo 11 de agosto 2024
A fines de junio de este año, el tarifazo eléctrico -que constó en el primero de tres aumentos sustanciales de precio en nuestras cuentas de luz- fue defendido tanto por las empresas generadoras de energía eléctrica como también por la gestión del gobierno impulsado por el presidente Gabriel Boric.
Aquella deuda impuesta, heredada y extendida -tanto por el gobierno de Piñera como por el actual- que ni se nos preguntó si estábamos dispuestos como población a tener, se empujó casi como una obligación ética y política. Desde Magallanes, el presidente Boric indicaba que no estaba dispuesto a actuar con “irresponsabilidad”, planteando que son decisiones que se deben tomar con resguardo.
Un mes después todos y todas vimos -y vivimos- lo que pasó. La pésima gestión del sistema electrificado del país, liderado por empresas transnacionales, conllevó que por días familias completas no pudieran recibir el servicio eléctrico, reflejándose del descontento en diversas protestas en el país.
Los dardos se apuntaron principalmente contra Enel, empresa de capitales italianos que ha adquirido cuantiosas ganancias a costa de medidas como el tarifazo, pero también con un cúmulo histórico de vulneraciones a derechos sociales y de la Naturaleza. Sin embargo, el Grupo Saesa, Chilquinta y la Compañía General de Electricidad (hoy en manos de capitales chinos) también han salido al baile.
Acorde a datos recopilados por Fundación Sol, Enel acumuló a junio de 2024 más de $1.300 millones diarios, significando un alza en ganancias del 120% en comparación con el mismo periodo del año pasado. A esto, se suma la relevancia que ha cobrado Enel en el mercado eléctrico del país. Según su propio sitio web, la empresa suministraría poco más del 40% de la energía vendida a la población durante 2023 impulsando la generación de al menos el 29% de la energía inyectada al Sistema Eléctrico Nacional. Pero claro, para invertir en sistemas eléctricos de calidad o reposición ágil del servicio para las miles de familias pareciera ser que dicha utilidad no es invertida. Por el contrario, tras los constantes emplazamientos, el gerente de Enel, Victor Tavera, planteó que si los clientes no llamaban a la empresa, no existía posibilidad de saber que se encontraban sin electricidad. Paradójico ¿No?
Incluso, algunas personalidades intentan separar las aguas del tarifazo y los cortes de luz. Sin embargo, el caso de Enel es un claro ejemplo de cómo el modelo eléctrico vigente en Chile -caracterizado por la privatización y mercantilización de toda su cadena productiva- permiten que las empresas actúen negligentemente desde la generación hasta la distribución.
Así las cosas, el modelo eléctrico descansa sobre la explotación de la Naturaleza y las consecutivas e históricas vulneraciones hacia comunidades, expresándose en conflictos socioambientales. No por nada la tan cuestionada Enel hoy está en el ojo del huracán por su distribución; pero también lo está por su permanencia en los proyectos de generación de hidroelectricidad en Alto Biobío, en las centrales Pangue y Ralco. Sin embargo, sobre los constantes cuestionamientos, por ejemplo, sobre el pésimo sistema de alertas para crecidas de río, no hay mayor pronunciamiento.
Por otro lado, el análisis no puede escapar al rol de la responsabilidad política detrás de toda esta situación. Ni este gobierno ni los anteriores han desarrollado una política pública energética que considere las voces de las comunidades. Mucho menos han abierto el debate respecto a verdaderas transformaciones al modelo energético. Por el contrario, se han concentrado en impulsar políticas que favorezcan una transición energética corporativa ofreciendo al país casi como la salvación de la crisis climática.
De la mano con el empresariado, cargan bajo el brazo con un abultado paquete de proyectos de generación y transmisión eléctrica, que le da continuidad a las mismas fisuras que hoy se reflejan en poblaciones completas sin luz. Esto ha favorecido una fragmentación en el análisis político del problema, donde no se buscan soluciones que refuercen el hecho de que la electricidad se constituye como un servicio público esencial o básico, por lo que el Estado debería garantizarlo a la población para potenciar un mejor nivel de vida.
No basta con multas e infracciones que después significarán el gasto de una migaja de utilidades para las empresas eléctricas, sean estas generadoras, distribuidoras o transmisoras. Hoy, el desafío se concentra en cómo cimentar las bases de una discusión política respecto al modelo energético vigente; Cómo la matriz energética debe diversificarse y descentralizarse en base a sistemas con bajo impacto ambiental que dejen de concentrarse en la exportación de energía; y Qué aspectos transformadores hay que consolidar para avanzar hacia una soberanía energética y una transición con justicias, que no concentre su mirada en el bolsillo empresarial, sino que se sitúe desde asegurar los derechos sociales y también los equilibrios ecosistémicos reflejados en los Derechos de la Naturaleza.
Por Javier Arroyo Olea | Equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
