Chile – ¿Cómo se financia la Asociación de AFP?

Como se sabe, toda asociación gremial se financia con los dineros de sus representados. Pero aparentemente el concepto de ‘representado’ puede ser muy variable. Por eso, luego de plantearse esta pregunta, se hace necesario elaborar una columna detallada y pedir datos en Transparencia para llegar a una respuesta. Y lo que ocurrirá con usted, si es un lector normal y goza de sentido común, es que se sorprenderá al final de esta historia, cuando quede claro que la Asociación de AFP no se financia con el dinero de sus representados (es decir, no recibe dinero de las AFP como empresas), sino que más bien se financia por las cotizaciones suyas (me refiero a usted y además a  todos los trabajadores chilenos).

Y es que los chilenos como trabajadores no solo estamos obligados a pagar un impuesto a un privado para que haga un gran negocio con nuestras pensiones sino que, además, estamos obligados a financiarles los abogados que usan para defender su sistema y los recursos políticos que movilizan para ello. Y, así, financiamos la operación de una asociación cuyo objetivo no es mejorar nuestras pensiones sino mejorar la reputación de las AFP y organizarlas en la disputa política de fondo.

Por si fuera esto insuficiente, descubrirá usted que parte del presupuesto de la Asociación de AFP no solo proviene de nuestras cotizaciones sino que incluso llega también en forma de aporte del presupuesto de un ente público. Es decir, lo que no pagamos con nuestras cotizaciones de su presupuesto, lo pagamos con nuestros impuestos. Este colorido escenario es el que se expone a continuación.

“La Asociación de AFP de Chile es una organización gremial que reúne a las sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP). Su objetivo es representar a sus asociados frente a los poderes públicos y organizaciones de la sociedad civil, buscando el mejor desempeño, desarrollo y perfeccionamiento de las normas que rigen la tarea que se les ha asignado. Desde su creación, el equipo humano de la Asociación de AFP ha estado permanentemente enfocado en participar en las políticas públicas que involucran la subsistencia y bienestar de todos los cotizantes en el Sistema de Pensiones y jubilados de nuestro país”.

El anterior párrafo es una cita a la página de la Asociación de AFP y específicamente a la descripción que se hace en ella de la organización. Puede leerla aquí.

En la página el lector y ciudadano no puede deducir ni menos informarse respecto a la forma de financiamiento de la asociación. El asunto no es banal. Una entidad que defiende los intereses de las AFP y que en esa tarea (legítima) trata de influir en la sociedad, ¿cómo debe financiarse? Pues, muy simple. Con dinero o, para ser claro, con donaciones de quienes se encuentren interesados en ello.

Es decir, tendrían que tener algo así como un club de amigos o defensores ideológicos que les aporten dinero para defenderse. Como igual lo tienen, uno podría pensar que muchos empresarios amigos sostienen a la institución. Pero oficialmente sabemos que no es de donaciones que vive la Asociación de AFP, que maneja varios miles de millones de pesos al año. Pero, si no es de donaciones, ¿de qué vive? Podríamos pensar que las mismas AFP financian esta organización. Eso suena razonable, pues de alguna manera es una forma de promover su propia seguridad empresarial. Es decir, es legítimo que un conjunto de empresarios arme una organización para defender sus intereses, aunque claro, es discutible y exige un examen meticuloso, porque siempre está el riesgo de colusión.

Pero supongamos que organizar empresas no supone inmediatamente coludirse. Entonces, en este contexto, en un gesto que consideramos generoso de nuestra parte, suponemos que es legítimo del todo que los empresarios de las AFP existentes financien a su organización promotora de sus valores, principios y operaciones en el país. Eso suena prudente y razonable. Pero surge aquí una primera alarma. ¿Con qué dinero de la AFP se entregará un aporte a la Asociación de AFP? ¿Será con el dinero de las utilidades de la empresa o será con los recursos destinados a la administración del fondo de pensiones?

La pregunta no es capciosa. Como todos los chilenos saben, nuestra cotización mensual es obligatoria y se descompone en: 1) un porcentaje que va al fondo de pensiones, que es de nuestra propiedad; y 2) un porcentaje que va a los gastos de administración, esto es, que va a la AFP, la que está mandatada para utilizar esos recursos para hacer más rentable nuestra inversión.

Como sabemos el mundo no es perfecto y ni siquiera es algo armónico, por lo que tendremos que aceptar que, con esos dineros recaudados para administrar las AFP, estas tienen rentabilidades de 22% aproximadamente y los cotizantes tienen poco más de 4% de rentabilidad (es el resultado de un estudio realizado sobre un mismo período, 2004 a 2011, por Alejandro Maureira). Pero en esta ocasión, donde nuestra generosidad desborda, no sacaremos en cara este terrible hecho. Solo destacaremos que es evidente que la existencia de la Asociación de AFP no es algo que permita obtener más rentabilidad a los cotizantes en sus fondos de pensiones sino que permite defender el sistema en su conjunto y, eventualmente, puede ser relevante para mejorar los ingresos de las AFP como empresas, pero –debemos insistir– habría que ser rebuscado, doble, inagotablemente barroco y hasta chabacano, para pensar que a nosotros, como cotizantes, nos conviene que las AFP ‘inviertan’ en fortalecer la Asociación de AFP.

Esta no es una discusión nueva. El año pasado planteamos algo parecido a propósito de la lujosa fiesta de 80 personas en el Caribe de la AFP Capital. En esa ocasión, también con fondos de la administración, se gastaron cientos de millones de pesos en un par de días de fiesta. Señalaron que no era dinero de los fondos, pero respecto a la distinción entre el dinero del fondo y el dinero de la administración del fondo, me limito a citar al periodista económico de este mismo medio, Iván Weissman, quien señaló que esa diferencia solo era semántica, ya que el dinero de la administración también (al igual que el dinero del fondo de pensiones) viene de nuestra cotización y también es obligatorio.

Además esa fiesta revela un segundo problema. Los premiados con derecho a viaje no son los expertos en inversiones que mejoraron las rentas de los afiliados. Los premiados son los vendedores, esto es, la fuerza de venta que lucha cada día para arrebatar a otra AFP sus clientes para mayor gloria de la empresa, no del cotizante.

Pero hemos dicho que, para escribir esta columna, hemos hecho un ejercicio de infinita bondad y tratamos de respirar con calma. Por eso lo que hicimos fue pedir antecedentes sobre los mecanismos de financiamiento de las AFP, por Transparencia. Y nos llegó un documento. Queríamos aclarar si acaso el dinero que financia a la Asociación de AFP venía de un club de amigos, de completadas bailables, de donantes millonarios, de las utilidades de las compañías o del fondo de administración. Habiendo tantas opciones que la realidad podía darnos y tantas combinatorias, la verdad fue más simple. Descubrimos que la mayor parte del presupuesto de la Asociación de AFP proviene de las mismas AFP, pero no de sus utilidades sino de nuestra cotización. Los trabajadores de Chile pagan la promoción del sistema de pensiones chileno, que –según las encuestas– los chilenos quieren cambiar. Pero donamos nuestro dinero, sin saberlo, para financiarlo. Sí, muy dramático. Pero no tanto en comparación con lo que viene.

Hay que reconocer el mérito literario de lo que mostraremos. Y es que está entre el ‘realismo mágico’ (una realidad banal que esconde grandes misterios de lo humano) y la tragedia griega (Edipo, el cotizante, descubre que por años ha financiado al Rey AFP y no a sí mismo, como pensaba, procurándole al Rey AFP enormes ganancias y obteniendo una pobre pensión para sí, pero luego de comenzar la batalla para enmendar esta injusticia descubre que las armas de su enemigo las continúa financiando él). ¿Cuál es entonces la horrible noticia que viene añadida a la ya insufrible tragedia?

Pasa que el presupuesto de las AFP incluye al área de administración de las comisiones médicas, esto es, las “entidades encargadas de determinar la condición de invalidez total o parcial de los afiliados que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo” (definición de la Superintendencia de Pensiones que puede leer aquí).

Al respecto, en la Asamblea de Socios de la Asociación de AFP, es decir, donde concurren las AFP del sistema con sus máximos representantes, se informa que el 29% del presupuesto de esta área, que es una tarea de entre tantas de las AFP, es financiado por el IPS, esto es, el Instituto de Previsión Social, que “es un servicio público (que) desarrolla sus funciones bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Trabajo, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Este servicio tiene por objetivo la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados anteriormente por el ex INP”. Esto significa que, puestas las AFP a tener que evaluar mediante comisiones médicas los requerimientos de determinar la condición de invalidez de un trabajador, resulta que un tercio de ese gasto lo financia el Estado.

La síntesis entonces es simple. La Asociación de AFP es financiada por los cotizantes, por un lado, y por todos los ciudadanos, por el otro. Pero esa organización no defiende a quienes la financian sino que defiende a los empresarios que poseen las AFP e indirectamente a todas las empresas que entran en la repartición de inversiones. Y es que a algunos les parece muy obvio que hay que cuidar a los ricos. Pero no iremos muy lejos con el comentario. Solo requeriremos, de las autoridades, que fijen un estándar muy obvio: que los representantes de intereses empresariales, al menos, ejerzan esa tarea con el financiamiento de los interesados y no con el dinero de los perjudicados.