- ¡Para frenar la ofensiva franquista: Huelga general ya!
Las caras de funeral de los miembros del gobierno reflejaban elocuentemente la derrota política que ha significado esta decisión. También resultan muy significativas las expresiones de sorpresa, decepción e histeria nada disimulada de esos mismos medios de comunicación, periodistas, tertulianos y tertulianas que durante meses han convertido los programas de noticias y actualidad política en una sesión de odio contra el pueblo de Catalunya que se movilizaba de manera ejemplar, pacífica y masiva en defensa de su derecho a decidir el pasado 1 de Octubre.
Farsa judicial y campaña de mentiras
La histeria cavernícola de la derecha y extrema derecha española no es casualidad. La decisión de los jueces alemanes ha puesto el foco sobre algo que resulta evidente para cualquiera que conozca la realidad de lo que ha pasado en Catalunya y no esté cegado, o no quiera nublar de forma interesada la visión de otros, por las anteojeras del más rancio chovinismo españolista. Los argumentos utilizados por el fiscal general Maza, los jueces Llarena y Lamela, para llenar las cáceles de presos políticos parten de una burda falsificación. Como hemos denunciado una y otra vez desde Izquierda Revolucionaria, estamos ante una farsa judicial, una causa general contra el independentismo que por su zafiedad, violación de derechos democráticos fundamentales y tufo reaccionario e inquisitorial sólo puede ser comparada a aquellos juicios políticos que organizaba el Tribunal de Orden Público del franquismo contra aquellos que amenazaban su régimen dictatorial.
Han sido muchos los juristas que han afirmado que esta sentencia del tribunal alemán echa por tierra todo el procedimiento. Por citar a uno de ellos, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señala en La Vanguardia que sería “absurdo” juzgar a unos procesados por rebelión y a Puigdemont, no. Sostiene que en este proceso “hay nulidad de pleno derecho” y que la cuestión está “viciada” desde el principio porque la instrucción se ha hecho en base a un “delito imaginario” del juez Llarena. “No hay rebelión”, insiste. Considera que la euro orden que reactivó el magistrado Llarena el pasado 23 de marzo, es un “fraude de ley” y pronostica que la justicia europea le dará más varapalos al ser rechazada también en Escocia, Bélgica y Suiza. Lo que se ha hecho “es una barbaridad” porque “se han vulnerado derechos fundamentales de personas que no deberían haber pisado la cárcel”.
El 1 de Octubre, a pesar de las amenazas e intimidación del gobierno y de los porrazos, pelotas de goma, patadas y golpes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, más de 2.200.000 personas votaron a favor de la república en Catalunya. Fue el mayor ejercicio de participación democrática y rechazo contra el régimen monárquico reaccionario y corrupto del 78 que se ha producido desde el final de la dictadura franquista. La única violencia la pusieron el gobierno de Rajoy y los cuerpos represivos del estado español, que provocaron todo tipo de destrozos en los colegios donde el pueblo organizado velaba porque se garantizase su derecho a votar, dejando un saldo de más de 1.000 heridos.
El 3 de Octubre la clase obrera y la inmensa mayoría del pueblo de Catalunya llevó a cabo una de las huelgas generales más unánimes y masivas de las últimas décadas en protesta contra la represión sufrida el 1-O y en defensa de su derecho a decidir. Con estas movilizaciones, el pueblo de Catalunya manifestó que no quiere seguir sometido a un Estado y a una monarquía heredados directamente del franquismo, expresando al mismo tiempo su aspiración mayoritaria de avanzar hacia una república que sirva para resolver sus problemas y hacer realidad sus derechos democráticos.
Temerosos de que el ejemplo de dignidad y lucha del pueblo de Catalunya pudiera servir de ejemplo para la clase obrera y la juventud del resto del estado y de otros pueblos de Europa, la burguesía española y catalana organizaron una campaña de sabotaje económico (fuga de empresas), miedo, calumnias y mentiras intentando ocultar las verdaderas aspiraciones y el carácter liberador y revolucionario del movimiento a favor de la república catalana. Azuzaron el veneno del españolismo con el fin de intentar sembrar división entre la población. La derecha y la extrema derecha españolista, organizada en el PP y Cs, con el apoyo de la dirección del PSOE y de todos los grandes grupos mediáticos del país, han orquestado una campaña grotesca intentando convertir los argumentos fraudulentos de la Fiscalía General del Estado y los jueces Llarena y Lamela en una verdad incuestionable.
Fieles al principio del jefe nazi Goebbels de que una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad, catalogaron el referéndum democrático del 1-O y las manifestaciones pacíficas de masas del 20-S y 3-O como un “levantamiento violento”, merecedores de ser considerados delitos de sedición y rebelión. El juez Llarena comparó en uno de sus delirantes autos de procesamiento la manifestación espontánea del 20-S nada más y nada menos que con “un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”, y la votación del 1 de Octubre y la huelga general del 3 con …¡el golpe fascista que dio el teniente Coronel Tejero al mando de varios efectivos de la Guardia Civil pistola en mano el 23F de 1981!
Contra la represión, por una república catalana de los trabajadores y el pueblo. ¡Huelga general ya!
Como ha tenido que reconocer una de las principales aduladoras del régimen del 78, la periodista Victoria Prego, en su artículo de opinión del 6 de abril en El Independiente, la decisión de los jueces alemanes “va a debilitar indudablemente ante la opinión pública (…) la solidez de la argumentación jurídica del juez instructor del Supremo Pablo Llarena. El prestigio de nuestros jueces va a ser puesto en discusión con mayor intensidad aún de lo que ya lo era”. También señala que lo más preocupante de la decisión de los jueces alemanes es que anima a la juventud y el pueblo catalán, que han salido una y otra vez a la calle (las últimas el 23 y 25 de marzo contra el encarcelamiento de 5 dirigentes más del procés y del propio Puigdemont), a movilizarse aún con más fuerza y tomar las calles.
Este es el punto clave. La ofensiva franquista tan salvaje que estamos viviendo no tiene otro objetivo que intentar aplastar la voluntad mayoritaria y las aspiraciones democráticas del pueblo de Catalunya e intentar cerrar la crisis revolucionaria que abrió la impresionante victoria de la movilización contra la represión el 1 y 3-O.
Para millones de jóvenes y trabajadores de Catalunya (y también del resto del Estado) que estamos viendo como este gobierno y este régimen de corruptos y franquistas pisotea y aplasta derechos democráticos conquistados contra la dictadura, como la libertad de expresión o el derecho de huelga y de manifestación, el golpe político y psicológico que ha significado la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein para el PP y el bloque del 155, representa un motivo de celebración y un estímulo a continuar la lucha con más animo aún. Al mismo tiempo sería un gravísimo error pensar que significa que la ofensiva franquista contra los derechos democráticos, en Catalunya y en el resto del Estado, no va a seguir.
La feroz campaña de calumnias y criminalización contra los CDR, los procesamientos y enjuiciamientos en marcha contra militantes de la izquierda y los movimientos sociales, demuestra que han visto el enorme malestar social que existe (y que, además de en las movilizaciones por el derecho a decidir y por la república catalana, se ha expresado en la impresionante huelga feminista del 8M y las magníficas movilizaciones de los pensionistas) y quieren dar un escarmiento. En primer lugar al pueblo de Catalunya para que tenga un efecto disuasorio y desmovilizador sobre otros sectores que se planteen cambiar las cosas mediante la lucha. Pero el efecto que está teniendo el recrudecimiento de esta ofensiva es precisamente el contrario: aumentar aún más la indignación y la movilización.
La decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein demuestra que el giro hacia el autoritarismo del Estado y el gobierno español, preocupa también a sectores de la clase dominante europea. Muchos de ellos no quieren comprometerse abiertamente con una casta de políticos burgueses corruptos, y unos jueces, militares y altos funcionarios del Estado sacados del franquismo. Pero sería un grave error tener ilusiones en que los gobiernos y Estados capitalistas de la Unión Europea vayan a defender y garantizar los derechos democráticos del pueblo de Catalunya. Sólo recuperando la movilización en las calles, como ha planteado el Sindicat d’Estudiants con la convocatoria de huelga general de estudiantes del 26 de abril, mediante la movilización más unitaria y contundente de toda la población dentro y fuera de Catalunya, incluyendo la huelga general, será posible vencer la represión, defender los derechos democráticos y hacer realidad una república socialista catalana en beneficio del pueblo, sin recortes ni austeridad, basada en la justicia social.
